Los 24.000 pisos turísticos ilegales de Madrid, el calvario para cerrarlos y los (pocos) que clausura el Ayuntamiento

En Madrid operan decenas de miles de pisos turísticos. Solo hay que entrar en páginas como Airbnb o Booking para comprobar que la oferta es abundante. Como se trata de una actividad mayoritariamente ilegal -apenas el 5% cuentan con licencia municipal- saber su número exacto es complicado. El último recuento de la plataforma Inside Airbnb, efectuado en septiembre, detectó hasta 24.828 anuncios solo en esta web de reservas, la principal del sector.

Son muchos, pero menos que los que habrá dentro de unos meses en la capital si continúa la actual tendencia de aperturas después del parón turístico por la pandemia. La actividad es tan rentable que se ha ido expandiendo fuera del distrito Centro, el primero que colonizó, y ha tomado zonas residenciales de Chamberí, Salamanca, Tetuán o Arganzuela. De paso, está provocando una presión al alza de la vivienda tradicional en estos lugares, cuya oferta disminuye al dedicarse parte de esta al alquiler para turistas.

El 95% de los pisos turísticos abiertos en Madrid son ilegales según datos municipales de 2019, el año desde el que está en vigor un Plan de Hospedaje aprobado por el equipo de Manuela Carmena que impide dar licencia a los apartamentos que se oferten dentro de viviendas sin acceso directo desde la calle, independiente del portal de vecinos. La norma fue recurrida por el sector, pero los tribunales acabaron dando la razón al Ayuntamiento en 2021.

Su ilegalidad no impide que se anuncien y se alquilen en internet durante muchos meses e incluso años. Solo hace falta voluntad por parte del infractor y extender en el tiempo una maraña de recursos en la administración municipal. Si además la que incumple es una gran empresa que gestiona decenas o cientos de apartamentos de particulares sin licencia, a cambio de comisiones a partir del 18%, la cosa se complica.

Plazo exprés para precintar un piso turístico ilegal: 18 meses

Con la ordenanza de licencias aprobada en 2022 en la mano, para que el Ayuntamiento de Madrid clausure un piso turístico tiene primero tiene que comprobar que esta actividad se ejerce sin licencia. En todo el año 2022 se encontraron 286 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en 130 edificios residenciales, según la memoria de la Agencia de Actividades. La cifra supone poco más del 1% de los anuncios disponibles en internet. De ellas se denunciaron a 256 ordenando su cese de actividad, es decir, que dejaran de alquilarse a turistas anunciándose en distintas plataformas. El plazo para llegar a este punto es de tres meses desde el inicio del expediente.

A partir de aquí empiezan las trampas burocráticas de los propietarios para ignorar al Ayuntamiento y alargar todo lo posible el negocio. Los inspectores deben volver al piso infractor para ver si sigue alquilándose a turistas y ahí iniciar otro procedimiento para imponer una multa. Otros tres meses de plazo que acabarán con una sanción de 1.000 euros, en el más severo de los casos (otra opción, por ejemplo, es que se otorgue un plazo para cumplir el cese, lo que alargaría el proceso). Si después de la primera multa la VUT sigue incumpliendo, se ha de comprobar en una nueva inspección e iniciar el procedimiento para otra segunda multa, esta vez de 2.000 euros. Y en el caso de que la situación persista, llegaría una tercera multa de 3.000 euros.

Para cada sanción citada sería necesario un mínimo de tres meses de tramitación, lo que sitúa el proceso en un año completo, sin contar lo que han tardado las inspecciones en llevarse a cabo, los recursos o las posibles suspensiones si los recursos de reposición no se resuelven a tiempo (algo bastante habitual). En ese momento el Ayuntamiento de Madrid estaría listo para abrir un expediente de precinto, que llevaría otros tres meses y luego tendría que ejecutar físicamente con un papel en la puerta, sin un plazo determinado. Un proceso exprés para cerrar un piso turístico ilegal podría llevar como mínimo 18 meses pero la realidad es que suele tardar mucho más. El año pasado, las inspecciones del consistorio solo lograron cerrar 12 de los que se saltaban la ley en toda la ciudad.

La alta rentabilidad que generan estos pisos turísticos frente al alquiler a largo plazo facilita que a las empresas que los gestionan les compense pagar las multas del Ayuntamiento, explican a Somos Madrid fuentes conocedoras de los procesos de sanción municipales.

