La Comunidad de Madrid ha llevado a los tribunales su guerra contra la medida del Ayuntamiento de la capital que restringirá el tráfico más contaminante en el centro de la ciudad. El presidente autonómico, Ángel Garrido, detallaba este miércoles en una rueda de prensa monográfica los dos recursos con los que su administración pretende parar la puesta en marcha de Madrid Central que entrará en vigor el 30 de noviembre, si la justicia no lo impide. Uno de ellos ya lo ha presentado y el otro lo interpondrá a lo largo de esta semana.
Ante lo que el Gobierno de Manuela Carmena considera un “ataque” a su autonomía local y una “irresponsabilidad” del PP, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, viaja este jueves a Bruselas para intentar que la Comisión Europea se posicione a favor de una medida que ha permitido que España se libre de una sanción de cientos de millones por los altos niveles de contaminación en la ciudad.
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rumanía y Hungría sí van a ser llevados ante los jueces continentales por la Comisión Europea. Los ministros de Medio Ambiente de los países con graves problemas de polución fueron convocados por la Comisión a finales de enero. El Ejecutivo comunitario los conminó a tomar acciones efectivas para rebajar la contaminación en sus puntos negros. Los planes de España han bastado, de momento, para convencer a la CE, según informó el organismo en mayo.
La Comisión Europea dio entonces un año de plazo a España para acometer las medidas a las que se había comprometido para reducir los altos niveles de polución o volverá a ser un país sancionable. Entre esas medidas está Madrid Central. De ahí que la estrategia del Gobierno de Ahora Madrid pase por ir este este jueves a Bruselas a pedir amparo. Junto a Inés Sabanés viaja también Alejandro Sánchez, diputado de EQUO en la Asamblea de Madrid.
Ambos participarán en la Comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara para defender su petición de que las Unión Europea “se implique para garantizar el cumplimiento en Madrid de las normativas europeas sobre calidad del aire que la Comunidad y el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento han incumplido desde 2010”, explican fuentes municipales a eldiario.es. Posteriormente Sabanés y Sánchez se reunirán con el director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, para abordar esta misma cuestión. También la ONG Ecologistas en Acción viajará a Bruselas a la espera de poder participar en la Comisión de Peticiones.
A menos de diez días para su entrada en vigor, el Gobierno municipal se enfrenta a que Madrid Central, su medida estrella para frenar la contaminación y mejorar la movilidad, sea paralizada por la justicia. Dos recursos, uno de la Comunidad de Madrid y otro del PP en el Ayuntamiento, solicitan medidas cautelares para evitar su puesta en marcha el 30 de noviembre, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva sobre el fondo del asunto. Los recursos solicitan la anulación de la Ordenanza municipal de Movilidad que comenzó a funcionar el 24 de octubre y en la que se enmarca Madrid Central. Según publica Europa Press, el TSJM tiene previsto estudiar los recursos de la Comunidad y del PP los días 28 y 29 de noviembre.
El segundo recurso de la Comunidad de Madrid lo presentará a lo largo de esta semana, ha asegurado el presidente regional en su rueda de prensa. Éste irá contra el decreto aprobado en la Junta de Gobierno extraordinaria del Ayuntamiento del pasado 29 de noviembre en la que se fijaba su puesta en marcha para el último día de noviembre. “El PP de Madrid va a estar al lado de la Comunidad en todas las medidas y acciones legales que emprenda en contra”, aseguraba este miércoles la secretaria de Comunicación de los populares, Isabel Díaz Ayuso.
Competencias autonómicas, según la Comunidad
De un amago de tregua a la guerra total en los tribunales. La Comunidad de Madrid pasó de aparentar una voluntad de diálogo con el Ayuntamiento de Madrid sobre Madrid Central a recurrirlo ante la justicia. Y hay otra ofensiva abierta contra las políticas anticontaminación de Carmena por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Garrido también ha puesto el ojo en el nuevo protocolo contra los picos de polución del Ayuntamiento que entró en vigor el pasado 8 de octubre y que endurece las medidas ante altos episodios de polución.
A través de una carta firmada por el presidente y remitida el 29 de octubre a la alcaldesa, la Comunidad de Madrid daba un plazo de un mes al Ayuntamiento para anular el protocolo. De lo contrario, el Gobierno regional amenaza con acudir también a los tribunales para pararlo.
Las tensiones a cuenta de Madrid Central ha dejado en punto muerto la comisión técnica urgente que acordó el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid para abordar las necesidades de transporte público una vez la medida empezara a funcionar, teniendo en cuenta además que comienza el periodo navideño.
El enfrentamiento político entre la Comunidad de Madrid mantiene a la capital en la incertidumbre sobre cómo se compensarán con transporte público esas restricciones a los vehículos. A solo diez días de la implantación del proyecto del Ayuntamiento, las dos administraciones no se han vuelto a sentarse para abordar la movilidad en la ciudad en este nuevo escenario.
La Comunidad de Madrid argumenta en su recurso contra Madrid Central que afecta a competencias autonómicas en materia de transporte público y que el proyecto no ha estado sometido a información pública y audiencia correctamente. Para la administración autonómica, la medida afectará a otros municipios de Madrid sin que se hayan planificado los servicios desde el Consorcio regional de Transportes. La Comunidad critica que el ayuntamiento solo haya previsto un incremento en los autobuses urbanos, de competencia municipal, ya que asegura que la mayoría de desplazamientos se producen desde fuera de Madrid ciudad.
El Gobierno de Ahora Madrid asegura que “la única competencia” de la Comunidad es “la planificación del transporte público” y “no la quieren ejercer”. El Partido Popular ha convertido desde el primer momento las medidas anticontaminación de Carmena en un frente de batalla contra su Gobierno. La portavoz del PP en la nueva dirección regional, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo de Ahora Madrid hace unas semanas de ir “contra la libertad de movilidad de los madrileños.