La Fiscalía ve “irregularidades” pero no delito en la venta de viviendas sociales a un fondo buitre
La Fiscalía de Madrid pide archivar la investigación judicial sobre la venta de casi 3.000 viviendas sociales del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs-Azora durante el mandato de Ignacio González porque no ve delito en la operación impulsada por el PP en 2013, pese a que hace un año pidió en un informe centrar la investigación en los tipos penales que ahora descarta. La Sección de Delitos Económicos entiende que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos”, pero sí admite “irregularidades” en el proceso.
Según el escrito del Ministerio Público, estas “irregularidades” se producen en el marco de una “legislación permisiva” que es “el origen del conflicto” y “cuya solución requeriría reformas legislativas”. “En el curso del análisis se comprobó igualmente que las irregularidades tuvieron lugar en el marco de una legislación que permite la venta de promociones públicas a ”…personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones“, afirma.
La Fiscalía descarta la vía penal pero anima a los afectados a recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo: “Se detecta que los legítimos derechos de los afectados pueden ser salvaguardados por la jurisdicción contencioso-administrativa”. Los juzgados han resuelto en los últimos meses cuatro recursos presentados por afectados por esta vía.
En dos de ellos, la justicia admite que la operación no se ajustó a derecho porque se saltó pasos y anula las resoluciones que permitieron la venta de las 32 promociones. Ambas han sido recurridas por la Comunidad de Madrid, de manera que el asunto volverá a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ya negó el derecho a los inquilinos a recurso. Los expertos, con estos mimbres, consideran que el caso alcanzará de nuevo el Supremo, que ya corrigió a este tribunal anterior en la escala jerárquica al reconocer el derecho de los inquilinos a recurrir la venta por tener sobre ellos “consecuencias directas”.
Hace un año, el Ministerio Público emitía un informe incorporado a la investigación por la vía penal –iniciada por una querella presentada por una asociación de afectados y el PSOE– que constataba que la operación estaba “trufada de irregularidades”. Aquel informe, impregnado de un criterio que dista del del último escrito, pedía que la instrucción se centrara en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y señalaba como máximos responsables a los directores del Instituto de la Vivienda de Madrid en esa época, Ana Gomendio y Juan Van-Halen.
Ambos excargos llevan más de dos años imputados en una causa que permanece abierta en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid. Él dijo ante al juez que había seguido las órdenes de la Consejería de Vivienda mientras ella aseguró que “no sabía nada” porque el proceso de licitación ya había sido iniciado por su predecesor, Van-Halen.
