En pocos días Alejandro Ibáñez, de 78 años, tendrá que abandonar la que ha sido su casa durante más de una década. Él y sus 60 vecinos, todos mayores de 65 años, serán expulsados de los apartamentos municipales San Francisco, en el barrio madrileño de La Latina, para ejecutar trabajos de rehabilitación en el edificio. La noticia llegó el pasado 25 de junio a través de una carta de la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada del Ayuntamiento de Madrid en la que les notificaban la “necesidad de desalojar temporalmente su apartamento debido a obras de mejora y mantenimiento”.
El desalojo es inminente. Este miércoles 4 de septiembre -fecha límite que fijó el Consistorio para la expulsión- Alejandro y sus vecinos deberán abandonar el edificio. La ejecución de las obras tendrá una duración de 14 meses durante los que, según han trasladado desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, se les realojará, en su mayoría, en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid y otros centros municipales. El resto se trasladarán a casas de familiares. Los residentes de estos apartamentos municipales para mayores se niegan a aceptar la solución propuesta por el Ayuntamiento y solicitan a la autoridad competente que reconsidere esta expulsión.
Ante la situación de “injusticia” que denuncian los residentes de estos apartamentos municipales, la Asociación de Vecinos Cavas-La Latina solicitó a la Junta de Centro que intercediese para que las obras se hiciesen por plantas y así evitar desalojar el edificio completo. Desde la Junta respondieron que este planteamiento resultaba “imposible”, mientras que técnicos arquitectos independientes consultados por los residentes y la asociación indican con fundamento que las obras se podrían hacer por plantas sin necesidad de desalojar a personas de edad tan avanzada que se verían privadas de continuar viviendo en el barrio que han conocido toda la vida y donde tienen sus puntos de referencia.
Lo cierto es que muchas de estas personas no solo tendrán que abandonar su barrio, sino que tendrán que moverse a otros municipios de la región. La asociación vecinal considera que se trata de una forma de proceder “traumática e innecesaria”. Asimismo, subrayan la necesidad de “tener especial cuidado y proceder con más sensibilidad de la que el Ayuntamiento está teniendo, hasta el momento”.
La concejala del grupo municipal socialista Ana Lima advirtió en la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del pasado mes de julio que “reubicar a estas personas mayores en residencias puede tener graves perjuicios”, como la pérdida de autonomía, al no poder cocinar, salir a pasear o controlar sus propios horarios. Una problemática que se agrava en aquellos que sufren patologías previas, a los que ya les está afectando la decisión del Ayuntamiento.
Durante las últimas semanas, la Asociación Cavas-La Latina ha convocado varias concentraciones a las puertas del edificio, ubicado en la calle Jerte esquina con San Buenaventura, siendo la última este lunes 2 de septiembre. También han apelado al Defensor del Pueblo, que, por el momento, solo ha admitido la denuncia a trámite.
Se pueden hacer obras mientras permanecen abiertos centros comerciales (Mercado de San Miguel o Vaguada) incluso hospitales (Fundación Giménez Díaz) pero @AlmeidaPP_ no puede hacer lo mismo con los Apartamentos de San Francisco. pic.twitter.com/taEoJbvS3a
— AVCavas (La Latina) (@AVCavas) September 2, 2024
Los vecinos solicitan que se verifique de forma independiente la necesidad de llevar a cabo estas obras y que, en el caso de que se ejecuten, se hagan por partes sin desalojar el edificio completo. A su vez, reclaman una solución habitacional que se adapte a las necesidades de los residentes del edificio y la elaboración de un informe psicosocial sobre las afecciones que el traslado a residencias y cambio de entorno tendrá para estas personas mayores que actualmente viven en los apartamentos con gran autonomía.
