La noticia llegó en forma de correo electrónico: contratos suspendidos. Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid supieron así que, con el cese de la actividad lectiva, no iban a teletrabajar sino que se iban al paro. La orden la firmó el consejero de Educación, Enrique Ossorio, el martes por la noche y afecta, además de a las docentes de guarderías, a todos los servicios privatizados que trabajan en los colegios: comedores escolares, transporte, intérpretes...
La crisis del coronavirus ha colocado a la Comunidad de Madrid y a su modelo privatizado de escuelas infantiles frente al espejo. El servicio, como cualquier otra contrata, ha dejado de recibir dinero público para sostenerse con la suspensión de las clases porque, a juicio del Gobierno regional, “depende de la presencia de los alumnos”. Pero las educadoras, mayoritariamente mujeres, se rebelan ante este razonamiento. “Somos de la red pública y por eso planteamos que se nos dé el mismo tratamiento que al resto de niveles. Tenemos mucho trabajo que hacer: elaborar proyectos, informes de los niños y niñas... No estamos diciendo que nos paguen sin trabajar”, se queja Blanca Azanza, presidenta de la asociación Ameigi, que agrupa a un centenar de escuelas infantiles de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid. Las trabajadoras con las que se ha puesto en contacto eldiario.es insisten en que las partidas para las escuelas están ya aprobadas en los presupuestos.
La red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se ha construido sobre la externalización. Apenas 20 de casi 300 escuelas públicas que hay en la región funcionan con trabajadoras propias de la administración, según datos aportados por Ameigi. Comisiones Obreras aumenta la cifra a 350 y eleva el número de afectadas a unas 8.000 trabajadoras.
La Consejería de Educación no facilita el volumen de empleadas en esta situación. “Desconocemos ese dato ya que la Comunidad de Madrid no mantiene ninguna relación contractual con los trabajadores que prestan estos servicios”. Un portavoz argumenta que el contrato de Educación es con empresas intermediarias y, por tanto, no les corresponde lo que hagan esas compañías con su plantilla.
“Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de estos trabajadores indirectos de la red pública”, advierte Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho Laboral de la Universidad Carlos III de Madrid. “Si fueran trabajadores propios ocurriría igual que con los empleados públicos. Aquí el riesgo lo asume una empresa externa”, añade.
Dentro de las empresas concesionarias hay variedad: muchas son grandes compañías de servicios (como Clece), con una amplia facturación, pero otras -la menor parte- son cooperativas de educadoras que aseguran que no tienen medios para pagar los sueldos de sus trabajadoras si se corta la financiación durante dos semanas. “Hay bastantes empresas grandes y quedamos pocas cooperativas de maestras. Nosotras también nos vamos al paro. Somos unas profes que su día decidimos apostar por esto con muchas dificultades”, dice Aurora, que prefiere no dar su nombre real para no ser señalada. “Tenemos unas condiciones malas, nos prorrogan la gestión año a año desde 2015. Es como un martirio chino”, justifica.
Según el testimonio de varias empresas contactadas por eldiario.es, la fórmula a la que van a recurrir es el Expediente Temporal de Regulación de Empleo que supone la suspensión de la relación laboral pero no la extinción y se puede hacer por varias vías: bien por la suspensión del contrato y el paso a la situación de desempleo; o bien con reducción de jornadas o con periodos de actividad e inactividad“, explica Muñoz. Cuando se levanta la suspensión, las empleadas no tienen que firmar un nuevo contrato. Aunque el ERTE, advierte la experta en Derecho Laboral, ”puede derivar en despido si la situación se complica“.
Las educadores, dicen, se sienten “machacadas” por el grado de responsabilidad de su trabajo y por los bajos salarios. “Somos el sector peor pagado. No nos cuidan. No les importamos. Nos sentimos vulnerables y por mucho que pataleemos no nos van a oír. Llevamos muchos años penando para trabajar de manera digna y no nos dejan”, lamenta Azaza. La mayoría percibe salarios de poco más de 1.000 euros. “Es un ninguneo a la educación 0-3, como siempre. Consideran que solo hacemos lo asistencial y no tenemos docencia”, se queja Diana, docente de la escuela Patas Arribas, de Rivas-Vaciamadrid, que pone sobre la mesa “los gastos de los centros” que las empresas deberán seguir pagando con la suspensión: mantenimiento, luz, agua, seguros...
En Madrid, además, hay brecha de condiciones entre las educadoras que trabajan para la Comunidad y las que lo hacen para el Ayuntamiento. Los pliegos de la administración local obligan a las empresas a procurar salarios más altos e instauran la pareja educativa. Esto es, que haya dos docentes por aula toda la jornada.
Dudas en el Ayuntamiento
La gestión de la crisis del coronavirus revela también decisiones políticas desiguales para solucionar un mismo problema con gobiernos de idéntico color político. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido también por PP y Ciudadanos, tiene una red propia de escuelas infantiles, desgajadas de la red regional durante el mandato de Manuela Carmena y por este motivo con otras condiciones mejores para las trabajadoras. Igual que en la Comunidad, está sostenida a base empresas. Solo hay dos guarderías gestionadas directamente por el Gobierno municipal. Las demás, unas 60, viven con incertidumbre desde el martes porque no han recibido ninguna comunicación oficial sobre qué va a ocurrir con sus contratos.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba este jueves que el Gobierno iba a “arbitrar todos los medios para que los empleados de las empresas concesionarias no vean mermados sus derechos laborales ni retributivos”. Sin embargo, el mismo día un centro de educación infantil del distrito de Chamberí recibía una comunicación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, para informar del cese temporal de la contratación. El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social afirma que está “trabajando en una disposición que evite suspensiones y modificaciones de contratos” y que sea igual para todos los distritos. Las educadoras se preguntan, a la vista de lo sucedido de momento, si cada zona de Madrid actuará como un reino de taifas pese a estar bajo el mismo Gobierno.
Iria es educadora en una escuela infantil del Ayuntamiento de Madrid. “Somos siempre el último eslabón y la última mierda. Sin nosotras no hay conciliación familiar. No limpiamos solo culos y mocos. Nos exigen programar pero eso no se ve y parece que solo atendemos necesidades fisiológicas”. Espera que las palabras del alcalde sean un compromiso “que se ponga por escrito”.
EduGest, una de las concesionarias del Ayuntamiento, señala en conversación con eldiario.es que “no tienen ninguna confirmación oficial” por parte del Consistorio sobre lo que va a pasar con la relación laboral en estos días de cierre de las escuelas.
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