Almeida encadena anuncios verdes para superar los recelos de Bruselas sobre sus políticas medioambientales

El Ayuntamiento de Madrid ha empezado una carrera de fondo para llegar a Bruselas en febrero con los mejores avales para presentar su plan contra la contaminación. Desde hace varias semanas, el alcalde y su equipo encadenan anuncios –algunos con poco desarrollo– enmarcados en la estrategia Madrid 360, que sustituye al plan A de Calidad del Aire impulsado por el Gobierno de Manuela Carmena. La Comisión Europea ya se puso en alerta con España después de la suspensión de las multas en la zona de bajas emisiones, una de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo. 

El último es la puesta en marcha de dos líneas de autobuses cero emisiones gratuitas para todos los madrileños. El servicio estará activo a partir de 18 de febrero y cubrirá dos ejes de la ciudad: Moncloa-Atocha (oeste-este) y Argüelles-Puerta de Toledo (norte-sur). El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, presentará esta medida como su principal aval ante las instituciones comunitarias para validar sus políticas anticontaminación.

“Es la más simbólica y de mayor calado”, decía esta semana el regidor, que ponía en valor que “por primera vez en la ciudad habrá transporte público gratuito”. Esa es la gran novedad porque el recorrido de Argüelles a Puerta de Toledo ya lo hacía parcialmente otra línea, la M2 (creada en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón), que ahora se elimina. Fuentes municipales explican que la decisión se toma porque “coincide con parte del itinerario” que cubrirá la nueva línea cero. La ciudad de Madrid tiene 60 líneas de autobuses de la EMT y algunas organizaciones, como Ecologistas en Acción, consideran que no era necesario crear nuevas. 

“No somos contrarios a adoptar determinadas medidas de restricción del vehículo privado, pero garantizamos la accesibilidad. La anterior corporación solo adoptó medidas de restricción y no de fortalecimiento del transporte público”, justificó el regidor.

El Consistorio sabe que una de las principales medidas de Madrid 360, la apertura de la zona de bajas emisiones a más coches, es polémica y genera conflicto también dentro del propio Gobierno. Ciudadanos asegura que dará la batalla para evitar que los vehículos C –gasolina posteriores a 2006 y diésel desde 2014– con alta ocupación tengan libre acceso. Consciente del desencuentro y de las implicaciones de la decisión, el equipo municipal aparca el asunto para después del viaje y acudirá a Bruselas sin aclarar qué hará con Madrid Central.

Confirmar un recorte de las restricciones en la zona de bajas emisiones podría provocar un rechazo de las instituciones europeas al plan de Martínez-Almeida. El momento es crítico. Ya hay antecedentes de las reacciones de Bruselas ante los intentos de desmantelar Madrid Central porque la medida –y todo el plan que la contenía, el llamado Plan A de Manuela Carmena– sirvió para aplazar el proceso sancionador a España por rebasar los límites de contaminación legales. 

Tras la suspensión de las multas impulsada por el equipo de PP y Ciudadanos, la Comisión Europea reactivó el procedimiento y Bruselas envió el caso de España a los tribunales europeos. La moratoria, al final, fue suspendida por un juez una semana después por razones de salud pública. La alerta, también por la situación de Barcelona, ya se había creado y el Gobierno municipal quiere aterrizar en Bruselas con un plan sólido y convincente.

En el viaje tampoco acreditará ante la Comisión Europea, en principio,un impacto preciso de sus políticas. Los estudios de modelización para prever el comportamiento de los coches si se permite entrar a los vehículos C se empezarán a tramitar en febrero. Fuentes municipales confirman que la concesión del contrato público se iniciará en la primera quincena de febrero. Después los especialistas necesitarán al menos tres meses para hacer un informe preciso, según los expertos consultados. 

La Comisión Europea mantiene la vigilancia, además, porque España ha vuelto a incumplir la ley en 2019 por décimo año consecutivo debido a los altos índices de contaminación. Las cifras demuestran que Madrid Central no es suficiente para evitar rebasar los niveles máximos de tóxicos fijados por la UE, pese a que las restricciones al tráfico han rebajado, como nunca antes, los valores de dióxido de nitrógeno. 

El Gobierno municipal de PP y Ciudadanos también se ha partido a la hora de diseñar las subvenciones para la renovación de la flota de vehículos, que serán anunciadas próximamente. El PP ha defendido en los últimos meses incluir a los que tienen etiqueta C de la DGT en las convocatorias mientras la vicealcaldesa, Begoña Villacís, prefiere dejarlos fuera por ser contaminantes. 

Un parking y una zona “cero emisiones”

Con el debate más importante aún pendiente de resolver, los anuncios se han multiplicado en la previa al viaje para marcar la agenda medioambiental. Primero fue un aparcamiento de 1.000 plazas en las inmediaciones de El Retiro. El Ayuntamiento asegura que su intención es construir el parking para eliminar la banda de aparcamientos en superficie y ampliar las aceras, muy frecuentadas por las personas que visitan el parque. 

Más Madrid y PSOE han cuestionado la iniciativa por “esconder” los vehículos y aumentar, dicen, el número de plazas para coches. De momento, solo se ha puesto en marcha un anteproyecto para licitar después la concesión y empezar las obras en 2021.  

El alcalde y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, también presentaron la semana pasada la remodelación de la Puerta del Sol para hacerla peatonal definitivamente a principios de 2022. Se llevará a Bruselas como la primera zona de “cero emisiones” de la ciudad. 

El Ayuntamiento no empieza este proyecto de cero, sino que recupera, también como modo de acelerar los trámites, uno que nació en tiempos de Ana Botella pero nunca se ejecutó. El Gobierno de Manuela Carmena tampoco tomó el relevo porque, dicen, “no era prioritario”. El acto público para dar a conocer el proyecto se celebró sin conocer aún el presupuesto de la obra ni plazos claros de ejecución.