La empresa encargada de 'medicalizar' las residencias de Madrid tuvo a una médica sin contrato realizando traslados

Una médica hondureña estuvo trabajando para la empresa Transamed —la empresa encargada de 'medicalizar' las residencias de Madrid— sin contrato, llegando a supervisar entre los meses de julio y diciembre del año pasado más de una decena de traslados intercomunitarios del servicio de ambulancias de la sanidad pública madrileña (SUMMA), a pesar de que esta compañía no es la adjudicataria del servicio.

No es la primera vez que esta empresa cuenta con facultativos extranjeros sin darles de alta en la Seguridad Social, cuando participó en la fallida 'medicalización' de las residencias durante las semanas más duras de la pandemia, también tuvo a tres sanitarios venezolanos desarrollando su labor en los centros de mayores sin un contrato firmado, como publicó elDiario.es.

Como sucedió con los médicos venezolanos que participaron en la Operación Bicho, el gestor de Transamed, Eduardo Aragonés, dejó constancia en un audio enviado en octubre del año pasado a través de WhatsApp de la situación laboral en la que la sanitaria hondureña estaba desarrollando su labor. “No comentes lo de que no tienes contrato a nadie, por mucho que te pregunten”, expone el empresario.

La sanitaria realizaba servicios variados en la compañía, formaba parte del equipo sanitario en eventos culturales o deportivos, pero también era “la médica encargada de supervisar” traslados que el SUMMA —el servicio de ambulancias de la sanidad pública autonómica madrileña— subcontrataba para llevar a hospitales de la región a pacientes empadronados en Madrid que habían enfermado en otra comunidad autónoma, siempre según su relato y la documentación a la que ha accedido elDiario.es. Esta profesional de nacionalidad hondureña viajaba en la ambulancia “vigilando” y, en caso de que fuera necesario, “atendiendo” al paciente, de acuerdo a su testimonio y el de un compañero que coincidió con ella en varios viajes. 

Este viernes las contrataciones realizadas por Aragonés durante la fallida 'medicalización' de las residencias llegan a la Comisión de investigación abierta en el parlamento autonómico sobre la gestión de las residencias durante la Covid-19. Sus empresas, Transamed y GTM, encargadas del traslado de ambulancias, participaron en la Operación Bicho. Esta intervención fue bautizada de esta manera por Encarnación Burgueño, la persona escogida por la Consejería de Sanidad para desarrollar una atención sanitaria en las residencias en los días más duros de la pandemia, a pesar de que esta mujer no tenía experiencia en gestionar centros de mayores. Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19, reconoció en la última sesión de la Comisión de investigación que la gestión “fue caótica”. El proyecto acabó decayendo el 6 de abril, solo doce días después de que comenzase a funcionar.

En el intento de 'medicalización' de los centros de mayores, Aragonés se encargó de poner las ambulancias y el personal. La documentación y los testimonios recabados en junio por elDiario.es describieron varias irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. En su momento, el empresario aseguró que no hizo contrato a tres de sus sanitarios porque durante el estado de alarma “no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada”, una afirmación que llegó a desmentir la Seguridad Social. Sin embargo, este gestor ha tenido al menos a otra sanitaria extranjera trabajando sin contrato meses antes de que irrumpiese la pandemia, según la documentación revisada por elDiario.es.

Esta profesional estuvo realizando labores para Aragonés entre julio y diciembre de 2019. La doctora a las órdenes de Transamed cuenta que se marchó de la empresa porque el empresario no abonó lo pactado, esta situación le llevó a presentar en junio un acto de conciliación en el que le ha pedido más de 6.000 euros, según la información aportada. Por su parte, Aragonés se limita a asegurar que “no conoce” a esta mujer, a pesar de las acciones judiciales que la sanitaria ha iniciado contra él, la documentación aportada y de que tres extrabajadores de Transamed confirman que coincidieron con ella en la empresa.

