Madrid cierra sin multas los expedientes a 167 colegios concertados por cobros irregulares a las familias
El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a los 167 expedientes abiertos a centros concertados de la región tras detectar irregularidades en el cobro a las familias. En todos los casos las indagaciones de la inspección tenían que ver con la gestión de las actividades extraescolares y, en todos los casos, se han cerrado porque los centros “han acreditado que han subsanado estos problemas”, aseguran fuentes de la Consejería de Educación a eldiario.es.
La intervención de la inspección se produjo tras comprobarse que los centros no informaban a las familias de que las actividades eran voluntarias y no lucrativas, no reflejaban adecuadamente en la información que se remitía a la Administración la existencia de estas actividades, las ofrecían en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluían conceptos erróneos como servicios complementarios.
Estas actuaciones fueron confirmadas por la exviceconsejera de Organización Escolar María José-Patrón, destituida por el presidente Ángel Garrido cuando tomó posesión de su cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Y, según fuentes de la Consejería de Educación, ya no se producen tras el toque de atención de la administración. Los colegios se enfrentaban a multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que habrían dejado de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a “otros gastos”: entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo.
La oposición considera que el Gobierno ha cerrado el asunto sin entrar en el fondo de la cuestión: “Las cuotas voluntarias generales que son, en realidad, obligatorias”. “Eso no se ha arreglado y es vox populi”, sentencia la portavoz de Educación de Podemos, Beatriz Galiana. La patronal de la escuela concertada ha reconocido en varias ocasiones, también a eldiario.es, la existencia de estas cuotas con la justificación de que el dinero público que reciben las entidades por cada plaza –los módulos fijados por el Ministerio de Educación– es insuficiente para prestar el servicio.
Todas estas irregularidades, también las detectadas por la inspección, contravienen el articulado de la Lomce, que marca que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos”. Una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016 establece las sanciones en caso de incumplimiento.
Una medida “cosmética” para los sindicatos
El Ejecutivo ha dado por zanjado el asunto y no incluirá esta supervisión de las actividades extraescolares en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de este curso. Al menos así consta en el borrador, según informa Comisiones Obreras a eldiario.es. El plan correspondiente al curso pasado incluía una referencia explícita a estas actuaciones de “supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos”, para continuarlas y completarlas, un punto que según el sindicato la Consejería ya ha informado que va a eliminar.
“Es evidente que esta medida de supervisión ha sido meramente cosmética, habida cuenta, además, que el Plan General de Actuación de la Inspección del curso actual, según el conocimiento que tenemos de su borrador, ha suprimido tal actuación”, explica la secretaria general de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín.
190 aulas concertadas nuevas este curso
El Gobierno de Ángel Garrido ha iniciado una campaña para reforzar la “libertad de elección” de las familias como respuesta a lo que, asegura el PP, es un ataque del Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez a este modelo educativo. Si Madrid era 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares– que dedicaba más presupuesto público a este modelo educativo (943 millones de euros, uno de cada cinco euros del gasto total), la cifra ha escalado en cuatro años hasta los 1.028 millones (9% más) con la apertura de 190 aulas para este curso, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. Todas, justifican fuentes de este departamento, se ubican en centros que ya tienen concierto educativo y son “para dar respuesta al crecimiento vegetativo”.
Durante el verano, Garrido se reunió con los representantes de la escuela concertada en un encuentro que se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para estos centros y la financiación a cargo de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Además, ha prometido, si continúa como presidente de la Comunidad de Madrid (y para eso primero tiene que ser candidato, algo que no está decidido en el PP), subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios de Bachillerato en centros privados que no tengan concierto a 3.000 alumnos y alumnas. Ocho de millones de euros para este proyecto piloto, muy mal recibido por PSOE y Podemos y los defensores de la escuela pública.
