La oficina contra la corrupción del Ayuntamiento de Madrid investiga las posibles irregularidades de una licitación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) adjudicada en 2019 y por el que uno de sus jefes de división, Pablo Pradillo, ingresó un 3% de comisión (más de 150.000 euros) mientras estaba disfrutando de una suspensión de su contrato laboral acordada con la empresa.
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción abrió este miércoles el expediente para esclarecer “quién estuvo involucrado en el contrato que la EMT)adjudicó el 14 de junio de 2019 para la ejecución de las obras de conservación, mantenimiento y adecuación a normativa del Centro de Operaciones de Fuencarral”, informan fuentes municipales a EP.
Este órgano municipal ha solicitado información a la EMT para conocer qué empleados intervinieron en el contrato y datos específicos sobre Pablo Pradillo, el trabajador que a finales de 2018 solicitó la suspensión de su contrato por mutuo acuerdo con la empresa pública durante tres años. Según la información publicada esta semana por El País, Pradillo recibió varios pagos de la empresa adjudicataria a través de una sociedad de su propiedad. El último de los ingresos se produjo poco antes de su reincorporación a la compañía pública de transportes, en octubre de 2021.
La oficina investiga si los intervinientes en el pliego conocían la relación entre la empresa adjudicataria y el asesoramiento en el proyecto de Pradillo. El contrato, de 5.058.294,50 euros más IVA, fue licitado para trabajos en las cocheras de la empresa de transportes en Fuencarral y se ha ejecutado durante los últimos tres años, hasta abril del año 2022, según figura en el portal de contratación de la empresa pública.
El contrato investigado fue adjudicado el 14 de junio por el equipo de Manuela Carmena, un día antes de la toma de posesión de Almeida como alcalde. Fuentes de Más Madrid indican que se llevó a cabo en la última Comisión Delegada de EMT, en la que se trataron varios temas pendientes: “La Comisión Delegada adjudicó el contrato conforme a la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, con lo que el resultado hubiera sido el mismo una semana antes o después”, aclara Esther Gómez, concejala de esta formación.
El actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, solicitó este pasado martes explicaciones a su antecesora en el cargo, Inés Sabanés, quien aprobó la adjudicación. En la misma comparecencia indicó que todavía no se había efectuado ninguna acción sobre Pablo Pradillo, el comisionista del contrato e hijo de José Manuel Pradillo, presidente del Consejo Regional de Transportes durante la época de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.
“Si se constata que hay indicios de ilícito penal, acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue por prevaricación y malversación de caudales públicos”, apuntó entonces el delegado. Fuentes de Más Madrid indicaron después que todo se hizo correctamente y pidieron una investigación sobre la comisión cobrada.