En la presentación de unos presupuestos, sean de la administración que sean, el encargado de comunicar sus partidas siempre ofrece los datos de modo que son todos buenas noticias. Cuando se analizan los grandes números en profundidad, la realidad puede ser otra. Pasó este miércoles con las cuentas de la Comunidad de Madrid para 2022, las primeras de Isabel Díaz Ayuso desde que es presidenta regional. Incapaz de aprobar unos presupuestos en los dos ejercicios anteriores, el Consejo de Gobierno aprobaba unas cuentas regionales marcadas por la pandemia, aún sin contar con el apoyo de sus socios Vox, que amenaza con poner difíciles las negociaciones.
Al rascar un poco en los datos grandilocuentes desgranados por el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el optimismo se desvanece rápido para unas cuentas que ascienden a 23.000 millones de euros, 1.000 de ellos procedentes de los fondos europeos.
Las primeras críticas han llegado del sector sanitario, el más castigado por la crisis de la COVID-19, que denuncia una previsión de gasto baja respecto a años anteriores y la constatación del abandono de la Atención Primaria por parte del Gobierno regional. Tampoco hay nuevos fondos para salud mental, pese a la alerta de los expertos que pronostican que es y será la próxima gran pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria.
Estos primeros presupuestos de Ayuso eran muy esperados no solo por la falta de cuentas públicas durante los dos últimos ejercicios, sino porque debían ser la respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha tenido importantes repercusiones económicas. En este contexto, y tras las denuncias de los sindicatos de profesionales sanitarios por las carencias del sistema de salud madrileño, todas las miradas estaban puestas en la inversión en esta partida, que la presidenta madrileña aseguró que se comía el 50% del presupuesto. Pero nada más lejos de la realidad: en estas nuevas cuentas, la inversión en Sanidad supondrá al 38,1% del gasto, el porcentaje más bajo de los últimos años.
El consejero de Hacienda lo justificaba argumentando que el porcentaje disminuye por los fondos europeos, que están destinados a otras áreas económicas. Pero descontado ese dinero, el porcentaje sigue sin superar al de otros años. “Por mucho marketing y publicidad que estén haciendo, la inversión en sanidad para este año 2022, es menor que el gasto real de 2019, año precovid en el que supuestamente teníamos una sanidad saneada”, denuncia Julián Ezquerra, médico de familia y portavoz del sindicato Amyts. Ezquerra no esconde su indignación por unos presupuestos que “perpetúan la infrafinanciación pública madrileña”. “Seguimos estando a la cola en inversión por PIB y siendo los penúltimos por gasto por habitante”, lamenta. “Son todo medias verdades y mentiras”, resume sobre las cuentas públicas presentadas este miércoles en la Puerta del Sol sin presencia de la presidenta madrileña, la gran ausente de la cita.
La partida para Sanidad ascenderá este año a 8.784 millones de euros, 693 millones más que lo presupuestado en 2019. Según estas cifras, el incremento supone el 8,6%, la partida que menos sube de todas las cuentas públicas cuya media se sitúa en el 15%, pese a la tensión provocada por la pandemia en el sistema público de salud. Si se bucea un poco más en detalle, se comprueba que el Gobierno regional ha presupuestado 178 millones menos que el gastado en esta partida en 2019, año previo a la pandemia, cuando la cifra ascendió a 8.962 millones, según adelantó este jueves El País y ha comprobado esta redacción.
Con este nuevo presupuesto, Sanidad vuelve a perder un año más peso en las cuentas madrileñas, una disminución que viene produciéndose desde 2015, cuando el gasto en sanidad ascendió al 45,16% de las cuentas. En 2016, cayó hasta el 44,13% y así sucesivamente. En los últimos, los de 2019, el porcentaje se situó en el 42,52% del total.
Atención Primaria: la gran olvidada
Otra de las partidas más esperadas en Sanidad era el gasto en Atención Primaria y las primeras reacciones han sido de “decepción” por parte de los profesionales. “El gasto es una absoluta burla, rondando el 11% de inversión, mientras la media de las comunidades autónomas se sitúa en el 14% y el objetivo marcado por los organismos internacionales es que debería ser de un 25%”, lamenta el portavoz de Amyts. De nuevo, se ha presupuestado menos de lo gastado en 2019, año prepandémico. El debate de la infrafinanciación en este nivel asistencial ya era un clamor los años previos de la crisis sanitaria y se ha acentuado ahora con amenaza incluso de movilizaciones por el déficit estructural de plantillas y las malas condiciones de los profesionales.
Atención Primaria recibirá 2.055,8 millones de euros, 76,6 millones más que lo que se presupuestó 2019, pero menos de lo que se acabó gastando ese año realmente. Supone apenas un incremento del 3,9%, la partida que menos crece de todas las sanitarias, pese a las últimas promesas por parte del Gobierno de Ayuso de mejorar el sistema que es la primera barrera de entrada de los ciudadanos. “Sabemos cómo está la situación y a mí lo que me gusta es que no me engañen”, dice Ezquerra. “Si han tomado una decisión política que es dejar morir la Atención Primaria que lo digan abiertamente, pero nos estamos cargando un buen modelo y no sabemos hacia dónde nos quieren llevar”, lamenta.