El empresario de las ambulancias ha dejado constancia de la denuncia de la trabajadora en las extensas conversaciones mantenidas en WhatsApp con esta mujer. “Van a investigar los contratos y todo eso. ¿Sabes? Es un poco complicado. No comentes lo de que no tienes contrato a nadie, por mucho que te pregunten. ¿Vale? Cuando hable con mi asesora, a ver cómo lo solucionamos”, llega a exponerle el empresario en un audio enviado ante la insistencia que le plantea la sanitaria para que le ingrese lo pactado. Según indica en la conversación a la que ha accedido elDiario.es, él realiza estas declaraciones después de que otro empleado le amenazase con llevarlo a los tribunales. 

Transferencias, mensajes y documento sellado

A pesar de estos comentarios, el empresario asegura que esta mujer “ha podido conseguir los audios” con su “voz en cualquier lado”. Aunque el gestor especializado en el ámbito de la salud asegure que no la conoce, y más allá de las declaraciones de tres excompañeros, la sanitaria también aporta resguardos de transferencias emitidas por Transamed Servicios Médicos SL —alguna de ellas con el concepto nómina en el envío— y un documento con el formato de contrato de trabajo temporal, en el que figuran los datos de Aragonés, una firma y un sello de su empresa, y los datos de la sanitaria hondureña. Esta mujer asegura que esos papeles “no se formalizaron”. 

La extensa conversación de WhatsApp, consultada por esta redacción, entre esta trabajadora y el empresario está plagada de mensajes en los que Aragonés deja constancia de que esta mujer ha estado trabajando para él sin contrato, con la promesa de ofrecerle un precontrato y con problemas para cobrar a tiempo. “Jefe yo no tendré ningún problema por lo que no tengo contrato? Con esto del accidente”, le plantea la sanitaria en octubre del año pasado, después de tener un pequeño incidente con la ambulancia. La sanitaria también aporta un mail recibido tres días después de que Aragonés le enviase el audio reproducido por esta redacción, en el que una asesora le plantea que su NIE no le “permite trabajar en España” y que solo lo podría hacer “como becaria”. El asunto del correo era claro: “Contrato Transames” (sic).

Entre esos mensajes también hay más de una decena de informes de traslados del SUMMA para desplazar a Madrid a pacientes que han enfermado en otras comunidades autónomas. “Yo trabajaba como médica. Por ejemplo, si había que ir a Zaragoza a traer a un paciente que pertenecía a la Comunidad de Madrid, iba en la ambulancia y al regreso estaba pendiente de que el paciente viniese estable”, explica la sanitaria. 

Los encargos se realizaban a través de WhatsApp. “Tengo un traslado para ti”, “tengo un traslado cerquita” o “mañana tengo un viaje” son algunos de los mensajes enviados por Aragonés a esta sanitaria. Entre la documentación consultada hay propuestas de desplazamientos al hospital de Navalmoral de la Mata, al de Santiago de Compostela, al de Mérida, a Burela o a Zamora. Si ella aceptaba el trabajo, el gestor de ambulancias le facilitaba varios documentos en pdf con la historia clínica del paciente al que iban a recoger. La primera página de estos ficheros, identificada como “solicitud de transporte sanitario para traslados intercomunitarios”, está encabezada por los logos de Salud Madrid, Comunidad de Madrid y Summa 112. 

A pesar de los informes consultados por esta redacción con el logo del SUMMA y enviados desde el móvil del gestor de Transamed a al menos tres extrabajadores de la compañía, Aragonés asegura que su empresa “no ha trabajado con el SUMMA directamente”. Sobre los documentos sanitarios, indica que “son confidenciales y se ha vulnerado la ley de datos”. 

En la conversación que mantuvo con la sanitaria hondureña figuran también los problemas que tuvo esta mujer para cobrar a tiempo. Ante la desesperación de la trabajadora, le llega a plantear a su jefe que si tiene problemas para hacer una transferencia, su pareja puede acercarse para recoger el dinero a Ávila, municipio en el que residía Aragonés. “No puedo hacer transacciones bancarias a tu cuenta por si denuncia [otro trabajador]”, le plantea a través del servicio de mensajería instantánea. Seis horas después cambia de opinión y asegura que le hace un pequeño ingreso, coincidiendo con la urgencia de realizar un nuevo traslado. 

