En su carrera para bajar todo tipo impuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han acabado chocando. La disputa es por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que el Consistorio cobra a los propietarios de edificios o locales en la ciudad, incluidas las administraciones públicas. La Comunidad reclama dejar de abonar 17,2 millones de euros al Ayuntamiento, la factura anual que generan los hospitales y las nuevas sedes judiciales a su cargo.
¿Cómo lo razona el Gobierno de Díaz Ayuso? Alega que si la administración que preside Almeida le perdonase esas cantidades, la Comunidad podría “mejorar los servicios públicos” como la sanidad. La petición llega solo unos días después de presentar unos Presupuestos donde el Gobierno regional aplica una rebaja de más de 300 millones de euros en el tramo autonómico del IRPF que beneficia sobre todo a las rentas más altas. La respuesta del Ayuntamiento ha sido un no rotundo que sigue la misma línea argumental: explica que sin recaudar esos fondos “se pondría en riesgo las arcas municipales”. La pelea es por 17 millones: el presupuesto regional es de 22.000 millones y el municipal más de 5.000.
La disputa se inició el pasado 18 de noviembre. La Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid pide desde ese día al Gobierno municipal que le condone el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los centros sanitarios de titularidad pública y le bonifique además el 95% de este mismo impuesto de las sedes judiciales de nueva construcción ahora que va a recuperar el proyecto de la Ciudad de la Justicia. De esta forma, alega el Gobierno de Ayuso, se podrá contribuir “a la mejora de Madrid de un servicio público como el de la sanidad”.
La misiva enviada entre las alegaciones a la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid, y a la que ha tenido acceso elDiario.es –que la reproduce más adelante–, la firma el consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López. En ella se pide al Gobierno municipal que le perdone un total de 17,2 millones de euros con los que el Gobierno de Ayuso se compromete a sufragar servicios públicos. Dos semanas antes, el Ejecutivo regional aprobaba en Consejo de Gobierno una rebaja del tramo autonómico del IRPF para 2022 que mermará la recaudación regional en 334 millones de euros, según sus propios cálculos, y que salió adelante este jueves en la Asamblea de Madrid gracias al apoyo de Vox.
La Covid como excusa
El consejero de Ayuso cifra el IBI de los hospitales de titularidad pública en 15 millones de euros y se explica: “La declaración de la exención permite liberar recursos para sufragar gastos directamente vinculados con la asistencia sanitaria y por tanto coadyuvar a la mejora de un servicio público como el de la sanidad que reviste un carácter esencial para los ciudadanos y cuya promoción, conforme al artículo 43 de nuestra Constitución, compete a todos los poderes públicos”. En la misiva, Enrique López hace además hincapié en la situación sanitaria provocada por la Covid-19 y se compromete a que todos los recursos detraídos de los impuestos municipales se destinarán a esta finalidad: “Resulta indispensable asignar de manera preferente los recursos de todas las administraciones públicas a los gastos destinados a sufragar la asistencia sanitaria y de manera especial todos aquellos destinados a combatir la referida enfermedad”.
En cuanto a las sedes judiciales de nueva construcción en la ciudad de Madrid, para las que el consejero de Presidencia y Justicia demanda la bonificación del 95% del IBI, la Consejería cifra el importe a condonar en otros 2,25 millones de euros. López hace alusión al proyecto de la Ciudad de la Justicia –que proyectó Esperanza Aguirre en Valdebebas y que Ayuso ha rescatado– y defiende que “concentrar la actividad y ubicarla en un desarrollo urbano como Valdebebas supondrá además una clara contribución para la revitalización y el crecimiento de esta nueva zona estratégica de Madrid” algo que “redundará en una mejora en la calidad de la prestación” para los usuarios del servicio.
Finalmente, el consejero asegura que otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ya han declarado la exención del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles para los centros sanitarios de titularidad pública, como son el caso de Villaviciosa de Odón, Collado Villalba, Alcobendas, Bustarviejo o Villanueva del Pardillo. El Ayuntamiento de Madrid se lo niega.
No es la primera vez que la Comunidad lo reclama, según fuentes del Ejecutivo regional. Y no es la primera vez que el Ayuntamiento le dice que no. Desde la Consejería de Presidencia aseguran a elDiario.es que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ya pidió previamente la exención de IBI a hospitales “algo previsto en la ley de haciendas locales”. “Entonces no prosperó”, añaden. “Nosotros consideramos que también puede haber bonificación en las judiciales ya que son infraestructuras de interés general”. “Lo hacemos tratando de beneficiar las arcas regionales”, aseguran estas fuentes.
