En tribunales desde hace ocho años
Metro de Madrid vendió en 2014 el solar que ocupan las Cocheras de Cuatro Caminos. Lo hizo por 88 millones de euros a la citada cooperativa, reunida alrededor de la promotora Ibosa. Su proyecto, que fue modificado durante la legislatura de Manuela Carmena, fue muy discutido por asociaciones de Chamberí, el distrito sobre el que se asienta, que reclamaban el valor de estos talleres del suburbano, un patrimonio industrial único en Madrid tanto por su diseño como por su antigüedad.
Agrupadas bajo la plataforma Salvemos las Cocheras de Cuatro Caminos, varias asociaciones se dedicaron durante años a explicar la importancia de este espacio (para el legado queda esta página web con abundante información histórica) y también a levantar un muro judicial “que impidiera la pérdida del patrimonio”, explicaban. Primero pelearon en los tribunales para que todo el complejo fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para su protección definitiva y después intentaron demostrar que los cambios urbanísticos para albergar la operación fueron ilegales. El TSJM y después el Supremo les dio la razón en lo segundo.
A pesar de los tribunales, el derribo de las cocheras se consumó el 8 de junio de 2021 gracias a un permiso de demolición concedido por el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando que la sentencia del TSJM estaba recurrida en el Supremo y no era firme. La historia de los primeros talleres, almacenes y garajes del Metro de Madrid, construidos en 1919, quedó reducida a escombros en un solar sobre el que ahora está paralizada la construcción de cientos de viviendas.
Sabedores de su probable victoria en la sala de juicio, las asociaciones demandantes propusieron convertir parte de las cocheras en un museo del suburbano y hacer compatible el proyecto urbanístico con el patrimonial, pero ni Comunidad de Madrid, ni Ayuntamiento ni Residencial Metropolitan se mostraron abiertos a negociarlo.
En juego está la consecución o no de un proyecto que incluye levantar seis edificaciones con 58.500 metros cuadrados y que fue aprobado de forma definitiva en julio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid. Votaron a favor PP, Ciudadanos, Vox y Más Madrid. Solo el PSOE se opuso a esta operación urbanística que sacó adelante el Gobierno de Almeida pero que dejó lista el de Manuela Carmena.
En el momento de su aprobación, el Ayuntamiento de Madrid calculaba que las obras de construcción de las viviendas durarían cinco años y puso como fecha de ocupación de las mismas agosto de 2024. A día de hoy, que todo el proyecto acabe en los dos años que restan para esa fecha es cuanto menos incierto.