La “impotencia” de la directora de una residencia de Madrid ante la pandemia: “Hemos llorado lo que no está escrito”

A Mari Cruz Hidalgo y a sus trabajadores les va a costar superar la experiencia vivida entre el 20 de marzo y el 18 de abril. Durante esas semanas el coronavirus se adentró en la residencia Nuestra Señora de Montserrat, dirigida por Hidalgo y situada en la madrileña calle de San Bernardo. El brote se saldó con 18 fallecidos, el 43% de la plantilla de baja y una batalla de estos profesionales contra la COVID-19 “envueltos en plásticos” durante el primer mes de pandemia debido a la falta de trajes de protección. La escasez de material llegó a dejarles sin bolsas estancas en las que introducir los cuerpos de los fallecidos

Transcurridos casi dos meses del fallecimiento de la última usuaria que se infectó, Hidalgo reconoce que ella y su plantilla han vivido “horriblemente mal” las consecuencias de la emergencia sanitaria. “Hemos tenido crisis de ansiedad, personal. Hemos llorado todo lo que no está escrito. Hemos hecho jornadas maratonianas, trabajando festivos, sábados y domingos. Ha sido una experiencia muy dura, que ojalá no tengamos que volver a repetir”, cuenta. La novedad y el desconocimiento sobre el virus hizo mella en el intento de frenar su expansión en la residencia, a pesar de que limitaron las visitas una semana antes del 8 de marzo, fecha en la que la Comunidad prohibió los accesos que no fuesen estrictamente necesarios. “Ha sido muy complicado porque en ese momento ni sabías contra lo que estabas peleando ni cómo hacerlo”, detalla.

En plena batalla contra el virus, el 6 de abril, la Policía Municipal visitó la residencia Nuestra Señora de Montserrat. En ese momento, los agentes registraron tres fallecidos y dejaron constancia de las demandas de material. En el acta de inspección, publicado por eldiario.es, también se destaca que este recurso asistencial no había conseguido dividir el centro por zonas teniendo en cuenta los síntomas de cada usuario.

La directora de la residencia reconoce que tuvieron muchas dificultades para llevar a cabo la sectorización impuesta por el Ministerio de Sanidad, el protocolo con el que el Gobierno central pretendía evitar que residentes sanos e infectados conviviesen en el mismo espacio. “Tardamos en conseguir aislar a la gente porque no teníamos capacidad de movimiento, la mayoría de las plazas estaban ocupadas”, reseña Hidalgo. Los agentes municipales dejaron constancia de que en su visita la residencia tenía “un paciente con síntomas compartiendo habitación con personal sano” y les alertaron de que esa situación debía ser “subsanada de manera urgente”. Con la llegada de las primeras bajas entre los residentes, pudieron reorganizar a los mayores y distribuirles en zonas diferentes, cuenta la responsable del centro.

Se demoró la visita de la UME

La limpieza de la UME también les ayudó a crear habitaciones destinadas al aislamiento y a la cuarentena, aunque se demoró la presencia del destacamento militar. “Estuvimos pidiendo la desinfección a diario, como una o dos semanas. Tardaron muchísimo. Cuando llegaron, nos ayudaron mucho. Su actitud fue estupenda”. Desde la dirección de la residencia situada en el número 79 de la calle San Bernardo se expone que han recibido poco amparo por parte de las administraciones. “Hemos tenido poca ayuda. El tema de EPI y material ha venido con cuentagotas”, incide, para detallar posteriormente que por parte de la Comunidad de Madrid han recibido “poco” suministro de protecciones, “teniendo en cuenta lo que se necesitaba”. Las contribuciones obtenidas han provenido de “donaciones particulares”. “El primer mes trabajamos envueltos en plásticos. Esa es la pura realidad. Nosotros mismos hacíamos las batas. Teníamos un pequeño remanente de cuando hubo una alerta por la gripe A, pero no nos duró nada, los dos o tres primeros días”, señala.

El avance del virus entre las paredes de este centro gestionado por la Fundación Nuestra Señora De Montserrat, no solo mermó a los usuarios, también a los trabajadores. El 43% de los profesionales llegó a estar de baja y la plantilla pasó de 50 a 76 personas durante aquellos meses, tuvieron que cubrir las bajas que iban surgiendo. El médico de la residencia fue uno de los primeros en infectarse, aunque continuó trabajando por teléfono. La asistencia sanitaria externa también llegó tarde, según el relato de Hidalgo. En dos ocasiones acudió un equipo de la Fundación Jiménez Díaz a las instalaciones de la calle San Bernardo, pero estas visitas se produjeron cuando “el grueso del tema ya había pasado”. “En ese momento no teníamos nuevos casos”, remata.

La atención sanitaria ofrecida a los mayores contagiados por COVID-19 y que vivían en residencias ha desatado una crisis interna en el Gobierno autonómico, que ha enfrentado al consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos) y al de Sanidad (PP) debido a la distribución de un protocolo que negaba la asistencia hospitalaria a este colectivo, según confirmó Enrique Ruiz Escudero, titular de la cartera sanitaria en la Comunidad.

Sufrieron el triaje en los hospitales

Como ha sucedido en varias residencias madrileñas, en este centro también han sufrido la denegación de las peticiones de traslado a hospitales. “Se nos han limitado las derivaciones, como a todo el mundo; pero se ha realizado con cierta lógica porque realmente los hospitales no tenían capacidad para atender”, explica la responsable de Nuestra Señora De Montserrat. Asimismo, reconoce que le parece “muy mal que se limitaran las derivaciones”, pero pide sensatez para reconocer la realidad en la que se encontraba la sanidad madrileña: “¿Qué sentido tiene derivar a una persona mayor que está en su casa con posibilidad de fallecer? Por lo menos lo hace en su cama, en su habitación, acompañado; y no en un pasillo del hospital, que era a lo que iba”.

Ante un sistema sanitario que reconoce que “estaba quebrado” durante la pandemia, ella y sus trabajadores han tenido que afrontar algunas de sus consecuencias, como llegar “a esperar hasta más de casi 20 horas” en que se firmase un certificado médico de defunción. Habla también de “impotencia” y “desesperación” al pedir recursos a su hospital de referencia y tener que asumir que no se los facilitan no porque “no quisieran darlo, sino porque no los había”.

El tanatorio de la residencia también ha estado desbordado, con capacidad para un cuerpo ha llegado a acoger cuatro, debido a otro de los colapsos que se vivió durante la pandemia, el de los servicios funerarios. “Han llegado a tardar hasta más de treinta horas en recogernos un cadáver”, destaca. Durante ese trabajo exhausto que recuerda esta profesional, tuvo que llegar a pelear para proveerse de una bolsa estanca en la que depositar los restos de los fallecidos. “Me costó mucho conseguirla”, cuenta. Una vez ya en su poder, no dejaba que la funeraria se llevase el cadáver en ella si no le dejaban otra de repuesto. Frente a todas estas adversidades, Hidalgo reivindica el papel de la atención social e insiste en que “ha estado peleando exactamente igual que la sanitaria, pero sin medios”.