Los médicos de la Atención Primaria de Madrid comienzan una huelga indefinida: “El Gobierno de Ayuso nos ha abandonado”

Los médicos de la Atención Primaria de la Comunidad Madrid han dicho “basta”. Casi 5.000 facultativos de medicina de familia y pediatría de los centros de salud de toda la región están llamados a secundar la huelga indefinida que comienza este miércoles 10 de marzo y que está promovida por el sindicato mayoritario entre el colectivo médico de Madrid, AMYTS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no haya cumplido, argumentan, con ninguna de las medidas a las que se comprometió en septiembre cuando el colectivo médico convocó una huelga similar.

El acuerdo alcanzado que la presidenta madrileña vendió como un gran logro de su capacidad de diálogo logró frenar los paros a 24 horas de que se produjeran. Ninguna de las medidas que prometió se han puesto en marcha, reconocen desde la Consejería de Sanidad, que señalan al departamento de Hacienda como responsable de ese incumplimiento.

El Gobierno regional no ha contratado ni a uno de los más de 300 sanitarios a los que se comprometió –75 antes de finalizar el año–. Tampoco ha abordado la reestructuración para librar a estos sanitarios de la pesada burocracia. Ni ha equiparado sus salarios a los del resto de profesionales hospitalarios, una promesa para mejorar las condiciones retributivas de los médicos que también se ha quedado en un cajón. “La Comunidad de Madrid nos ha abandonado y también a los ciudadanos porque sin una Atención Primaria fuerte son los principales damnificados”, lamenta María Justicia, vicepresidenta de Atención Primaria de AMYTS.

El 27 de septiembre de 2020, Ayuso evitó in extremis que una huelga de similares características llegase a consumarse. “Con voluntad y responsabilidad es posible alcanzar acuerdos. No es momento de la unilateralidad ni de la imposición”, celebró entonces la presidenta madrileña en su cuenta de Twitter. Una semana antes, Ayuso vendió el gran proyecto para mejorar la Atención Primaria en el Debate del Estado de la región, un paquete de 80 millones a gastar en dos años. Cinco meses después, ninguno de los puntos del acuerdo se ha cumplido, lamenta el sindicato convocante.

“No se han cumplido ninguno de los compromisos”, asegura la vicepresidenta de Atención Primaria de la asociación. “Y en estos más de cinco meses la progresión de la atención primaria ha ido a peor”, continúa. Entre otras cuestiones, los sanitarios reclaman mejores condiciones laborales, que pasan por aumentar los tiempos de consulta de los pacientes. “Ahora estamos teniendo dos o tres minutos por persona. Queremos seguridad en la atención a nuestros pacientes, el ritmo que estamos llevando es inasumible y esto al que más afecta es al ciudadano”.

Según explica María Justicia, que también es médico de familia en un centro de salud de Madrid, las agendas de Atención Primaria deberían llenarse con un máximo 30 pacientes al día, pero ahora los médicos están atendiendo a 60 personas –el doble– y hasta a 80 en algunas ocasiones. “Esta situación que ni siquiera es nueva, pero que ha empeorado con la pandemia, que nos ha desbordado”, explica.

De diciembre de 2019 a diciembre de 2020, el Gobierno regional solo aumentó en 29 personas la plantilla de médicos de Atención Primaria, según los datos de la Comunidad de Madrid. El saldo de los pediatras –también llamados a la huelga– incluso es negativo: tres menos respecto a hace un año. “Esto provoca que nadie quiera venir a trabajar a los centros de salud y los que vienen se acaban marchando por las condiciones laborales y por la sobrecarga de trabajo, porque es imposible hacer un desempeño profesional de calidad”, apunta Justicia.

“La población de Madrid desconoce que si esto sigue así se quedarán sin médicos de familia y sin pediatras que atiendan a sus hijos”, lamenta . “Ayuso se queja de que no hay médicos para contratar pero no es verdad, lo que pasa es que las condiciones que ofrecen son lamentables. En Madrid se forman miles de médicos cada año pero luego se quedan muy pocos”, apunta.

Desde AMYTS estiman un déficit estructural de más de 600 médicos de familia y 200 pediatras en los centros de salud madrileños. A esta cifra hay que añadirle las ausencias justificadas de médicos de familia sin cobertura y que la Comunidad de Madrid no evita. Según los datos oficiales, hay más de 650 plazas de médicos de familia sin suplencia en la Atención Primaria de la región y en más de 130 centros de salud no se sustituye ni la mitad de las ausencias de los médicos de familia.

Servicios mínimos al 70%

“Hace unas semanas repetimos la encuesta para saber si había consenso entre los médicos para ir a la huelga y el 90% votaron a favor de volver a convocar”, explica Justicia. El gran consenso no pondrá en peligro, sin embargo, que los centros de salud puedan seguir llevando a cabo su labor con cierta normalidad. La Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos del 70%, por lo que están garantizadas las urgencias y las patologías no demorables. “Estos servicios mínimos vulnera el derecho a huelga de los profesionales”, denuncian desde AMYTS.

La huelga tampoco afectará a la campaña de vacunación que se está desempeñando en los ambulatorios. Como recuerda el sindicato AMYTS, esta labor la están llevando a cabo sobre todo el personal de Enfermería, los médicos realizan labores de apoyo.

A la pregunta de por qué se han incumplido los compromisos, desde la Consejería de Sanidad apuntan al departamento de Hacienda que dirige Javier Fernández-Lasquetty. “Estamos ultimando los últimos flecos del plan de mejora con Hacienda para empezar a implantarlo”, explica a elDiario.es un portavoz del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.

De nuevo, la sanidad pública madrileña se enfrenta a Lasquetty, el impulsor de la privatización sanitaria durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González que dimitió como consejero de Sanidad después de que la Justicia tumbara sus planes. Para visibilizar la protesta, los sanitarios se concentrarán este miércoles frente a la Consejería de Hacienda. Los médicos y el departamento de Sanidad apuntan a Lasquetty como el responsable de la situación precaria de los centros.