“Pondría en serio riesgo las arcas municipales”
Ambas peticiones han sido rechazadas por el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción. En su respuesta, el Gobierno municipal asegura que el procedimiento de alegaciones utilizado por el Gobierno regional no es el adecuado y por tanto “no cabe entrar en el análisis de fondo de la misma”. No obstante, asegura, “se va a dar respuesta a las alegaciones formuladas a título meramente informativo”. A continuación la explicación.
El Gobierno de Almeida asegura que acometer una reforma que incluya una exención en el IBI de los hospitales de titularidad pública y una reducción del 95% en la cuota de la que será la futura Ciudad de la Justicia “pondrían en serio riesgo las arcas municipales” y lo justifica con la rebaja del IBI generalizado aprobada en la ordenanza fiscal que debe aprobarse próximamente en el Pleno municipal. Esta bajada de impuestos a todas las rentas por igual mermará la recaudación del consistorio en 60 millones de euros.
El área de Hacienda que dirige Engracia Hidalgo en el Ayuntamiento defiende que esta bajada de los tributos sobre bienes inmuebles “intenta contribuir a paliar la crisis económica en la que nos encontramos” para los madrileños por lo que no puede atender a la petición. Se trata de una bajada generalizada que no distingue entre rentas. “Por tanto, se ha querido en este momento de especial dificultad poner todos los esfuerzos en medidas que favorezcan a la generalidad de los madrileños, en es te caso, reduciendo el tipo de gravamen general, aplicable a todos los bienes inmuebles de uso residencial y a la mayoría de los bienes inmuebles de usos distintos de los residenciales”.
El concejal de Más Madrid Miguel Montejo recuerda que la propia delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha reconocido en diferentes comparecencias de presupuestos “la extrema incertidumbre” del año 2022, “a pesar de lo cuál no ha dudado en aminorar los ingresos vía IBI en 60 millones de euros”. “Para luego reconocer que los 17 millones que pretendía la Comunidad en exenciones de edificios públicos pondría en peligro la estabilidad de las arcas municipales”, lamenta el edil de Más Madrid.
Lasquetty: “Con la rebaja del IRPF vamos a recaudar más”
Montejo asegura sobre estas misivas que “conocer estos detalles de cómo resuelve la cuadratura de las cuentas municipales y autonómicas demuestra la inconsistencia, ausente de cualquier sentido de Estado, del Partido Popular”. “Las cuentas municipal y autonómica de Madrid no cuadran y por ello buscan apoyarse irresponsablemente en otras Administraciones, bien en la municipal, bien en el Estado”, señala Montejo, que recuerda así cómo desde los gobiernos de Ayuso y Almeida han reclamado más fondos al Gobierno central mientras rebajan impuestos.
La teoría del PP siguiendo a algunos de los gurús neoliberales defiende que una rebaja de impuestos hace crecer la economía y como consecuencia dispara la recaudación. “Con la rebaja del IRPF vamos a recaudar más”, ha repetido a lo largo de este mes el consejero de Hacienda de Ayuso para defender su rebaja de impuestos en una región que es la más rica pero la que menos invierte en Sanidad y Educación de todo el país. Parte de la llamada teoría de la curva de Laffer, que ha hecho fortuna en el pensamiento neocon. En las cartas entre Comunidad y Ayuntamiento ambas administraciones reconocen que tras sus rebajas de impuestos aprobadas recientemente están en peligro los servicios públicos o “en riesgo” las arcas municipales. Ello no impide seguir adelante con sus planes.
“El populismo fiscal, demonizando el pago de impuestos y favoreciendo apenas al 1% de la población más privilegiada en detrimento de los servicios y recursos públicos de todas y todos, es resuelto con mensajes ideológicos de economía mágica, donde reducir impuestos a los ultra ricos favorece la economía de todos, algo que se ha demostrado falso a lo largo de los últimos 50 años, y que al final se traduce en pedirle a otra Administración cubrir sus pérdidas”, lamenta Montejo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este lunes que el hecho de no acceder a eximir del IBI a la Comunidad de Madrid para los hospitales y sedes judiciales “no significa” que las dos administraciones “estén enfrentadas a costa del IBI”, “sino que es una alegación que todos los años presenta la CAM a los presupuestos del ayuntamiento”, pidiendo que no se tenga que pagar este impuesto en los servicios sanitarios y las sedes judiciales.
“Nosotros como ya hemos dicho, tenemos que garantizar un principio de suficiencia tributaria y lo que va a ser la rebaja del IBI este año nos parece mucho más razonable que esté en los bolsillos de los madrileños y sean ellos los mas beneficiados en estos momento (de esta rebaja) con la situación económica y social que tenemos en la ciudad de Madrid”.
Tras pelearse Ayuso y Almeida con el Gobierno central reclamando autonomía para bajar más y más los impuestos, ha llegado el momento en que ambos dirigentes del PP han chocado entre ellos. Ahora por los impuestos.