Multas de 6.000 euros de la Comunidad de Madrid a pisos turísticos ilegales denunciados por vecinos

Se avecina lluvia de sanciones para las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que operan en Madrid sin los papeles en regla. Las primeras han llegado esta misma semana a los propietarios de tres pisos que fueron denunciados hace meses por asociaciones vecinales del centro de Madrid, como demuestran las notificaciones de la Comunidad de Madrid publicadas sobre estas líneas, a las que ha tenido acceso Somos Madrid y que fueron recibidas el pasado miércoles.

La Dirección General de Turismo ha emitido varias sanciones de multas de 6.000 € por incumplir la legislación regional en materia de vivienda turística, todas ellas en el distrito Centro y una situada en la calle Huertas. En algunos casos, además, ha eliminado a las compañías gestoras del Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid.

Las sanciones son el resultado final de las denuncias presentadas por la Asociación de Vecinos de Sol y Letras, que lleva más de seis años denunciando las ilegalidades de las empresas y particulares que operan en pisos turísticos en Madrid sin contar con respaldo legal para esta actividad. La mayoría operan sobre pisos de uso residencial y no cuentan con la pertinente licencia de cambio de uso, que les permita ejercer actividad económica en un local de uso terciario para hospedaje.

Muchos de los miles de pisos turísticos que actualmente funcionan en Madrid se inscribieron en el registro de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad de Madrid con una simple declaración responsable, en la que aseguraban contar “con los preceptivos permisos y licencias exigibles por otras Administraciones y Organismos Públicos”. Sin embargo, la falta de licencia municipal para ejercer su actividad de la que adolecen muchos de ellos están facilitando estas primeras sanciones, así como también la apertura de otros expedientes por parte del Ayuntamiento de Madrid.

“Se ha demostrado que teníamos razón”, dice el presidente de la asociación de vecinos, Víctor Rey. “Lo trágico es que se haya perdido muchísimo tiempo en decretar estas sanciones”, añade a la vez que valora el “varapalo” que supone una multa de este volumen para cada vivienda turística: “Mucha gente se lo tendrá que pensar antes de abrir una actividad ilegal en Madrid”.

Las tres multas indicadas son las primeras pero vendrán más: a lo largo del verano la Comunidad de Madrid notificó a esta asociación y a La Corrala de Lavapiés que iniciaba 44 expedientes sancionadores a otros tantos pisos turísticos que podían estar incumpliendo la normativa turística regional. En las próximas semanas esperan que se sancionen a más de una veintena, justo cuando la actividad turística empieza a repuntar en la capital. “Durante la pandemia muchas viviendas turísticas han pasado a tener actividad residencial, pero están volviendo a surgir con la vuelta a la normalidad”, advierte Víctor Rey, quien recuerda también las molestias que originaron las fiestas ilegales en los pisos turísticos durante los toques de queda.

Una batalla que dura seis años

Las asociaciones de vecinos de Centro llevan advirtiendo del problema de los pisos turísticos desde el año 2015, cuando detectaron que empezaban a multiplicarse y a generar conflictos en sus barrios. A partir del año 2017 comienzan las primeras denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid, después de detectar un resquicio legal en el PGOU de la capital que podía servir para poner freno a un sector por aquel entonces totalmente desregulado.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en marzo de 2019 una legislación para limitar los cambios de uso (de residencial a terciario hospedaje) y frenar así la conversión de viviendas en pisos turísticos mediante el freno a las licencias municipales. El plan fue refrendado después por la justicia, aunque con la llegada de Almeida el área de Desarrollo Urbano está intentando cambiarlo para permitir abrir VUT en bajos y en algunos primeros. A la vez, se han iniciado procedimientos administrativos desde la Agencia de Actividades municipal sobre más de 1.600 VUT. Muchas de ellas fueron señaladas por las asociaciones de vecinos citadas, después de un largo trabajo de recopilación de datos y de burocracia para presentar todas las demandas.

“Las administraciones tienen que cumplir con la obligación de sancionar, no les queda otra cuando se incumple la ley”, afirma Víctor Rey, que anima a los ciudadanos a seguir denunciando el que considera uno de los problemas más graves que viven los habitantes del distrito Centro. Los que quieran hacerlo a través de su asociación pueden dirigirse a ellos en el email aavv.solybarriodelasletras@gmail.com o en su local físico, ubicado en la C/ San Damián.