Tres inquilinos de la casa fotografiada por Robert Capa en Vallecas reciben notificaciones de desahucio

Tres inquilinos de Peironcely, 10, la casa que Robert Capa fotografió tras ser bombardeada en la Guerra Civil, han recibido notificaciones de desahucio mientras se espera la votación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento para convertir el inmueble en un museo dedicado a la interpretación de los bombardeos aéreos en Madrid. La decisión de crear ese espacio conlleva la expropiación de la vivienda y el realojo de 14 familias que viven allí en condiciones de insalubridad. Aunque el plan para hacerlo fue aprobado hace un año, los plazos para llevarlo a cabo se comenzarán a definir este miércoles en una reunión en la que participarán todas las partes.

La fecha de los desalojos aún no está fijada porque el proceso está en fase de mediación. El propietario del inmueble, Luis Santiago Barrena, ha enviado esos comunicados porque considera que “la expropiación se está alargando”, según explica. “Si se lo va a quedar el Ayuntamiento que se lo quede cuanto antes”, reclama y recuerda que su idea inicial era demoler la casa fotografiada por Capa (seudónimo de Endre Friedmann). “Estábamos de acuerdo en tirarlas porque no reúnen las condiciones de habitabilidad, pero no nos dejaron”, afirma.

Barrena fue instado, tras un informe de Madrid Salud, a mejorar las condiciones de las infraviviendas de Peironcely. Pero el empresario opina que “no tiene sentido” que le exijan a él las reformas. “Muchos [inquilinos] no estaban pagando, otros no pagan los suministros. Algún derecho tendré”, se queja Barrena por teléfono. El empresario defiende que “el Ayuntamiento o la Cruz Roja deberían dar una solución” porque él es un particular.

Las familias que viven en el conjunto de Vallecas, 21 adultos y 16 niños, son personas que pagan entre 350 y 400 euros de alquiler al mes por casas de entre 20 y 28 metros cuadrados que están comidas por la humedad e invadidas por ratas y cucarachas en verano, según cuentan los vecinos. Mihaela Gherghe, inquilina de 44 años, traslada la sensación de las otras personas que habitan allí abrigada con chaqueta en el interior de una de las casas: “Es una pesadilla sin fin”.

La mujer, que es la única que acepta ser identificada porque su casa pertenece a otro propietario, vive con su marido y sus dos hijos de dos y cuatro años en una vivienda de 24 metros cuadrados. Calienta la vivienda con un radiador que no da abasto, tiene goteras encima de la cama y moho en las paredes, pero asegura que “hay vecinos más afectados”.

Gherghe cuenta que cuando llegaron las notificaciones, a finales del año pasado, “cada uno lloraba en una esquina”. En ese momento, llegaron también dos avisos de cese de contrato: uno para diciembre -cuya inquilina aún vive en la casa- y otro para abril. A su lado, una de las vecinas afectadas añade: “No estamos aquí porque lo queramos, si pudiéramos nos hubiésemos ido hace rato, pero no tenemos la posibilidad económica de mudarnos”.

“No entendemos que a las puertas de la expropiación se ponga en riesgo la posibilidad de acceder a una vivienda digna de toda esta comunidad”, señala José María Uría, coordinador de la plataforma SalvaPeioncely10, que impulsa la Fundación Anastasio de Gracia. Tras la propuesta del Ayuntamiento, la Comunidad aprobó en diciembre que el edificio sea incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos. Por ley, si se produce la expropiación los vecinos deben ser realojados, pero si los desahucian, quedarían en la calle. Uría apela a la “solidaridad” del propietario, que anteriormente dio marcha atrás con el desahucio de otra inquilina.

“Nosotros esperamos que todas las partes se vean y encontremos una solución para no poner en riesgo a 14 familias”, señala Uría sobre la reunión que mantendrá este miércoles con el dueño mayoritario de la casa fotografiada por Capa, el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes (Ciudadanos), y la concejal socialista Mar Espinar, que fue quien llevó el proyecto para recuperar el espacio al Pleno. “Vamos con espíritu de diálogo, pero no vamos a permitir que los perjudicados sean los vecinos. Ellos no se quedarán en la calle, haremos lo que haya que hacer”, zanja Uría.

Espinar también critica que “a estas alturas del proyecto” el propietario envíe notificaciones de desahucio y de cese del contrato. La concejala expresa por teléfono que espera que tras la reunión se detalle un calendario y se garantice que los vecinos “continúen en las casas” y lo hagan “de manera digna” hasta que se produzca la expropiación. “Hay que ver si el Ayuntamiento está dispuesto a comenzar ya este realojo o no”, incide. Fuentes del área de Desarrollo Urbano se han explicado que la reunión será “una primera toma de contacto para empezar a resolver el expediente de expropiación”, pero no han dado más detalles ni valorado los inminentes desahucios.