Se marchó en enero

La situación laboral de esta profesional no mejoró y finalmente, en enero, optó por plantarse. Tras contarle a Aragonés que estaba “desesperada” porque necesitaba enviar a su familia dinero y ver que él respondía con largas; ella le amenazó con denunciarle. Ante ese último comentario, el empresario pasó al ataque: “No tienes permiso de trabajo”. “No has gestionado el precontrato que te hemos echo (sic). Por lo cual si decides ir por lo legal adelante; nosotros procederemos a lo mismo”, añadió, según las conversaciones de WhatsApp a las que ha accedido esta redacción.

Fuentes legales consultadas por elDiario.es recuerdan que dar de alta en la Seguridad Social y suscribir un contrato es “siempre” una obligación del empleador. Esta fue la idea que la médica hondureña le transmitió en la conversación a Aragonés. “Te equivocas, el contrato de trabajo eres tú quien tienes que tramitarlo”, apuntó. “Te di los medios; no los gestionaste; es tu problema”, añadió el gestor. 

No es la primera vez que este empresario deja constancia a través de WhatsApp de irregularidades laborales. A los médicos venezolanos que trabajaron en la fallida ‘medicalización’ de las residencias les amenazó a través de una nota de voz cuando se quejaron porque estaba incumpliendo las condiciones pactadas. “Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena”, les planteó en un audio publicado por esta redacción.

Los traslados del SUMMA no están adjudicados a Transamed

El servicio de traslados intercomunitarios del SUMMA no está adjudicado a Transamed. Según explicaron fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad en julio a esta redacción, este servicio estaba concedido a la UTE Ambunova Servicios SA y Acciona Health Care Services SL. En ese momento, desde el SUMMA no supieron explicar por qué la empresa de Aragonés realizó estos viajes. 

Por su parte, fuentes próximas a esa unión de empresas apuntaron que coincidiendo con los trayectos que Aragonés propuso a la sanitaria hondureña, entre los meses de junio y octubre de 2019, subcontrataron a la empresa Ambulancias Marina para realizar este servicio debido a la “carga asistencial” que tenían. Estas mismas fuentes aseguran que los “pliegos permiten” realizar esta actuación. Por su parte, la Consejería de Sanidad difiere y una portavoz destaca que las normas pactadas no contemplan esta posibilidad.

Antiguos trabajadores de la empresa de Aragonés explican a esta redacción que Transamed y Ambulancias Marina colaboran profesionalmente. Desde ninguna de las dos empresas aclaran por qué Aragonés ha gestionados traslados intercomunitarios. ElDiario.es ha contactado con tres extrabajadores más que aseguran que han participado en estos traslados. Dos de ellos, médicos también, muestran informes con el logo del SUMMA. 

Sentencia en contra por impago

La situación laboral de la sanitaria hondureña llegó a un acto de conciliación el 18 de junio. En esas fechas esta mujer reclamó 6.127 euros a Aragonés y a las empresas Transamed y Grupo Transamed Marina. Según consta en el acta, emitido por la sección de mediación, arbitraje y conciliación de la Delegación Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León, las compañías demandadas no se presentaron. La trabajadora asegura que han seguido adelante con esta reclamación ya en sede judicial, elDiario.es no ha podido comprobar este extremo. 

Este no sería el único asunto judicializado contra Transamed Servicios Médicos SL por impago. El pasado 25 de febrero el juzgado de lo social número 3 de Talavera de la Reina condenó a la empresa, “con la intervención de Fogasa”, a abonar la cantidad de 897 euros a un camillero que estuvo trabajando para esta compañía entre julio de 2018 y marzo de 2019, la cantidad reclamada era correspondiente a la “nómina de febrero de 2019” que le adeudaba la compañía.

elDiario.es ha tratado de contactar con las empresas responsables de la UTE encargada de la gestión de los traslados intercomunitarios del SUMMA, sin haber recibido respuesta por el momento.