Uno de los funcionarios que alertó de la trama del 1% revela ante el juez de Púnica su funcionamiento

La Audiencia Nacional ha encontrado una nueva pista en la trama del 1% a partir de una información desvelada por eldiario.es. El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, está interrogando a varios testigos sobre ese sistema que presuntamente usó el PP de Madrid para financiarse. El magistrado sospecha que durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González –actualmente imputados– esta cláusula del 1%, que se incluyó en las adjudicaciones de obra pública, sirvió para desviar dinero que acabó pagando la campañas electorales del PP o en el bolsillo de algunos políticos.

Tal y como publicó eldiario.es el pasado 23 de septiembre, funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación. A principios de 2013, estos trabajadores públicos enviaron dos cartas denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula desapareció de los contratos.

Uno de los firmantes de esas cartas en las que se alertaba sobre la supuesta malversación fue Enrique López Álvarez, presidente de la Junta de Personal, una suerte de comité de empresa del funcionariado. López Álvarez fue llamado a declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) días después de la información desvelada por este diario. El pasado lunes, López amplió su declaración ante el juez García Castellón, que le había citado como testigo, como ha adelantado El País.

Según ha podido saber eldiario.es de fuentes judiciales, López ratificó este lunes ante el magistrado las sospechas que entonces tenían los directores de obra, que manifestaron ante la Junta de Personal su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, pues comprobaron que algunas de esas campañas de publicidad no se estaban realizando. También porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles permiso por esos gastos.

En el escrito remitido a la dirección política de la Consejería de Transportes, la Junta de Personal manifestó que “este tipo de prácticas” chocaban “de manera frontal” con el “buen hacer, con atención a las leyes y sus reglamentos” de su trabajo y solicitaron –además de la reunión con el consejero– el listado de las empresas publicitarias elegidas a dedo por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González el importe total destinado a este objeto y los criterios de contratación que se habían seguido para su elección.

“La falta de control nos parece sumamente grave; en primer lugar porque no se puede exigir este pago de manera directa y, aparentemente, sin mediar ningún tipo de gestión por parte de los adjudicatarios, y en segundo lugar porque se atenta contra la libertad de mercado. Dichas prácticas se vienen llevando a cabo, al menos, desde el 2009 hasta la actualidad”, detalla otro de los escritos.

El juez García Castellón preguntó al testigo durante su declaración si el consejero Pablo Cavero llegó a reunirse con los trabajadores, algo que como Enriquez López Álvarez confirmó, nunca sucedió. El encuentro tras la alerta de los funcionarios se produjo con el viceconsejero Borja Carabante, actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, que recibió con gritos a los denunciantes, según publicó este periódico y ratificó López ante el juez. El funcionario recordó al magistrado, sin embargo, que no pudo asistir a la reunión con Carabante por un problema personal. López sí mantuvo un encuentro posterior para tratar de nuevo este tema con Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la Consejería, como declaró este lunes en la Audiencia Nacional. No hubo preguntas sobre la posible implicación de Esperanza Aguirre.

El encuentro con Carabante se produjo el 22 de abril de 2013, según confirmaron a este periódico cuatro de los asistentes. Los trabajadores públicos expusieron de nuevo sus dudas por el cobro del 1% que llevaba produciéndose durante años. Por parte del Gobierno regional también estuvieron Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la Consejería, y Eva García Camaño, subdirectora de personal (cargo que continúa ostentando).

En todo tipo de contratos

La cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid, que obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a publicidad, se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos incluso para publicitar meros trámites administrativos. Lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos.

Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos hacia el Partido Popular. Fueron los Gobiernos de Aguirre primero y después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación cobrarían ese porcentaje de la contratación pública.

Varias adjudicaciones de diferentes consejerías están siendo fiscalizadas, entre ellas Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de estos supuestos contratos de “publicidad simulada” por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se encontraba todavía en una fase preliminar hace apenas unas semanas. “Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes”, recoge el último auto judicial del pasado 2 de septiembre, el mismo día que fueron imputadas las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.