La Fiscalía denuncia a siete cargos de Metro de Madrid por las muertes por amianto de sus trabajadores
La Fiscalía denuncia a siete cargos de Metro de Madrid, responsables de salud y prevención de riesgos laborales, por las muertes del amianto de sus trabajadores. El Ministerio Público acusa a los jefes del suburbano de cometer tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. A partir de ahora es la justicia quien tomará las riendas del caso y decidirá si investiga la responsabilidad penal de la compañía en lo sucedido y si imputa a los acusados.
El fallecimiento de dos empleados y la enfermedad de otros dos es, según la Fiscalía, “la materialización de la situación de riesgo creada por la empresa y los denunciados”. La investigación llevada a cabo por la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía Provincial de Madrid constata que Metro de Madrid S.A “ha expuesto a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amiento en lugares y equipos y que los trabajadores realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso”.
La denuncia señala a siete cargos, de los cuales dos ya están jubilados, vinculados por las áreas de Prevención y Salud Laboral. Un responsable de Mantenimiento de Material Móvil, que ya no está en el cargo pero sí en Metro de Madrid, también está acusado por ser la persona que en última instancia ordenaba a los trabajadores soldar, soplar y manipular las piezas con amianto sin la protección adecuada.
Son: F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009 –ambos ya jubilados–; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadora de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad; J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; y J. O., que perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.
Entre los acusados no hay ningún responsable político de Metro de Madrid. Comisiones Obreras considera, en este sentido, que la denuncia “se queda corta” al no incluir a los consejeros delegados de la compañía que eran la “máxima autoridad” en la empresa y que también “han ocultado la exposición al amianto”. El sindicato tiene previsto personarse como acusación particular en el caso, según confirman fuentes de CCOO a este medio.
El Ministerio Público considera a los siete cargos señalados responsables de la falta de política preventiva porque infringieron de manera “grave” las normas de prevención de riesgos laborales y provocaron, según la denuncia, una “situación de riesgo” para la plantilla expuesta. “Tampoco procuraron formación en prevención de riesgos ni información, ni les entregaron los equipos de protección individual preceptivos para manipular el amianto con seguridad”, añade la denuncia.
¿Cuántos trabajadores fueron expuestos sin protección? La Fiscalía calcula que al menos 900 empleados han realizado trabajos con exposición al amianto de manera continuada hasta 2017, aunque también apunta que el “número” es “indeterminado”.
La Fiscalía también pone de relieve la “desprotección absoluta” y el “desprecio intolerable” a la seguridad de los empleados. El Ministerio Público asegura que “no alcanza a comprender” como habiéndose adoptado unas medidas de seguridad entre 2003 a 2006 -como la sustitución de piezas con amianto o su encapsulado- sin embargo, desde tal fecha se permitió que los operarios continuaran realizando trabajos de mantenimiento sobre piezas que contenían amianto hasta 2017.
Metro de Madrid no tomará ninguna decisión de momento sobre los responsables acusados y avanza que no lo hará hasta que no haya una “sentencia firme”. Para eso, antes el juzgado tiene que admitir la denuncia a trámite, investigar, imputar a quien considere, convocar un juicio y emitir un fallo. Fuentes del suburbano aseguran que la compañía “respeta las decisiones de la justicia y colaborará con ella”.
