El PP lleva su batalla contra la política de movilidad de Carmena a la Comunidad de Madrid
Madrid Central, la iniciativa municipal que restringirá el tráfico en el centro de la ciudad a partir del próximo 30 de noviembre, se ha convertido en una nueva batalla dentro de la guerra política que mantiene la Comunidad con el Ayuntamiento de Madrid. La campaña del Partido Popular contra las medidas del Gobierno de Manuela Carmena para mejorar la movilidad y reducir la contaminación en Madrid, su principal arma de desgaste de la alcaldesa en la precampaña, se ha trasladado ahora al ámbito institucional donde la Comunidad alerta de “grandes aglomeraciones”, en este caso en el Metro.
El Ejecutivo regional ha pedido directamente paralizar la puesta en marcha de Madrid Central, el plan anticontaminación más ambicioso del Gobierno de Ahora Madrid y que limitará ostensiblemente el uso del vehículo privado en la almendra. Garrido amenaza con acudir a la Justicia si el Ejecutivo municipal no atiende sus reclamaciones.
Entretanto, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que se retrasa la puesta en marcha de la medida hasta el 30 de noviembre prevista para una semana antes, atendiendo a las demandas por el Blak Friday de los comerciantes y ante las dudas de la corporación local acerca de que la Comunidad de Madrid pueda hacer frente a la demanda de Metro que previsiblemente aumentará tras las limitaciones de tráfico en superficie.
El Consorcio de Transportes de Madrid, en el que la Comunidad ostenta la presidencia y el Ayuntamiento la vicepresidencia, abordará este viernes en una reunión la problemática que ha generado Madrid Central entre las administraciones con declaraciones cruzadas de unos y otros en medios de comunicación.
Para Garrido, este proyecto no se puede poner en marcha “de la noche a la mañana sin aportar un solo papel que acredite el por qué y cómo se van a resolver los problemas que se originen”.
A un mes de que entre en vigor la medida, el PP de Madrid ha comenzado a repetir este mensaje una y otra vez en los plenos del Ayuntamiento, ahora también la Asamblea de Madrid, y ante cualquier micrófono que se ponga por delante: Madrid Central es una medida “ideológica” fruto de la “improvisación”. Pero la iniciativa de cerrar el centro de la ciudad al tráfico de paso, que la Comunidad y PP tildan de improvisada fue anunciada por el Gobierno de Ahora Madrid en 2016, para ponerse en marcha a finales de 2017, una fecha de implantación que finalmente se ha retrasado un año. De hecho su puesta en marcha ha sufrido dos retrasos más: se anunció luego para marzo, le siguió julio y será en principio el 30 de noviembre cuando entre en vigor.
En septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid presentó y aprobó el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático, una batería de medidas para combatir la contaminación atmosférica de la ciudad que contenía como eje central la aprobación de esta gran área de prioridad residencial que afecta a casi la totalidad del distrito centro.
Este conjunto de medidas ha librado a España de ser multada por la Comisión europea por los altos índices de polución, una sanción que podría haber ascendido hasta los 2.700 millones de euros, según los datos de Bruselas. España se libra, por el momento, de los tribunales comunitarios a diferencia de otros seis países, entre ellos Alemania y Francia.
Para la Comsión, las medidas presentadas por Madrid y Barcelona “parece que abordan correctamente los huecos identificados”, aunque avisó que “seguirán vigilando de cerca la implementación de estas iniciativas y la efectividad en reacomodar la situación lo más pronto posible”.
El Ayuntamiento quiere entrar en Metro
A un mes de la entrada en vigor de Madrid Central, la “preocupación” del Ayuntamiento de Madrid es si la Comunidad de Madrid intentará hacer frente al incremento de viajeros que generará la medida que coincide además con un periodo de alta demanda: la navidad.
La consejera de Transportes de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, advirtió este lunes en una entrevista en el Mundo de que en Metro está “dando todo el servicio que puede dar” para atender a la demanda de pasajeros que ha aumentado desde septiembre y calificó de “despropósito” el plan de movilidad del Ayuntamiento. Ángel Garrido ya culpó a Gobierno de Carmena de las aglomeraciones que se están produciendo en el metro por el “colapso” que está provocando su “nefasta gestión del tráfico”, en referencia a las obras que están produciéndose en la ciudad para ampliar aceras para los peatones.
