El pasado martes Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, reaccionaba en twitter a la información publicada por Somos Lavapiés al respecto de las dudas que tiene el propietario del número 24 de la calle Amparo -antigua Quimera- sobre lo que hacer con el inmueble con el siguiente mensaje: “Tener edificios enteros vacíos debería estar prohibido. El Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto y expropiar Amparo 24 para hacer vivienda pública y espacios sociales que revitalicen el barrio”.
A votación en el próximo pleno del distrito
Lejos de quedarse en un eslogan, la sentencia de la líder de Más Madrid se transformaba un día después en una proposición formal de su grupo que será objeto de debate y votación en el próximo pleno de la Junta Municipal de Centro, el cual se celebrará el miércoles 19 de octubre:
“Ante la situación de abandono del edificio sito en la calle Amparo nº 24, conocido como La Quimera, por parte de su propietario durante más de cuatro décadas, con los consiguientes problemas de convivencia, salubridad y seguridad que ello ha provocado, desde el Grupo Municipal de Más Madrid proponemos a la Junta Municipal de Distrito a que se inste a los órganos competentes a:
-Solicitar al propietario la cesión del inmueble mediante convenio con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, con el fin de acondicionar y ofertar las viviendas en régimen de arrendamiento y de forma asequible, en el marco del programa Reviva Madrid, por ser el barrio de Embajadores una de las zonas de la ciudad con el precio de los alquileres más tensionado.
-En caso de que el propietario rechace la cesión, iniciar un procedimiento de expropiación del inmueble atendiendo a la situación de abandono del edificio y al espíritu del artículo 33.2 de la Constitución Española que consagra la función social de la propiedad privada“.
Si bien en el anterior pleno del distrito, con el edificio aún okupado, Más Madrid ya había insinuado que pensaba en una posible expropiación del inmueble ante la inacción de la propiedad y los problemas que su situación ocasionaba en el vecindario, ahora, una vez desalojado y sin que, aparentemente, el dueño del mismo sepa qué hacer con él, este grupo municipal deja claro que hará todo lo posible para que Amparo 24 no pueda permanecer más tiempo sin uso.
De este modo y previendo que la propiedad permanezca tan indecisa respecto al futuro del edificio como lo ha estado en los últimos 50 años, Más Madrid aboga, tal y como vemos en el texto de la proposición, por negociar una cesión con la propiedad.
“Dependería de lo que se pueda pactar, pero en nuestra cabeza está que el Ayuntamiento, por ejemplo, pudiera encargarse de la reforma del edificio y de ponerlo en uso a cambio de equis años de cesión en los que el propietario no tendría gasto alguno y, obviamente, conservaría la propiedad”, explican desde el grupo municipal, apuntando que este tipo de acuerdo podría encajarse en un programa como el Reviva de la Empresa Municipal de la Vivienda, a través del cual se recuperan viviendas vacías para el mercado del alquiler ofreciendo a sus propietarios un abanico de garantías y de ventajas establecidas.
La opción de la expropiación solo se activaría en caso de que la anterior negociación no prosperara y que el propietario persistiera, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, en no hacer nada con el inmueble.
Aunque algunos vecinos de Amparo 24 que han podido hablar con el propietario del edificio aseguran que no está dispuesto a vender, el precio estimado en el mercado del inmueble estaría por encima de 2 millones de euros.
Expropiación, una figura no tan extraña
Según la Comunidad de Madrid, un procedimiento expropiatorio forzoso consistente “en la privación de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos que se tengan sobre un patrimonio” se puede dar “por causa de utilidad pública o interés social” y “su ejecución debe quedar suficientemente motivada”, siendo
La titularidad de la potestad expropiatoria corresponde únicamente al Estado, a la Comunidad Autónoma o, como sería en este caso, a los municipios y la Administración y el expropiado deben convenir el justo precio de la propiedad de mutuo acuerdo, o bien acudir a lo que dicte el Jurado Territorial de Expropiación.