El Gobierno recurre en los tribunales las trabas de Ayuso contra la ley educativa

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en contra de las trabas que la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está poniendo en la implementación de la ley educativa LOMLOE aprobada por el Congreso en diciembre de 2020. En concreto, el recurso se centra en los requisitos que el Gobierno regional ha fijado para la promoción de curso y la obtención del título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, que endurecen la norma estatal, algo que para la administración central vulnera la ley, ha adelantado El País y confirmado elDiario.es.

La LOMLOE no establece ninguna mayoría cualificada del profesorado para la obtención de estos títulos y la promoción de los cursos en caso de materias suspendidas, sino que deja en manos del profesorado esta decisión. Para ESO, no hay límite de suspensos, mientras que para Bachiller puede pasarse al segundo curso con dos materias suspensas, si así lo decide el profesorado, y se puede obtener el titulo con una suspendida.

La Comunidad de Madrid ha decidido endurecer esos requisitos fijando un mínimo de acuerdo por parte de dos tercios del profesorado para que el alumno pueda promocionar de curso con alguna asignatura suspensa y obtener el título en el caso de la ESO y una mayoría de cuatro quintos para el título de Bachiller. Para el Ministerio de Educación esto puede contravenir la normativa estatal por lo que requirió explicaciones al Gobierno regional que no fueron contestadas.

“Cuando la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de desarrollo de la ESO y Bachillerato, la Alta Inspección, que actúa siempre de oficio cada vez que se aprueba una norma legal en cualquier comunidad autónoma, advirtió que había dos aspectos en los decretos que podían contravenir la Lomloe”, explica el Miniaterio de Educación a preguntas de elDiario.es .

“Los servicios jurídicos del ministerio lo valoraron, llegaron a la conclusión de que evaden la ley, se les envió un requerimiento como corresponde. Ellos no respondieron (respondieron formalmente, pero no entraban en la cuestión, no hubo negociación) y vencido el plazo se fue al contencioso administrativo. Ellos tienen que presentar sus argumentaciones ahora y los tribunales determinarán si contraviene la normativa básica o ellos tienen razón”, añaden.

Recurso del Gobierno de Ayuso

Pero la batalla judicial a escasos meses de las elecciones por la ley educativa es en las dos direcciones. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, anunció hace unas semanas el recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central en el marco de la nueva Ley educativa estatal (LOMLOE), al considerar que tiene “una falta de contenidos o saberes esenciales y también una elevada carga ideológica en el texto” por utilizar términos como “sostenibilidad” o “igualdad de género”, según defendió el vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.

Ossorio explicó que en ese momento se presentó el escrito especificando la disposición impugnada y, una vez recibido, el Supremo le pidió al Ministerio de Educación “el expediente de tramitación” de todo el decreto. Este se trasladó a la Comunidad de Madrid, que lo estudió con detenimiento, y este mismo lunes presentó el recurso como tal ante el Alto Tribunal.

Dicho recurso está motivado por “la ausencia de contenidos básicos, así como en la elevada ideología incluida por el Gobierno de España en la redacción de la normativa”. Por ejemplo, según han señalado desde el Ejecutivo madrileño, “algunos términos en asignaturas con las que no guardan ninguna relación se repiten de manera numerosa, como sostenibilidad (130 veces), perspectiva o igualdad de género (54 veces)”.

Como recoge el informe en el que la Comunidad de Madrid ha basado su recurso, “el abordaje de estos temas resulta complejo y debe hacerse con la mayor seriedad y rigor, pues no parece prudente vincular, por ejemplo, la validez matemática con el consumo responsable, ni exigirles a los docentes de las distintas especialidades que deban enfrentarse a ello sin tener los conocimientos requeridos”.