En declaraciones a los medios de comunicación, Garrido se quejaba del incremento de pasajeros en Metro porque el tráfico, dijo, “se está poniendo imposible” y “muchas más personas están recurriendo al metro, consecuencia en buena medida de la torpeza de Podemos, que está colapsando Madrid”, criticaba. Desde el Ayuntamiento de Madrid defienden que precisamente se busca eso, “ir hacia un modelo de ciudad donde sus habitantes apuesten más por el transporte que por coger el coche”.
Para controlar la mejora de todo el transporte público de la ciudad, una apuesta “necesaria”, consideran, para conseguir sus objetivos, el Ayuntamiento de Madrid quiere desde hace año y medio volver al accionariado de Metro de Madrid para contribuir con el déficit de tarifa y poder así afrontar la mejora del transporte público. Aunque la Comunidad no contempla por el momento esta opción para financiar el suburbano pese a la devaluación de la empresa y el incremeto de la deuda.
La empresa de Metro de Madrid ha sufrido una depreciación de sus acciones de más del 50% desde que pasó a ser solo de titularidad autonómica. Antes de 2012, Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid fueron los titulares del 25% y del 75%, respectivamente, de las acciones de Metro de Madrid S.A., compartiendo la dirección de la compañía y la financiación de sus déficit de tarifa. Pero un acuerdo entre el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, para hacer frente a la deuda municipal, y la entonces presidenta Esperanza Aguirre dejó el control de la empresa para el Gobierno autonómico.
El 1 de Enero de 2012, fecha efectiva del inicio del control total por la Comunidad de Madrid de Metro de Madrid S.A., el patrimonio neto de la compañía era de 1.100 millones de euros situando el valor de cada acción en 235,12 euros. Seis años después, el 1 de Enero de 2018, el valor patrimonial ha bajado a 359,4 millones y el valor de la acción ha pasado a ser de 76,81 €. “Ha habido por tanto una evidente descapitalización del suburbano madrileño a la que debe ponerse freno con objeto de hacer viable y sostenible una empresa esencial para la ciudadanía madrileña”, defienden desde el Ayuntamiento.
Precisamente este jueves el Gobierno municipal volverá a insistir en esta propuesta a través de una iniciativa en el Pleno de la ciudad para instar a la Comunidad a cerrar un acuerdo conjunto que apoye la ejecución de un programa planificado de ejecución de infraestructura e instalaciones y de adquisición de nuevo material rodante, mantenido al menos durante diez años con el objetivo de recuperar unos niveles de servicio óptimos.
El Ayuntamiento de Madrid ya puso sobre la mesa hace ahora un año durante una rueda de prensa de Manuela Carmena su intención de financiar con 150 millones de euros al año la empresa regional. Su idea que ese dinero se invierta en la ampliación de la línea 11 como se planificó en 2005 y así revalorizar el suburbano madrileño con el objetivo de sortear la cláusula, impuesta por Aguirre durante la compra de las acciones municipales, de que debían estar las acciones al nivel de cuando se produjo la venta para que el Ayuntamiento pudiera volver a la empresa. Carmena fue clara: “Queremos estar en el Metro no solo para ayudar con una inversión sino también para tomar decisiones”.
El caos en Metro: datos contradictorios
Garrido agita el fantasma del caos asegurando que Metro de Madrid tendrá que absorber 300.000 viajeros al día, pero desde la EMT desmienten estos datos aportando los del Consorcio de Transportes. “El volumen de viajes en coche en el área central es de 230.000 y las restricciones no van a afectar a todos” y las previsiones del Consistorio es que la medida reduzca en un 20% el tráfico, lo que supone unos 50.000 usuarios.
La reunión de este viernes abordará estas cuestiones. Desde el Ayuntamiento de Madrid celebran que “por fin” la Comunidad de Madrid haya accedido a sentarse a planificar las necesidades de la medida. “Llevamos cuatro meses pidiendo reuniones para mejorar el transporte público y han podido participar en todos los procesos”, defienden desde el Consistorio.
El Partido Popular ha convertido desde el primer momento las medidas anticontaminación de Carmena en un frente de batalla contra su Gobierno. La expresidenta del partido en Madrid, tildó al Gobierno municipal de “cochófobos” por sus limitaciones del tráfico durante episodios de alta contaminación. Otros dirigentes populares siguieron ese mismo discurso. La portavoz del PP en la nueva dirección regional, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo de Ahora Madrid hace unas semanas de ir “contra la libertad de movilidad de los madrileños.
