Más presión para las Viviendas de Uso Turístico, que comienzan a resultar un negocio incómodo para los políticos en Madrid. Si la pasada primavera fue el alcalde de la capital el que impuso severas restricciones a su apertura, ahora es el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el que prepara nuevas limitaciones a su expansión con un decreto en el que prohibirá operar a muchos de ellos.
La Comunidad de Madrid está perfilando un decreto con el que vetará el uso turístico en todas las viviendas de protección pública, según el informe que ha estudiado hoy en el Consejo de Gobierno y que saldrá en breve a información pública. También prohibirá los pisos turísticos en las comunidades de propietarios que lo hayan aprobado así en sus estatutos, adaptando de esta forma la normativa regional al contenido de varias sentencias sobre la materia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Entre las medidas que contemplará el nuevo decreto, según lo avanzado por el Gobierno regional este miércoles, se encuentra la obligación de que sean los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico y no los propietarios de la vivienda, los que estén obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad.
Y como punto importante, el texto dará luz verde a que los ayuntamientos puedan “ introducir, cuando proceda, las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas”.
La Comunidad de Madrid exigirán diferentes requisitos adicionales a los actuales para las Viviendas de Uso Turístico (VUT) sin detallar todavía cuáles serán. Y considera que estos cambios van dirigidos a “garantizar la calidad del producto turístico y a salvaguardar la protección de los derechos de los usuarios”.
Además de estas medidas, el Gobierno de Ayuso prepara un refuerzo en el equipo de inspectores, que duplicará en número. A los 16 existentes se les sumarán otros 17, cuatro de ellos asignados a la aplicación del nuevo reglamento de la UE sobre el alquiler de corta duración.
Por último, la Comunidad de Madrid prepara un endurecimiento de las sanciones a los que incumplan la normativa sobre vivienda turística, en la línea con las multas desde 30.000 euros anunciadas por José Luis Martínez-Almeida hace unos meses. También mejorará el “intercambio de información con los municipios de la región”, asegura el Gobierno regional.