“Cuando me toca a mí actuar es que varios resortes antes han fracasado. Lo que hacemos es reaccionar ante una situación, pero previamente lo que hay que hacer es un plan integral y actuar desde determinados sectores”, ha dicho la Delegada del Gobierno, Mercedes González, en declaraciones a Telemadrid, recogida por Europa Press, sobre la situación de inseguridad que se da en Lavapiés.
González fue muy directa y culpó al Ayuntamiento del problema de droga que hay actualmente en Lavapiés y del derivado problema de inseguridad, afirmando que Almeida “no ha actuado a tiempo y ha mirado para otro lado”.
La representante del Gobierno central en Madrid ha recordado que el Ayuntamiento “tiene un arma importantísima que es Madrid Salud y la atención a la drogodependencia” y que “desde el inicio de la pandemia se empezó a detectar algunos drogodependientes por las calles, en San Blas, Villaverde o Lavapiés. Y ese deterioro concluye con lo que estamos viendo en Lavapiés”.
“No es solo un tema de seguridad, sino de integración social, servicios sociales y atención a la drogodependencia. Se están viendo escenas que no veíamos desde los 80 en determinados barrios. Si hubiéramos actuado hace dos años y medio no tendríamos esta situación, si se actuara de una manera integral por parte de todos los departamentos del Ayuntamiento no tendríamos ahí este problema”, ha dicho la delegada del Gobierno quien, no obstante, llegado al punto ya en el que estamos añadió después: “Pero vamos a dejar de tirarnos la pelota los unos a los otros y coordinémonos entre todos”.
Seguidamente, reconoció estar en contacto con el concejal de Centro, José Fernández, para mantener un encuentro conjunto con Policía Nacional y Municipal y colectivos vecinales de Lavapiés para que este barrio “siga siendo el de la multiculturalidad, convivencia y tranquilidad”. Ese mismo encuentro es el que anticipó Fernández a los colectivos vecinales con los que se reunió el pasado jueves con la intención de desactivar las protestas por el “abandono institucional” de la zona que denuncian muchos habitantes del barrio.
En esa reunión Fernández listó lo que el Consistorio ha hecho en el barrio a lo largo de la legislatura y se encomendó a Delegación de Gobierno en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de narcopisos por estar esos temas dentro de su negociado.
Por otra parte, el pasado viernes era también Martínez-Almeida quien prometía poner “todos los medios al servicio de Delegación del Gobierno” para acabar con la inseguridad en zonas con problemas como Lavapiés y Villaverde
“Entendimiento total y absoluto de la situación en que se encuentran los vecinos de Lavapiés, los vecinos de Villaverde; tenemos que transmitir un mensaje firme y contundente en el ámbito de la seguridad, lo tiene que hacer la Delegación del Gobierno, nosotros le brindamos todo nuestro apoyo a la Delegación del Gobierno, pero también que tengan la seguridad de que tenemos unos Servicios Sociales que en todo momento van a estar ahí dispuestos a prestar toda la ayuda que sea necesaria”, dijo entonces el primer edil.
Volviendo de nuevo a las palabras de la Delegada del Gobierno, a la que la vicealcaldesa Begoña Villacís ha acusado de “desleal”, en respuesta a su crítica hacia el Ayuntamiento, podemos decir que se alinean con las expresadas anteriormente por grupos políticos municipales como Más Madrid y PSOE, que han reclamado planes integrales para el barrio y denunciado “abandono institucional”.
También van en la línea de lo que opinan los colectivos de Lavapiés que más tiempo llevan luchando a pie de calle por mejorar el barrio y que tampoco creen que la solución a los problemas de la zona llegue por vía policial.
La Asociación La Corrala, por ejemplo, asegura que no cabe ni un policía más en el barrio y que el problema es social, mientras que otros colectivos afirman que “Lavapiés está en alerta policial permanentemente, con coches de policía recorriendo calles a gran velocidad mientras que las sirenas no paran de sonar” y aseguran que para convivir lo que es necesario es que todo el mundo pueda tener cubiertas sus necesidades básicas, por lo que “el gasto público debe ser invertido en proyectos sociales y no en represión”.
Por su parte, la plataforma #LavapiésDenuncia mantiene la cacerolada convocada en la plaza de la Villa para este miércoles, coincidiendo con el pleno de octubre de la Junta Municipal de Centro, y con la que quieren seguir protestando por los problemas de seguridad, narcotráfico y “abandono institucional” que dicen que sufre el barrio.
En su empeño para demostrar a los vecinos que Lavapiés sí importa a este Ayuntamiento, en la reunión mantenida el pasado jueves por el concejal de Centro, José Fernández, con colectivos de Embajadores, éste sacó a pasear cifras de gasto en servicios sociales y de ratios de trabajadores sociales por habitantes.
Así el concejal dio datos como que el 53% del gasto en servicios sociales de todo el distrito recae en Embajadores, o que hay un trabajador social por cada 4.500 habitantes mientras que en otras zonas de la capital ese ratio es de uno por cada 6.000 personas.
Fernández, también dijo que el Plan contra la droga del Ayuntamiento de Madrid (2022-2026) está dotado con 24 millones de euros y que va a tener como una de sus prioridades el barrio de Lavapiés.
En cualquier caso, todas estas cifras sonaron a insuficientes a la mayoría de colectivos que asistieron a la citada reunión con el concejal, y con los que ha podido hablar este periódico, al tener la certeza de que no llegan para atender las necesidades de los habitantes del barrio.