La primera legislatura del PP sin mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid ha dejado un reguero de leyes presentadas que nunca se aprobarán. En tres semanas se disolverá la Asamblea de Madrid tras casi cuatro años en los que los conservadores no han logrado sacar adelante ninguna de sus leyes estrella por la falta de acuerdos. Se ha salvado, además de los presupuestos anuales, una promesa electoral: las rebajas fiscales, que fueron aprobadas a través de una ley el pasado mes de diciembre con el apoyo de Ciudadanos.
El PP disfrutó desde 1995 de mayorías absolutas holgadas en Madrid. Su poder era hegemónico: la capacidad de la oposición para interferir como poder legislativo en el ejecutivo era nula. No había preocupación por la aritmética parlamentaria porque no hacía falta dialogar sobre nada. Los plenos de la Asamblea eran por la tarde y terminaban a veces de madrugada. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González camparon a sus anchas por los Gobiernos de la región y las consecuencias han quedado a la vista.
2015, cuando ya la corrupción había comenzado a aflorar a través de los periódicos y los juzgados, dio un revolcón al cómodo ecosistema en el que vivió instalado el PP durante dos décadas. Con 48 diputados era imprescindible llegar a acuerdos.
Cristina Cifuentes llegó entonces a la Puerta del Sol. A lo largo de su legislatura -abortada antes de cumplir tres años por el caso Máster- trató de dar carácter prioritario, algo así como sus “banderas” de legislatura, a cuatro proyectos de ley. Todos se le han atragantado al PP en la tramitación parlamentaria y hasta uno ha sido retirado por el propio Ejecutivo dada su impopularidad. Son la Ley de Universidades, la Ley de Regeneración Democrática, la reforma del Estatuto de Autonomía y la Ley del Suelo. Esta última se ha caído esta misma semana, junto a otras iniciativas legislativas de otros partidos. “Muchas de las cosas que están pasando solo se entienden por la convocatoria electoral”, dicen fuentes parlamentarias.
En la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, consideran sin embargo que “el Ejecutivo llega a la meta con los deberes más que hechos”. E imputan a “motivos ajenos al Gobierno regional” el hecho de que algunas de las leyes más importantes del mandato, o al menos las que Cifuentes estableció como prioritarias, hayan fracasado. “El Gobierno se ha empeñado en ellas hasta el último momento”, justifican.
Ley del Suelo
Cifuentes la definió como la ley “más importante de la legislatura”. Se aprobó en Consejo de Gobierno en abril de 2017 y lleva dando vueltas en la Asamblea de Madrid desde después del verano de aquel año. Los diputados y diputadas han trabajado durante un año y medio en una ponencia que no ha terminado en nada.
Los conservadores siempre pensaron que contarían con Ciudadanos para sacar una norma controvertida que les puso enfrente, además de a la izquierda, a colectivos ecologistas y vecinales que entendieron la propuesta como un modo de dar alas a la “especulación”. Pero la formación de Albert Rivera dio su negativa definitiva a salir en la foto con el PP esta semana e hizo decaer la norma. El texto no llegará a votarse en Pleno.
“Es imposible sacar adelante leyes cuando tu socio preferente, el único que te apoya, cambia de posición dependiendo del día y de la semana”, afirman fuentes del grupo parlamentario popular. El Gobierno también se mostró molesto con Ciudadanos, a quien definió como un “partido oportunista”.
La formación de Rivera defiende su postura con el argumento de que el PP quería sacarla con “prisas” sin haberla terminado de revisar por completo. “No vamos a participar de las prisas que tienen para tapar los errores por no saber ni legislar ni gestionar”, dicen fuentes parlamentarias de Ciudadanos, que consideran que el PP no ha terminado de salir de la dinámica de “imponer el rodillo” pese a que ahora los números no se lo permiten.
Esta ley muerta venía a sustituir a la vigente, aprobada en 2001 y modificada hasta en 13 ocasiones por los gobiernos del PP. Su articulado abría a más usos los suelos protegidos, como la celebración de bodas y banquetes; facilitaba la legalización de fincas hasta ahora irregulares y establecía cauces para reducir la protección del patrimonio histórico, según sus detractores. Sus impulsores, del otro lado, la presentaron como una norma positiva porque era beneficiosa para la “iniciativa privada”.
Ley de Universidades
La Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) también tiene una larga historia. Paradójicamente fue un error de la propia Cifuentes el que la enterró: votó sin querer contra su propia norma un día antes de que estallara el caso Máster, ironías del calendario, y permitió que saliera adelante la enmienda a la totalidad de Podemos. La expresidenta retiró el proyecto ese mismo día para evitar que siguiera avanzando su tramitación y el Gobierno tuvo que empezar de cero.
