Ciudadanos amenaza con tirar por tierra la ley del suelo del PP si no hay “consenso con varios grupos”
Ciudadanos hace tambalearse el proyecto estrella de la legislatura del PP. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha asegurado este viernes que solo dará su voto afirmativo al Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid propuesto por el Ejecutivo regional si hay “consenso”, resultado del “acuerdo de varios grupos”.
“Lo que no vamos a hacer es no escuchar la voz de gran parte de los madrileños”, ha defendido el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, en los pasillos de la Asamblea después de que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, les instará a dejar de “bloquear la normativa”.
Zafra ha recordado que los 'populares' han parcheado la Ley del Suelo actual “14 veces”, con iniciativas que podrían haber beneficiado a la “especulación urbanística”. “Tienen esa costumbre cuando tienen mayoría absoluta, hacer lo que les da la gana, sin pensar en el beneficio de los madrileños”, ha lanzado.
El proyecto de ley, una de las banderas de la legislatura de Cifuentes, empezó su tramitación parlamentaria gracias al respaldo de Ciudadanos. PSOE y Podemos trataron de enmendarlo a la totalidad sin éxito. En la ponencia, según fuentes parlamentarias, PP y Ciudadanos “han votado juntos muchos artículos”, entre ellos el que concierne al polémico sobre la protección de los suelos después de incendios forestales. Sin embargo, la posición actual del grupo liderado por Ignacio Aguado en Madrid es un sí condicionado al “consenso” con más grupos de la cámara.
Los de Aguado han hecho un llamamiento explícito a los socialistas para negociar. Zafra ha argumentado que la norma es “suficientemente importante y vital para los madrileños” para que tenga como mínimo el respaldo de la mitad de la Cámara regional. Para el portavoz adjunto, el PP quiere seguir trabajando como ha hecho en años anteriores: “a base de rodillo”.
En este sentido, Zafra ha recalcado que no han llegado a las instituciones para “hacer el mismo tipo de política que ha hecho el PP en los últimos años”. “Es suficientemente importante y afecta a millones de personas como para que empecemos a trabajar todos juntos por algo que dure muchos años y no se cambie en beneficio de unos pocos”, ha defendido.
PSOE y Podemos, inamovibles
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Gómez Montoya ha reiterado que su formación está “en contra” del proyecto de ley y ha afeado que tanto PP como Ciudadanos se estén oponiendo “por sistema” a las enmiendas que está presentando la izquierda en la ponencia.
Para el socialista, se trata de una ley “injusta, insolidaria y que no beneficia a la mayoría de los vecinos” de la Comunidad y que, desde luego, “no es del consenso de entidades, ciudadanos ni de organizaciones sindicales”. “No le gusta nadie”, ha asegurado.
Asimismo, ha hecho hincapié en que la Ley del Suelo entraría en vigor la nueva Legislatura cuando se cuente con “un Gobierno nuevo”. Según Gómez Montoya, tienen prisa porque están llegando al final y “algún acuerdo habrá allí que a lo mejor no quieren contar”. Pero, para el PSOE la iniciativa tiene que ser “clara” y debe contar con “consenso absoluto”.
Entre las cuestiones a las que se oponen está “la falta de protección a especial, la reducción al máximo de las cesiones a los municipios para que se construya vivienda social y porque en ningún caso se habla de regeneración urbana”. “No podemos seguir extendiendo la Comunidad ”más y más“, ha dicho.
Desde Podemos, el diputado Alejandro Sánchez (Equo) ha insistido en que dicha iniciativa nació “sin ningún consenso”. “Cuando traes en minoría un proyecto tan ambicioso sin acordar con el resto de grupos, sin planteamiento de diálogo social es cuando surgen las polémicas, debates y contradicciones”, ha manifestado.
Así, ha remarcado que se trata de una normativa “peor” que la vigente, que “no regula, que profundiza en la liberación del uso para cualquier tipo de uso”. Para el parlamentario lo que hay que hacer es “proteger el suelo que queda libre y el que está urbanizado hay que ordenarlo correctamente”. A su parecer, la culpa la tiene le propio Gobierno que ha puesto sobre la mesa una iniciativa “sin diálogo previo”.