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Guerra entre conductores de la EMT y Almeida: contrataciones que se anuncian a la prensa, una privatización y huelga

Pancarta durante la protesta de los trabajadores de la EMT en el Ayuntamiento de Madrid en octubre.

Sofía Pérez Mendoza

El conflicto de los trabajadores de los autobuses de la ciudad de Madrid (Empresa Municipal de Transportes) con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ya es una guerra abierta y desembocará, a partir de este viernes, en paros y una huelga de 24 horas en el arranque de la Cumbre del Clima, un evento internacional que traerá a más de 25.000 personas a la capital.

En apenas seis meses, la relación entre el Consistorio y la plantilla de la EMT, formada por más de 9.000 trabajadores (5.500 conductores), ha quedado resquebrajada tras siete años sin paros. El origen del conflicto se sitúa a finales de verano: el Ayuntamiento de Manuela Carmena tenía pactada la contratación de varias decenas de conductores que no se habían incorporado a los autobuses. El retraso estaba provocando que entre 50 y 60 turnos no se cubrieran con el consecuente empeoramiento del servicio, según los sindicatos. Las reclamaciones de los usuarios en septiembre se habían disparado un 37% respecto a 2018.

El Ayuntamiento de Madrid se negó a negociar las demandas de los trabajadores desde el primer momento y siempre dijo que se trataba de una “huelga política”. La asamblea de empleados respaldó la convocatoria de los paros, que empiezan este viernes, tres días antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Después, el Consistorio empezó a ceder pero sin sentarse a la mesa con el comité de empresa: confirmó que en enero se incorporarían 90 nuevos conductores y también que para 2020 hay presupuestados otros 250 puestos de trabajo. La primera hornada no llegará para los refuerzos de Navidad porque están haciendo los cursos de formación necesarios para ponerse al frente de un autobús con pasajeros.

Según los sindicatos, ninguna de estas decisiones fueron comunicadas a los trabajadores, que aseguran que se enteraron por la prensa de estas noticias y admiten que esa falta de comunicación con la representación legal de la plantilla ha tensado más la cuerda. Los comités también aseguran que el número de contrataciones llega tarde y es menor que el previsto: entre septiembre y diciembre debían haber entrado 310 nuevos empleados, según su versión.

El Ayuntamiento dice, sin embargo, que se va a incorporar a 45 personas más de las previstas. “No hay causas objetivas y justificadas que lleven a esta huelga”, dijo la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, este jueves.

Más allá de la guerra de cifras, hubo un acontecimiento que hizo estallar la relación entre el Ayuntamiento y los trabajadores de la EMT: la privatización de Naviluz, el servicio de autobús que enseña a los ciudadanos en un paseo las luces de Navidad de la ciudad. Hasta el año pasado lo prestaba directamente la EMT con sus propios autobuses. Es un negocio jugoso porque cada año agota las entradas. En 2018, los beneficios directos para el Consistorio sobrepasaron los 100.000 euros, según fuentes de la anterior corporación municipal.

Pero el área de Medio Ambiente y Movilidad ha puesto el servicio ahora en manos de la empresa que gestiona los autobuses turísticos de la ciudad: City Tour, a quien se le ha concedido la prestación sin concurso echando mano de un artículo del contrato de adjudicación. El área de Medio Ambiente y Movilidad justifica que los buses de la EMT reservados para Naviluz, de dos plantas, contaminan mucho y comprar nuevos tendría un coste muy elevado.

“Era algo que veíamos venir porque los autobuses no se estaban preparando. No se habían revisado en mantenimiento, ni se había hecho formación a los conductores como otros años. Pero nunca nos lo comunicaron”, explica Jesús Fraile, portavoz del comité de empresa de la EMT, que considera que con esta decisión el Consistorio ha “echado leña al fuego”.

A ese enfrentamiento se suma otro factor: el Ayuntamiento de Madrid está estudiando revertir la remunicipalización del servicio de bicicletas municipales BiciMad ante el rechazo de los trabajadores, que consideran que está funcionando. El Consistorio que dirigía Manuela Carmena compró el contrato a la concesionaria que gestionaba el servicio por 10 millones de euros cuando la empresa estaba prácticamente en quiebra y logró reducir las cuantiosas pérdidas. Los trabajadores también manifestaron el miedo a que el Ayuntamiento privatizara completamente la empresa municipal, pero este extremo lo ha desmentido el propio alcalde.

Los refuerzos de Navidad, en el aire

Los paros en los autobuses madrileños están programados para las horas puntas de la mañana y la tarde del 22, 25, 27 y 29 de noviembre, aunque la asamblea de trabajadoras ratificó este miércoles que podrían extenderse a varias semanas en diciembre. El día 3 de diciembre será la huelga de 24 horas, un día después del arranque de la Cumbre del Clima. Este evento exigirá del refuerzo de las líneas de autobús que confluyen en Ifema, donde se celebrará el encuentro internacional.

La autoridad laboral ha impuesto unos servicios mínimos del 40% en las líneas coincidentes con Metro de Madrid y un 50% en las que no recorren trayectos similares a los subterráneos, aunque la EMT pretendía que fueran de hasta el 70% según el comité de empresa.

Además, el Ayuntamiento aún tiene por delante programar el servicio para las semanas de navidad, que generan siempre un aumento de la demanda por las compras y el turismo. Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad aseguran que tienen efectivos suficientes para prestar el refuerzo. “No faltan conductores”, reiteran.

Los trabajadores insisten en que quieren sentarse a negociar con la gerencia de la EMT para “calendarizar” las contrataciones. “El problema es que no nos fiamos. Dijeron que no iban a privatizar ningún servicio. Si verdaderamente tienen la voluntad de hacer esos 250 contratos más los 90 de ahora lo que queremos es sentarnos y calendarizar la entrada de esa plantilla”, asegura Fraile. Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad aseguran que son las “empresas y no los sindicatos” las que organizan las incorporaciones. El conflicto continúa.

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