En Madrid estamos acostumbrados a ver colgadas de las paredes placas de color amarillo mostaza (a veces blancas) que señalizan desde 1992 lugares donde vivieron vecinos reseñables de la historia de Madrid, colectivos de personas o establecimientos que fueron protagonistas del lugar. Son ya parte ineludible del paisaje de la ciudad, hasta el punto que se ha hecho habitual su reproducción casera como vía de reconocimiento extraoficial.
Aún nos estamos acostumbrando, sin embargo, a otras de diferentes colores. Se trata de las placas conmemorativas de la memoria histórica (moradas, si las hubiera) y víctimas del terrorismo (azules). La gestión de las mismas corresponde a la dirección de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, según dicta el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
La última de las azulonas fue descubierta por el alcalde el pasado 5 de julio en la plaza de Ramales en recuerdo del atentado con coche bomba que tuvo lugar allí en 1994, en el que fueron asesinados Francisco Veguillas Elices, su conductor, Joaquín Martín Goya, y un trabajador de las artes escénicas que se encontraba en el lugar, César García Contonente. Durante 2021 se han instalado, además, otras siete en distintos distritos de Madrid, pertenecientes a la pata del Plan de Víctimas de Terrorismo, pero ninguna de las correspondientes al Plan de Memoria Histórica.
El grupo municipal Más Madrid ha hecho una petición de información sobre las próximas colocaciones y la respuesta avanza que el panorama no va a cambiar en próximas fechas: se instalarán 17 placas más en recuerdo de víctimas de terrorismo en lo que queda de año pero no hay prevista ninguna instalación de placas sobre memoria histórica de momento.
“El desprecio de Almeida hacia la memoria democrática de nuestra ciudad no es nuevo: en cinco años le hemos visto recuperar nombres franquistas en el callejero, como el de Millán Astray, romper a martillazos la placa protegida de Largo Caballero, o negarle un homenaje en una plaza del distrito Centro a la superviviente de los campos nazis Constanza Martín”, dice Cuca Sánchez Álvarez -concejala de Más Madrid y jurista- en conversación con este medio.
En una petición de información cursada por el mismo grupo municipal en el año 2022 a la que ha tenido acceso este periódico, Luis Lafuente, Director General de Patrimonio Cultural, afirmaba que había una partida presupuestaria denominada Placas Víctimas Terrorismo y Memoria Histórica para la adquisición e instalación de los rótulos.
En opinión de Más Madrid, la última contestación supone, además de la constatación de que no se ha hecho nada al respecto hasta la fecha, la afirmación de que tampoco hay intención de cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Derechos Humanos de la ciudad.
“Tenemos un alcalde cegado por el sectarismo ideológico, que lleva desde 2021 incumpliendo el Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento en materia de instalación de placas conmemorativas de la memoria democrática y que afirma sin rubor que no piensa instalar ninguna. El mensaje que se lanza es que las víctimas del franquismo son víctimas de segunda, o que se las ve como cifras de parte, no como víctimas de un golpe de estado y una dictadura sangrienta a las que nuestra democracia debe respeto y reconocimiento. Una ciudad moderna y abierta como Madrid no puede dejar morir su compromiso con los derechos humanos, y exigimos a Almeida que se ponga las pilas”, concluye Sánchez Álvarez.
Las placas del Plan de Memoria tomaron carta de naturaleza en 2017, durante el mandato municipal de Ahora Madrid y con el sello del Comisionado de la Memoria Histórica, un órgano colegiado de asesoramiento de las actuaciones municipales de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que estableció un listado con 32 nombres.
El primer candidato de dicha lista era Arturo Ruiz, cuya placa fue colocada el 14 de junio de 2019 en recuerdo del joven asesinado por miembros de la extrema derecha el 23 de enero de 1977. Pese a ser una de las víctimas de izquierdas más conocidas del periodo de la Transición, hubo que colgarla de un respiradero del aparcamiento de la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta (Luna), cerca de donde fue abatido por el pistolero, dadas las dificultades para llegar a un acuerdo con la comunidad de vecinos del sitio exacto donde se produjo el asesinato.
La reclamación de la memoria en el espacio público, encarnada en la idea de lugar de memoria, y la instalación de placas conmemorativas se ha convertido en los últimos años en una disputa política de primer orden. Diferentes asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo llevan mucho tiempo reclamando sin éxito la señalización de la actual sede del gobierno regional, en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática y recuerdo de quienes fueron torturados en la Dirección General de Seguridad (aunque en este caso la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid).
La querella por la memoria pública también ha provocado reacciones virulentas. La placa en recuerdo de la víctima de la extrema derecha Yolanda González (en los jardines que llevan su nombre en Aluche), o la dedicada a La Veneno, en el parque del Oeste, han sido vandalizadas con mensajes de odio en numerosas ocasiones, por ejemplo.
El proceso necesario para que un nombre llegue a figurar en una placa oficial del Ayuntamiento es largo. Según el decreto de 2021 que lo regula (cuando la iniciativa no proviene de las propias juntas de distrito) incluye la recepción de las propuestas; la valoración conjunta de la Secretaría General Técnica de Cultura, Turismo y Deporte, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Programas y Actividades Culturales (previa petición de informes a los Cronistas de la Villa o a organismos de Patrimonio si se considera oportuno); la fabricación de las placas, la negociación con las comunidades de propietarios…Un recorrido burocrático que, sin embargo, parece no ser igual de accidentado para todos los homenajeados.