Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio S.A.: un reguero de escándalos en el sector privado

La Agencia Tributaria en un documento oficial sostiene que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, trató de defraudar al fisco a través de facturas falsas que giró su pareja la también portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monaterio, por “trabajos simulados”. En total 169.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de un edificio familiar en el corazon de la capital que se vendió a un vehículo de inversión por 25 millones de euros. Por el último escándalo del clan familiar ya nadie ha pedido la dimisión a ninguno de los dos cargos políticos. El fraude que le atribuye Hacienda es solo una más de las desventuras empresariales de Espinosa de los Monteros y Monasterio, un largo historial que incluye embargos de sueldos, condenas por impagos e irregularidades urbanísticas en la residencia de lujo donde ambos residen. Hubo un tiempo en que el resto de partidos exigían dimisiones por esos comportamientos tan alejados de la ejemplaridad que se presume a un servidor público.

El listado de irregularidades en el desempeño profesional de la pareja es interminable: condenas por no pagar parte de las obras de su chalé de cinco plantas, expedientes de clausura de esa vivienda, embargo del sueldo de diputado, falsificación de firmas en expedientes son algunas de las informaciones que ha ido desvelando elDiario.es los últimos años sobre los negocios de la pareja de diputados de extrema derecha.

Esta redacción destapó este martes también que Hacienda acusa al matrimonio de declarar un trabajo “simulado” por valor de 169.400 euros mediante una “factura falsa” para defraudar impuestos a través de una sociedad que no tiene personal. La Agencia Tributaria también ha descubierto un segundo fraude del diputado Espinosa de los Monteros por “simular” que dos de sus sociedades, también sin trabajadores en nómina, vendieron un edificio de lujo.

La respuesta de ambos dirigentes tras conocerse estos hechos ha sido la misma que otras veces: acusar a elDiario.es de mentir, amenazar al medio con una querella, insultar, para acabar admitiendo que toda la información es cierta. Cuatro actos en una misma declaración, una actuación que han repetido tanto Espinosa de los Monteros como Monasterio cada vez que esta redacción ha destapado sus irregularidades. “No me extraña nada que un panfletillo como este tipo de elDiario nos ataque; está bien que nos ataquen porque quiere decir que nos tienen miedo”, dijo la líder de Vox en Madrid este miércoles a los medios, en un intento de contradecir a Hacienda pero reconocía al mismo tiempo la veracidad de la información publicada por este medio: que Espinosa de los Monteros tuvo que pagar a Hacienda 268.676,79 euros, más 24.704,78 en intereses de demora, después de que la Agencia Tributaria determinase que había tratado de defraudar al fisco en un pleito que todavía dirime la Justicia. 

Este es solo uno más de los numerosos escándalos que acompañan a los dirigentes de Vox de su paso por el sector privado y los negocios inmobiliarios. La líder del partido en Madrid Rocío Monasterio fue condenada recientemente por la obra “ilegal”, según determinó la Justicia, que realizó en el 'loft' del presentador Arturo Valls. La Audiencia Provincial de Madrid en segunda instancia consideró entonces que la líder de Vox en Madrid realizó los trabajos en 2005 siendo “consciente de su ilegalidad”. La sentencia confirmaba una condena anterior dictada en 2021 por un juzgado de primera instancia.

Embargo del sueldo de diputado

Hace poco más de un año, la Justicia ordenó el embargo del sueldo como diputado de Iván Espinosa de los Monteros, como desveló esta redacción. El juzgado de primera instancia número 36 de Madrid dio la orden después de que el portavoz de Vox en el Congreso no hubiera pagado la deuda contraída con el constructor que hizo las obras de su lujosa vivienda familiar, un chalé de cinco plantas y piscina en un barrio residencial en el distrito de Chamartín, al norte de Madrid. Espinosa de los Monteros debía pagar después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena por esta deuda: un total de 63.183 euros, más las costas judiciales y los intereses por la demora en el pago. Cuatro meses después de la resolución del Alto Tribunal, el dirigente de extrema derecha seguía sin pagar. Espinosa de los Monteros saldó la deuda después de que elDiario.es desvelara que sobre su nómina de diputado en el Congreso, donde a menudo impartía lecciones de ejemplaridad al Gobierno y al resto de partidos, recaía una orden de embargo. 