A principios de julio, el sucesor de Cifuentes y actual presidente, Ángel Garrido, se cargó definitivamente la ley. El PP impidió debatir las enmiendas a la totalidad y condenó a un cajón la norma. Garrido se negó, tras el terremoto del caso Máster, a generar nuevos roces con la comunidad universitaria. Los rectores habían puesto pegas a la iniciativa.
“Está claro que estamos ante un nuevo ecosistema. En esta legislatura también hemos visto que no solo hace falta que te den los números en la Asamblea, sino que las leyes tienen que tener un mínimo encaje social. Y ni la Ley del Suelo ni la de Universidades lo tenían”, apuntan fuentes parlamentarias socialistas.
La regeneración democrática perdida
El Gobierno de Cifuentes presentó un paquete de dos leyes, entre 2016 y 2017, para la regeneración democrática de las instituciones. Las medidas que contenían estaban plasmadas en el pacto de investidura con Ciudadanos y fueron vendidas como “iniciativas pioneras” que iban a poner a la Comunidad en el primer puesto de salida: limitación de mandatos, supresión de los aforamientos, incompatibilidad para ser alcalde y diputado... Los proyectos permanecieron más de un año durmiendo en la Asamblea de Madrid: ni el PP ni ningún grupo de la oposición, a quien no terminaban de convencer los textos completamente, activaron la tramitación.
En febrero de 2018, más de un año después, los conservadores dieron el paso de poner en marcha la maquinaria parlamentaria a sabiendas de que no reunirían la mayoría necesaria para aprobarlo. Para reformar el Estatuto de Autonomía se requieren tres quintos y con el apoyo de la formación de Rivera no bastaba. Los tiempos también estaban justos: esta reforma tiene un trámite extra porque debe pasar por el Congreso de los Diputados antes de su aprobación.
Después de verano se iniciaron los grupos de trabajo para avanzar en las dos leyes de regeneración, pero apenas se han reunido una vez, confirman fuentes populares. Otro fracaso legislativo.
En este caso, sí había unos mínimos que reunían un relativo consenso, pero todos los grupos querían llevar la voz cantante. Como cuando Ciudadanos intentó desgajar algunas medidas concretas de las leyes, como la limitación de mandatos, y llevarlas como iniciativas propias a los plenos. Tampoco salió bien: la maniobra para aligerar los tiempos, según argumentó Ciudadanos, fue muy mal recibida por PP y PSOE. Esta situación, la de duplicar iniciativas, se ha repetido en más ocasiones en la legislatura.
Podemos considera que el PP “no ha terminado de aceptar, o esa es la impresión que da, lo que supone que las instituciones no son su cortijo a la hora de promover leyes. Los tiempos de las mayorías absolutas son cosas del pasado”, valora la portavoz de Podemos, Clara Serra.
Un tapón final de iniciativas rechazadas
La convocatoria electoral de mayo, aunque era previsible, ha provocado un tapón en las iniciativas pendientes de aprobación. El Gobierno regional, que estuvo paralizado durante meses por el caso Máster, ha entrado en un extraño sprint final y ha intentado aprobar dos leyes por lectura única. Un mecanismo contemplado en el reglamento para cuestiones de urgencia que recortan los procesos de debate. Ciudadanos se ha negado en los dos casos: con la Ley de Farmacia, también controvertida, y con la Ley de Salud Pública, aprobada por el Ejecutivo hace apenas dos semanas.
“Ahora ningún partido está dispuesto a darte alas a tres meses de las elecciones y a dos de las generales”, apuntan fuentes parlamentarias del PP, que se niegan todavía a hacer un balance de la legislatura. No pueden rechazar la evidencia: la ausencia de mayorías les ha complicado los trabajos, aunque, aseguran las mismas fuentes, “no solo es una cosa de final de legislatura”. “Con Ciudadanos nos ha pasado desde el principio”, apuntalan.
Para los socialistas también resulta evidente que sobre la Asamblea “flotan los cálculos electorales y las fotos finales”. “Están ahí, en dos meses hay unas generales. Pero en temas de largo recorrido no deberían condicionar, deberían quedar en un segundo plano”, añaden fuentes parlamentarias del PSOE.
Leyes de los grupos de la oposición también han terminado en el desagüe por la convocatoria electoral. Y también por cálculos electoralistas que han hecho virar las posturas de algunos partidos. La reforma de la Ley contra la Violencia de Género, propuesta por Podemos, se queda en el limbo por la oposición de Ciudadanos a aprobarla ya. La formación de Rivera dice que no ha habido tiempo y el resultado es un “pastiche”. La norma pretendía incluir como casos de violencia de género los que trascienden a la pareja, entre otras cuestiones.
La Ley de Residencias para blindar las ratios a través de una norma también se pierde por el camino. Podemos la ha retirado este jueves al constatar que este punto, el del número de profesionales por residente, se iba a quedar fuera de la ley por una enmienda del PP que habría salido adelante por la abstención de los socialistas en el último momento.