Nueva regulación en el Ayuntamiento para los pisos turísticos

El alcalde de Madrid anunció hace unos días que su equipo trabaja en una nueva regulación de las viviendas turísticas en la capital, aunque no avanzó si en un sentido más restrictivo que el actual o si serviría para legalizar parte de los ahora prohibidos. Según Almeida, “es obvio que la regulación anterior no ha funcionado porque ahí está la realidad” dijo para justificar el cambio legislativo, a la vez que aseguraba estar haciendo “un esfuerzo muy importante en materia de inspección y de sanción de viviendas de uso turístico de carácter ilegal”.

Lo cierto es que el Ayuntamiento perdió en 2022 a 13 de los 22 inspectores dedicados a encontrar VUT ilegales desde el año 2019, como publicó El Periódico de España. El área de Urbanismo, de la que depende el control de las licencias, asegura que gracias a las contrataciones temporales se volvió a elevar la cifra a 20 personas, explican a este periódico fuentes del área que dirige Borja Carabante. Hasta ahí se puede hacer el seguimiento de cuántos inspectores estaban revisando estas licencias porque después de la aprobación de la nueva Ordenanza de licencias, el pasado diciembre, el consistorio solo ofrece el número total de inspectores (65 personas) que dependen de la Subdirección General de Inspección y Disciplina, donde no se diferencian los que se dedican a las autorizaciones de, por ejemplo, bares o discotecas, de los que se centran en las VUT.

“El problema no es la ley actual sino la falta de voluntad para hacer que se cumpla”, echan en cara al alcalde de Madrid desde las asociaciones de vecinos del distrito Centro, el más golpeado por la presión turística sobre sus viviendas. “Si no ha funcionado es porque lisa y llanamente su equipo de Gobierno no ha querido que funcione, ha eludido su responsabilidad de vigilancia y control, ha preferido mirar para otro lado mientras el problema se extiende, haciendo la vida imposible a miles de vecinas y vecinos residentes, que cada día tienen que soportar ruidos, deterioro de zonas comunes, suciedad y problemas de seguridad procedentes de los pisos turísticos de sus edificios, o, directamente, se ven obligados a marcharse de su barrio por la presión de fondos especializados en este tipo de negocio”, añaden.

En Más Madrid también dirigen las críticas en el mismo sentido, con los datos de 2022: “Sólo ha confirmado que operan en la ilegalidad 1.200 de las cuales solo ha inspeccionado 286, ordenado el cierre de 150 y ejecutado el cierre de 12”, explican sobre los datos antes mencionados de la Agencia de Actividades. “Es decir, solo inspecciona un 25% de las que sabe que incumplen, solo ha propuesto el cierre en el 10% y solo ha ejecutado finalmente ese cierre en el 1%”.

Uno de los casos más llamativos ha sido el de los apartamentos turísticos ilegales de la plaza de Conde de Miranda, donde se decretó el cese de actividad en el año 2021. Después de que los técnicos municipales iniciaran todos los procedimientos de sanción, sus propietarios están intentando legalizar su actividad a través de un plan especial que el Ayuntamiento de Madrid ha accedido a tramitar. Más Madrid cree que es ilegal y lo ha denunciado.

Volviendo a las asociaciones de vecinos de Centro, que emitieron un comunicado al conocer el nuevo intento regulatorio de Almeida, sus representantes temen que sea “más laxa y permisiva” para las empresas turísticas. “Estamos convencidos de que con las normativas actuales en la mano, el problema quedaría reducido a la mínima expresión, y que si fuera usted capaz de resolver conforme a la norma, el conflicto que cada día se agrava y extiende más, entraría en fase de solución”, sostienen mientras elevan la cifra de pisos ilegales al 98% de los que se anuncian en las plataformas.

Además de protestar, algunas de estas asociaciones están buscando que la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias sobre vivienda y turismo, multe también por su parte a las empresas infractoras. Lo hacen denunciando a los propietarios de pisos inscritos en el Registro de Empresas Turísticas regional que no cuentan con licencia municipal para ejercer su actividad. En los últimos años han conseguido que la Dirección General de Turismo imponga multas de hasta 12.000 euros a los infractores, pero el procedimiento es muy largo y la plantilla de inspectores de que dependen del Gobierno de Ayuso es todavía menor que la del Ayuntamiento: solo 7 personas.