La Ingobernable activa la resistencia social ante la amenaza de desalojo del Ayuntamiento de Madrid

“Estamos tremendísimamente agradecidas”, planteaba una de las portavoces de La Ingobernable antes de anunciar, ante los centenares de personas que se habían acercado a apoyar este espacio, que no se iba a ejecutar el apercibimiento de desalojo programado para este miércoles y emitida por el Ayuntamiento de Madrid. Varias decenas de activistas llegaron a pasar la noche con sacos de dormir en la plaza adyacente ante el temor de que la Policía acordonase la zona de madrugada y no pudiesen acceder al inmueble a primera hora de la mañana, si se ejecutaba el desahucio.

Finalmente, como ya habían anunciado el martes, el Consistorio no ha desplegado un dispositivo policial. La actuación municipal se ha limitado a un par de funcionarias que se han acercado hasta los exteriores del edificio para entregar un documento a dos portavoces del centro social.

Eso sí, como los actuales inquilinos de este espacio no se han marchado de forma voluntaria, desde el Ayuntamiento de Madrid, gobernado en coalición por PP y Ciudadanos, ya han advertido que van a poner en marcha la “vía judicial” para “recuperar ese edificio”. La ocupación del inmueble se remonta a 2017 y actualmente es de propiedad municipal.

La convocatoria de este miércoles ha demostrado que, a pesar de celebrarse en pleno mes de agosto, este centro tiene mucho músculo social detrás. Desde la asamblea de La Ingobernable reivindican la función del inmueble. Explican que que está “abierto a toda la población” y que en él se realizan “desde actividades culturales hasta convocatorias de activismo político”.

El edificio sirve como punto de encuentro de colectivos sociales y oferta de actividades lúdicas. “Por aquí pasa gente que viene a bailar tango, a un taller de relatos o a hacer yoga. Gente que debido a la situación de precariedad, no se lo podría permitir en otros espacios”, apunta una de sus portavoces.

“Toda la resistencia que va a haber en la ciudad contra las políticas del Ayuntamiento nace aquí, tanto desde el ámbito feminista, ecologista, migrante”, explica María. “Por eso pretenden acabar con esto”, incide esta joven que se acercó a la concentración convocada este miércoles.

A la espera de la próxima notificación del Ayuntamiento, Pablo, miembro del grupo de comunicación, explica que la asamblea se tendrá que reunir para “diseñar una nueva estrategia política” para “proteger este espacio”. Este portavoz asegura que desde finales de julio, cuando el Consistorio anunció que había puesto en marcha la maquinaria para echar a “los ocupas”, han recibido muestras de apoyo en forma de actividades que celebrar.

“Si la agenda de La Ingobernable ya era apretada hasta ahora, se ha multiplicado. La plataforma por la Escuela Pública quiere reunirse aquí, ya estamos viendo cómo puede servir para la huelga del clima del 27 de septiembre. Ante la situación de alarma, este espacio se ha llenado de actividades para justificar el hecho de que exista”, cuenta.

Durante el mandato de Manuela Carmena, con el PP todavía en la oposición, José Luis Martínez-Almeida lideró la cruzada contra este centro social. Semanas antes de las elecciones municipales citó a la prensa en la puerta del inmueble para hacer campaña contra la “ocupación ilegal”. Desde allí, prometió que si llegaba la alcaldía, pondría “en marcha todos los trámites para que el colectivo deje de usurpar un edificio que pagamos todos los madrileños con nuestros impuestos”.

Así lo hizo en cuanto llegó al poder. Al primer edil de la capital le bastaron poco más de 60 días desde las elecciones para que su equipo anunciase que tenían previsto que a finales de agosto este espacio dejase de estar ocupado. El 12 de agosto se publicaba en el BOE la notificación en la que les comunicaban a los activistas que “el Ayuntamiento de Madrid ejecutará el lanzamiento el día 28 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, por sus propios medios”.

A pesar de la presión de Vox, que este miércoles desplazó a su concejal municipal Pedro Fernández a la concentración de apoyo, el Consistorio de Martínez-Almeida ha dado una nueva prórroga a La Ingobernable. “Ponemos punto y final a la vía administrativa con este acto. Se les ha entregado una notificación para que se realizase el desalojo de manera voluntaria”, reseñaba en Antena 3 Inmaculada Sanz, delegada municipal de Seguridad. Como los activistas no han abandonado el espacio, han anunciado que acudirán a la “vía judicial”.

Minutos después de que el representante del partido de extrema derecha exigiese la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con “toda la fuerza que la ley le permite”, Martínez-Almeida recogía esta argumentación en un tuit asegurando que actuarán de esta forma para “recuperar el edificio”.

Los activistas que se han concentrado frente a este inmueble han recogido con una ovación el anuncio de la paralización del desalojo. “Ingobernable, indesalojable”; “un desalojo, otra ocupación” y “que no, que no, que no tenemos miedo”, han sido algunos de los cánticos con los que han celebrado esta decisión.

Algunas de las personas que se han acercado este miércoles destacaban que tanto su ubicación como su extensión provocan que sea un edificio “goloso”. El inmueble se sitúa en pleno centro de Madrid, en una esquina de Paseo del Prado y a escasos metros de la estación de Atocha. Sus inquilinos actuales estiman que tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados. La Ingobernable lleva funcionando más de dos años. Sus participantes comenzaron a trabajar en ella en 2017, después de que fuese ocupada tras una manifestación convocada por colectivos sociales contra la turistificación y en la que reivindicaron una ciudad que sea “de los vecinos”.

Cuatro años antes el Gobierno de Ana Botella había cedido a la Fundación Ambasz el espacio para construir un museo de arte y arquitectura. Cuando se produjo la ocupación ese proyecto no había echado a andar. Los términos de ese acuerdo establecían una donación por 75 años y una inversión por parte de los promotores del espacio de 10 millones de euros.

A partir de ahí, Carmena tuvo que hacer frente a la presión de los portavoces del centro para que rescindiese el contrato firmado con la Fundación y garantizase su permanencia en el espacio. Finalmente, en octubre el Ayuntamiento, aprobó la recuperación de ese espacio a cambio de una indemnización a la Fundación Ambasz por 1,4 millones de euros. De esta forma extinguieron de mutuo acuerdo de la concesión firmada en 2013 y volvió a ser una propiedad municipal.