Ignacio González cobró 578.474 € en comisiones por construir el campo de golf ilegal del Canal

La construcción del campo de golf del Canal de Isabel II en Chamberí sirvió para enriquecer los bolsillos de Ignacio González y de su entorno. Así lo concluye el el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar el caso Lezo, después de analizar la implicación de la sociedad Tecnoconcret en la trama que permitió construir esta instalación deportiva sin licencia ni estudio de impacto ambiental.

El juez García Castellón concluye en su auto e instrucción que Tecnoconcret, que contaba entre sus socios a Ignacio González, a su hermano Pablo González y al cuñado del expresidente José Juan Caballero, fue una sociedad pantalla creada para aportar una “nula” aportación a la ejecución de la obra, pero que por el camino se llevó al menos 578.474 euros sin mover un ladrillo. Esta cantidad surge de la diferencia entre lo que cobró a ACS -empresa adjudicataria- y lo que pagó a Onlygolf -la que ejecutó finalmente la obra-.

Tecnoconcret fue creada el 26 de mayo del año 2003, unos días antes de la adjudicación del contrato de las obras del Tercer Depósito del Canal de Isabel II, que fue a parar a ACS por valor de 40,8 millones de euros. En marzo de ese año, la Comunidad de Madid pidió licencia al Ayuntamiento de Madrid para construir allí “un estanque ornamental, campo de fútbol al aire libre con vestuarios y un pequeño helipuerto”, explica el auto del juez. Por aquel entonces Ignacio González era portavoz del gobierno regional, que presidía Esperanza Aguirre.

Tres años más tarde, el proyecto inicial que iba a ejecutar ACS, la constructora de Florentino Pérez cambió sustancialmente: en lugar del helipuerto la Comunidad anunciaba que convertiría el Tercer Depósito en un campo de golf para prácticas, además de añadir otro campo de fútbol al proyecto y ocho pistas de pádel. El Ayuntamiento de Madrid explicó a la Comunidad de Madrid que para ese cambio era necesaria otra licencia, además de un estudio de impacto ambiental. El Gobierno regional, ya con Ignacio González en la vicepresidencia -cargo que compatibilizaba con la presidencia del Canal-, hizo caso omiso y ejecutó la obra.

La justicia ya tumbó en su momento la obra y ha obligado a la Comunidad de Madrid a desmantelar el campo de golf, por carecer de licencia y de estudio de impacto ambiental. Pero ahora conocemos las razones que pudieron estar detrás de esta maniobra ilegal de la administración regional: el juez instructor del caso Lezo, que investiga todas las supuestas maniobras ilegales de González al frente del Canal de Isabel II, lo tiene claro: la empresa Tecnoconcret se creó “con el propósito de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos”.

Además, García Castellón da por hecho que ACS, la constructora adjudicataria, conocía este modus operandi, ya que, a pesar del “pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en cumplimiento del concierto ilícito”, fue subcontratada por ACS para la ejecución de las obras.

Además, el juez acusa a Ignacio González y sus socios de que se concertaron “para lograr que el contrato para ejecución de las instalaciones deportivas [...] se realizará a la mercantil ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA (posteriormente denominada Dragados SA) en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid”.