Carmena reorganiza el área de Economía del Ayuntamiento de Madrid tras el cese de Sánchez Mato
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid acordó la semana pasada modificar la organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda con varios cambios, entre los que destaca la creación de la figura del Coordinador General de Hacienda.
Estas modificaciones se producen tras el cese el pasado 19 de diciembre de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda, después de que se negara a apoyar el nuevo Plan Económico y Financiero (PEF) solicitado por el Ministerio de Hacienda para cumplir la regla de gasto impuesta por el Gobierno central.
Ahora, tras el nombramiento de Jorge García Castaño como nuevo delegado del Área, el Consistorio ha modificado la configuración del departamento realizada en octubre de 2015, poco después de la llegada de Ahora Madrid al Ejecutivo municipal, tal y como viene detallado en acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) del 2 de enero.
De esta forma, se introduce la figura de coordinador general de Hacienda, con la que ya cuentan otras áreas, que se convertirá en la 'mano derecha' de García Castaño en el control de las cuentas públicas locales. Sus competencias serán “coordinar, dirigir y supervisar la acción de las direcciones generales” dependientes de él.
Otras funciones específicas son estudiar y analizar la gestión económica municipal, estudiar y analizar los impactos de las políticas públicas desarrolladas por el Ayuntamiento, analizar aquellos expedientes administrativos que le sean encomendados por el delegado del Área o elaborar propuestas de modificación de disposiciones normativas de la Administración municipal y sus organismos públicos.
También tendrá que proponer programas de formación especializada en análisis políticas públicas en colaboración con centros u órganos de formación, desarrollar la comunicación y difusión de las actividades del Área de Gobierno y promover actuaciones y convenios de colaboración con otras administraciones públicas y con entidades públicas y privadas en las materias de la competencia del Área.
El coordinador general podrá autorizar y disponer de gastos, así como reconocer y liquidar obligaciones de los programas presupuestarias de los que sea responsable cuyo importe no supere los 120.000 euros y de los que sean responsables las Direcciones Generales entre 60.000 y 120.000 euros. También puede dejar sin efecto las autorizaciones de gasto derivadas de expedientes que hayan sido autorizados por la Junta de Gobierno.
La Coordinación General tendrá rango de Subdirección General y ejercerá las funciones que le atribuye la legislación. Su titular será un funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, será una personal con perfil técnico y especializada en Hacienda.
De este nuevo cargo, que todavía no ha sido nombrado, dependerá la Dirección General de Hacienda, la de Contratación y Servicios, Economía y Sector Público y Patrimonio. El Área se compondrá también de una Secretaría General Técnica, una Intervención General y el Organismo autonómo Agencia Tributaria Madrid.
Otros cambios
Otro cambio del acuerdo del 28 de diciembre es que la Subdirección General de Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas, que antes dependía de Intervención, ahora dependerá de la Dirección General del Patrimonio y, por ende, del coordinador general de Hacienda, han explicado las mismas fuentes.
La auditoría y restructuración de la deuda era una de las líneas de acción del programa electoral con el que Ahora Madrid se presentó a las elecciones. La candidatura ciudadana pretendía “llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda municipal bajo control técnico y social incidiendo sobre los sobrecostes de las obras públicas, contratos de mantenimiento, contratos de servicios (como servicios informáticos y otros), alquileres injustificados e intereses de la propia financiación”.
También reestructurar la deuda e implementar las medidas necesarias para la renegociación de los tipos de interés, “el alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización y los periodos de carencia, la implementación de moratorias, quitas selectivas y el establecimiento de responsabilidades políticas y penales”.