También entonces el diputado de Vox volvió a asegurar que elDiario.es mentía. Incluso amenazó, como lo ha hecho esta semana, con querellarse por esta información, a pesar de que esta redacción hizo pública la resolución judicial donde se daba orden de embargar su sueldo. Espinosa de los Monteros aireó su intención de denunciar en la prensa, pero su querella nunca llegó a los tribunales.

Detrás de esa sentencia por dejar de pagar parte de las obras de su vivienda, hay otra irregularidad más. En un primer momento, la condena fue para una empresa de la que el dirigente de Vox era único accionista y con la que gestionó la reforma de su mansión. Para eludir el pago de la deuda, Espinosa de los Monteros declaró en concurso de acreedores la sociedad. Entonces, la empresa perjudicada decidió demandar directamente al portavoz de Vox, argumentando que él era el responsable de esa deuda al ser el propietario real de esa vivienda. La justicia condenó a pagar entonces al político ultraconservador. El fallo fue ratificado después por el Tribunal Supremo.

La (casi) clausura de su casa

A estos casos hay que sumar otras irregularidades. La más clamorosa obligó al matrimonio Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros a afrontar en septiembre de 2019 la clausura y precinto de la mansión familiar en la que residían ilegalmente desde 2014, la misma por la que habían dejado de pagar al constructor. El chalé carecía de la licencia de primera ocupación obligatoria para poder residir en él y tampoco tenía la licencia de funcionamiento, necesaria para desempeñar allí actividades económicas: Rocío Monasterio trasladó allí la la sede de su empresa.

Los dirigentes de la formación de extrema derecha levantaron un chalé mucho más grande de lo permitido en la licencia y añadieron otros elementos nuevos que no estaban en el proyecto inicial, que realizó la propia Monasterio. La diputada regional de Vox y Espinosa de los Monteros evitaron in extremis la clausura de su chalé presentando un nuevo proyecto. En 2021, tras varios años viviendo ilegalmente, el Ayuntamiento legalizó el chalé después de que el matrimonio acometiera varias obras para acomodarse a lo que estaba en los permisos.

Firmas irregulares

En marzo de 2020, elDiario.es desveló nuevas negligencias llevadas a cabo por el estudio de arquitectura de Monasterio. La empresa de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid suplantó la identidad de una de sus clientas y falsificó su firma en documentos que luego se registraron en el Ayuntamiento de Madrid. En el expediente de esta obra en la calle San Marcos, que guarda el registro municipal, la rúbrica falsa aparece hasta en quince documentos que eran necesarios para solicitar una licencia que nunca llegó. El estudio de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid habría falsificado la firma sin que la técnica lo supiera, confirmó la propia afectada a esta redacción: “No es mi firma”, aseguró sorprendida tras recibir la llamada y repasar los documentos.

Era una irregularidad más que Monasterio había llevado a cabo desde su estudio de arquitectura. El País publicó que Rocío Monasterio habría utilizado un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid para las obra del loft del presentador y actor Arturo Valls en 2016, solo tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica. Entonces, la dirigente de Vox ya formaba parte de la dirección del partido de Santiago Abascal e incluso lideró la candidatura de la formación a la alcaldía de Madrid un año antes, en 2015.

La Fiscalía presentó una querella pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la inadmitió a trámite “al no reunir los hechos relatados los caracteres del delito de falsedad documental atribuido a la querellada”. Los jueces afirmaron que la inclusión de un sello falseado en la documentación que la diputada presentó al Ayuntamiento de Madrid fue “tan burda y perceptible a simple vista” que no permitía inducir a error, que es uno de los requisitos de ese tipo penal.

El reguero de irregularidades de su paso por el sector privado resulta interminable hasta el punto de que incluso sus rivales políticos corren el riesgo de acabar normalizando esas prácticas. El cruce de “facturas falsas” por trabajos “simulados” entre dos diputados del Congreso y la Asamblea de Madrid con los que según Hacienda el matrimonio trató de eludir impuestos ni siquiera merece ya las peticiones de dimisión de sus primeros escándalos.

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