Obras “necesarias”, según el alcalde
Las alternativas habitacionales propuestas por el Ayuntamiento no son la única cuestión que han criticado los vecinos, ya que consideran que las obras “no son necesarias”. Alejandro explica que el edificio, inaugurado en 1989 bajo el mandato de Juan Barranco, “no tiene más de 35 años, está en buenas condiciones, tiene buen cerramiento, los ascensores funcionan bien y el interior de los apartamentos están estupendamente”. Además, este vecino que trabajó como maestro de obras, asegura que es posible hacer esta remodelación sin tener que echarles del edificio.
Ante las quejas y el cuestionamiento de estas obras, el Ayuntamiento se ha defendido diciendo que se deben llevar a cabo porque se han encontrado deficiencias estructurales y humedades que deben ser resueltas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó este lunes que las obras que se van a acometer en los apartamentos son “absolutamente necesarias” para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas.
El proyecto lo llevará a cabo la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, que estima necesario subsanar las deficiencias encontradas en el inmueble. El objetivo, según señalan desde el área competente, es “garantizar la seguridad y las mejores condiciones de estancia de los residentes”. Desde el Consistorio explican que pondrán nuevas instalaciones de climatización y electricidad, se mejorará la fontanería, e incluso se colocarán nuevos ascensores.
Almeida asevera que “no se acometen las obras por capricho, sino que son obras absolutamente necesarias porque hay problemas y patologías que afectan a la seguridad del inmueble y por tanto que pueden repercutir en la integridad física de los usuarios”. En la misma línea, el alcalde señala que es “consciente” de las incomodidades que se generan por estos traslados y sostiene que se está trabajando para provocar las menores molestias posibles, algo que los residentes no comparten. Este lunes, durante un acto en Butarque, informó de que este jueves llevarán el asunto a la Junta de Gobierno, que aprobará el contrato para ejecutar estas obras “de manera inmediata”.
La oposición en contra
Las críticas a la decisión del Ayuntamiento no han llegado únicamente por parte de los vecinos, los grupos de la oposición también han mostrado su negativa respecto a las obras y la expulsión de los vecinos. Mar Barberán, concejala de Más Madrid denunció hace unas semanas la situación: “No entendemos como el Ayuntamiento no ha sido capaz de reubicar a estas personas, ni a una de ellas, en apartamentos de la Comunidad de Madrid de las mismas características que los apartamentos donde viven, que los tienen y no entendemos porqué no han llegado a esta solución”.
Desde el PSOE también consideran que el realojo de los 60 usuarios de los apartamentos para mayores San Francisco en residencias de la Comunidad no es la mejor solución, aunque sí la más fácil para el Consistorio. La edil socialista Ana Lima, que se ha desplazado hasta el edificio este martes para mostrar su apoyo a los vecinos, criticó las obras durante la última comisión del la comisión del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, ya que implicarán sacar de los apartamentos municipales durante 14 meses a usuario que carecen de vivienda o de recursos para acceder a una alternativa habitacional.
Los apartamentos San Francisco se caracterizan por ofrecer a sus usuarios un alto grado de autonomía e independencia y, por ello, Lima considera que trasladar a los mayores a residencias regionales no es la mejor opción. La concejala también advirtió de las graves consecuencias que la desconexión con su entorno podría provocarles como “síndrome de desorientación o desubicación”, especialmente considerando que a 23 de los 60 usuarios se les trasladará fuera de Madrid, lo que supondrá un mayor aislamiento. Silvia Saavedra, directora general de Mayores del Ayuntamiento, defiende que la selección de las nuevas ubicaciones se llevará a cabo siguiendo “un criterio estrictamente médico”.
La parte económica es otro de los puntos que ha generado críticas en la oposición. Desde el grupo municipal socialista explican que “su aportación a la residencia es mucho mayor que la que hacen a los apartamentos”, pudiendo aumentar del 20% al 86%. Por ello, el PSOE propone “contratar apartamentos de larga estancia y mantener a todas las personas usuarias juntas en un solo centro, que permita continuar con el apoyo y la atención que reciben actualmente”. Por su parte, Alejandro y sus vecinos seguirán luchando por evitar la expulsión de los que han sido sus hogares durante los últimos años.