Demolición contra recursos judiciales: la lucha por las centenarias Cocheras de Cuatro Caminos

Las palas excavadoras arrancan los tejados de las naves industriales que hasta hace poco albergaban los trenes del Metro de Madrid. Están trabajando en la parte sur de la Cocheras de Cuatro Caminos, el primer hangar del suburbano madrileño, donde se acumulan escombros y amasijos de hierros. En paralelo, los tejados de sierra de la parte norte están desapareciendo, al igual que los postes y el cableado eléctrico situados a la entrada del túnel –hoy sellado– por el que los convoys accedían a las cocheras. Son los trabajos previos para acabar construyendo varios edificios y 443 viviendas en el solar.

El Ayuntamiento concedió la licencia de demolición el verano pasado, aunque se hizo pública en febrero, y tanto la cooperativa de viviendas como Metro de Madrid están ejecutando el desmontaje desde hace tres semanas –como adelantó Somos Chamberí–, aunque en los últimos días se ha hecho más evidente con la aparición de las excavadoras. La irrupción de las máquinas en esta parcela de más de 42.000 metros cuadrados también puso en alerta a muchos vecinos y asociaciones en defensa del patrimonio, que mantienen una pelea abierta en los tribunales sobre el valor de las Cocheras y consideran “derribos ilegales” parte de las actuaciones.

“No tiene sentido que permitan empezar la segunda fase del derribo cuando todavía no han acabado la primera”, se quejan desde la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), que desde hace unos años intenta proteger este enclave industrial. Se refiere a la licencia de demolición del Ayuntamiento, que se dividió en dos fases –una para la zona sur y otra para el norte–, la segunda de ellas condicionada a que hubiera un pronunciamiento judicial sobre el valor histórico de las Cocheras. “Puede suceder que cuando acabe el proceso judicial se concluya que hay que conservar esta zona y ya esté todo demolido”, lamentan.

De momento, asociaciones y vecinos denuncian que el desmontaje no se atiene al contenido de la licencia y que los desmontajes de la uralita en la zona histórica no están aún permitidos. Incluso se plantean denunciar al Ayuntamiento por permitir una actuación a sabiendas de su ilegalidad.

El Ayuntamiento de Madrid defiende que la actuación se está ajustando de momento a lo concedido: “La licencia de demolición deja muy claro lo que se puede hacer y lo que no”, explican a este medio fuentes del área de Desarrollo Urbano. “Se están desmontando las placas de fibrocemento y, por su parte, Metro está haciendo también el desmontaje de sus instalaciones”, añaden. Este medio también ha preguntado por las actuaciones a Ibosa, promotora de la cooperativa Residencial Metropolitan, que construirá las viviendas, sin que haya contestado todavía a sus preguntas.

BIC y Plan General

La clave de este caso es la protección de los elementos históricos de las Cocheras. Hasta el momento solo se reconoce legalmente la del arco de entrada al túnel y unos 75 metros lineales del muro Este, que corresponden al cerramiento de planta baja de la demolida Casa Tuduri y a seis módulos más. Una pequeña parte de todo el entorno de la zona norte, que permanece en pie desde 1919, año del primer viaje del Metro en Madrid. “Estos se tienen que proteger durante las obras”, puntualizan fuentes municipales sobre los tres elementos citados. Las instalaciones se fueron reformando y ampliando, aunque las asociaciones apostaron por pedir la declaración de Bien de Interés cultural (BIC) de todo el conjunto de la zona norte (la parte roja en el plano superior) cuando Metro de Madrid vendió su solar a la cooperativa Residencial Metropolitan en una subasta, en el año 2014, previo aumento de la edificabilidad durante el mandato de Ignacio González como presidente regional. “Que se proteja solo una zona perimetral es una arbitrariedad”, recalcan desde MCyP.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó el valor patrimonial del conjunto en una sentencia de este mismo 2021, pero MCyP recurrió el fallo judicial en casación, por lo que todavía no es firme. La asociación considera que este lugar debe ser considerado BIC por su valor industrial e histórico, además de asegurar que las cocheras fueron diseñadas por Antonio Palacios, el arquitecto del suburbano madrileño en aquella época, otra discusión que va en paralelo –hay algunos documentos que lo indican– y que tiene algo más de simbólico que de influencia real en la decisión final de los tribunales.

El recurso en el TSJM no es la única vía judicial abierta en este solar situado entre Chamberí y Tetuán. Los tribunales están a punto de fallar sobre el contencioso presentado contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Esta demanda la ha presentado MCyP junto a las asociaciones vecinales Parque Sí y Corazón Verde Chamberí, que observan siete posibles vías de agua por las que el plan urbanístico podría naufragar, entre ellas el incremento de la edificabilidad lucrativa residencial, las cesiones mínimas de suelo para equipamientos públicos o la falta de un estudio de viabilidad económica. Si se estima, la parcela perdería un gran porcentaje de su edificabilidad (hasta 150 de las 443 viviendas previstas, calculan los demandantes). Y si es desestimada, todavía queda una demanda contra el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento, que las mismas organizaciones confían en tumbar si es necesario. Aunque creen que les darán la razón antes. “Lo vamos a dar todo por conseguirlo”.

Una torre de más de 100 metros y mucha política

“Los cooperativistas nos acusan de acoso judicial, pero en realidad es que los juzgados son la única herramienta que nos han dejado ante una apisonadora de corrupción y prevaricación, no se han abierto a ninguna negociación política”, explican desde MCyP, que afirman no tener nada en contra de las 443 personas que se embarcaron en el proyecto junto a Ibosa. “Les vendieron un activo tóxico, ese es el problema”, añaden mientras lamentan que desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se negaran a que las viviendas que se planean construir convivieran con un Museo del Metro en la zona norte del solar, que conservara las cocheras históricas.

El proyecto promovido por Residencial Metropolitan S. Coop. Mad. fue aprobado de forma definitiva en julio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid. Votaron a favor PP, Ciudadanos, Vox y Más Madrid. Solo el PSOE se opuso a esta operación urbanística que sacó adelante el gobierno de Almeida pero que dejó lista el de Manuela Carmena. Según lo aprobado, Metro de Madrid construirá en el subsuelo sus nuevas cocheras, mientras que en la superficie de la parcela se construyen 58.500 metros cuadrados de viviendas divididas en varios edificios, uno de ellos una torre de 105 metros de altura que marcará un nuevo perfil en el cielo de esta zona de Madrid.

La parcela se vendió por unos 88 millones de euros, de los que 30 se pagarían en especie con la construcción de los equipamientos públicos para Comunidad y Ayuntamiento. En el momento de su aprobación, el Ayuntamiento de Madrid calculaba que las obras de construcción de las viviendas durarían cinco años y puso como fecha de ocupación de las viviendas agosto de 2024. A día de hoy nadie puede calcular cuándo se levantarán finalmente estos edificios, que ya llevan un considerable retraso frente a los planes municipales. De momento, la demolición avanza.