Otro de los asuntos que ha indignado a los sindicatos es el anuncio a bombo y platillo de que aumenta el salario de los médicos en más de 700 euros y el de los enfermeros, en más de 400. Ante esta afirmación que hasta la propia Ayuso promocionó en sus redes sociales, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT Unión Profesional y UGT) han lanzado un comunicado conjunto en el que hablan de “falsedad”. “Esta medida, que ya veremos si llega a aplicarse porque no sería la primera vez que algo se anuncia y luego no se posiciona el dinero, no llegará ni al 8% de los profesionales de Atención Primaria más allá de que no ataja las carencias que tienen los centros de salud”, explican.
¿Por qué este anunciado aumento salarial se queda en un porcentaje tan corto? Porque la Consejería de Sanidad lo vincula a varios condicionantes: que afecte a aquellos profesionales de los centros rurales (32 centros), que tengan ausencias no cubiertas de forma muy prolongada y que atiendan a más del 85% de la población, explican los agentes sociales. “Un cúmulo de condiciones para conseguir este complemento salarial y que, además, retirarán en el momento en el que en esos centros la situación laboral mejore”, añaden.
La salud mental se queda igual
Desde otros sectores de la salud también han criticado las cuentas regionales por insuficientes. Ha sido el caso de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Lasquetty aseguró durante la presentación de las cuentas que la “prioridad” del Gobierno en salud mental es “la atención a niños y a adolescentes”. Pero al comprobar las cifras, Marta Carmona, presidenta de la asociación, denuncia que la inversión adicional en este presupuesto será la misma que en el anterior, pese a que la demanda se ha disparado los últimos meses con la pandemia.
El proyecto presupuestario planea una inversión de 33 millones de euros en tres años. “De confirmarse dicho dato, no aumenta la dotación en salud mental respecto al Plan de Salud Mental anterior 2018-2020 que fue exactamente idéntico”, lamenta Carmona. “Según las cifras de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones se prevé un aumento del 30% de la demanda en salud mental en trastorno mental común y un 20% en trastorno mental grave que recibirán fundamentalmente los Centros de Salud Mental. Por tanto, estos presupuestos resultan a todas luces insuficientes para dar respuesta a la crisis de problemas de salud mental que estamos viviendo en nuestra región”, añade.
Educación: más inversión a la concertada
En los primeros presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, la educación concertada es la gran mimada, tras la defensa que ha hecho de esta enseñanza la presidenta regional hasta el punto de que ultima la aprobación en Pleno de una ley maestra para blindarla. Según reflejan las cuentas registradas este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso destinará 1.321,6 millones de euros a los conciertos educativos, centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos. Esto supone 300 millones más con respecto a las cuentas de 2019. La inversión a la educación pública infantil –no obligatoria–, a la primaria y especial es de 1.101,7 millones de euros; para la red pública de enseñanza secundaria y FP, de 1.104 millones.
“Es un presupuesto muy opaco y muy engordado con fondos europeos y del ministerio. Aún así no es suficiente y se queda muy lejos de las necesidades que tiene el sistema por los déficit estructurales que arrastraba y que se incrementan tras la pandemia”, valora Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO). “A pesar de que el Producto Interior Bruto madrileño ha bajado y eso hace que suba el porcentaje del PIB dedicado a educación, Madrid seguirá siendo la última en gasto educativo porque no va a llegar al 3% del PIB”, lamenta.
Una de las partidas que aumenta significativamente en educación es la destinada a profesores de religión. El gasto presupuestado para esta categoría en la educación pública asciende a 46,27 millones, lo que supone un aumento del 23% respecto a 2019, 8,7 millones de euros más.
Investigación
La partida de desarrollo e innovación pasa de 148,32 millones a 172 , un aumento de un 15%, siendo el 0,74% del presupuesto total en plena crisis sanitaria. En 2019, Madrid era la cuarta comunidad autónoma por la cola que menos invertía per cápita, unos 22,26 euros, situándose en un 55% menos que la media nacional, y muy lejos de los 51 euros de la Comunidad Valenciana o los 163 del País Vasco. En el presupuesto actual, la inversión per cápita en I+D que dedica la “locomotora” de España y primera región económica del país se queda en 25,24 euros por persona.
Por último, proyecto de Presupuestos para 2022 recoge un aumento del 18% en el gasto para asesores del Gobierno regional en comparación con las cuentas de 2019, pese a que Ayuso ha asegurado que congelará los salarios de los altos cargos y después de que destacara en su investidura la reducción de consejerías de 13 a 9 tras las elecciones del 4 de mayo.