El TSJM ya tramita la denuncia de Rivas contra el Gobierno de Ayuso sobre la Ley de Vivienda por no aplicar la zona tensionada

La justicia regional decidirá si el Gobierno de Ayuso ha de permitir aplicar o no la Ley de Vivienda en su totalidad. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite este martes el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Comunidad por la negativa del Gobierno regional a tramitar su solicitud para declarar al municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado.

En el auto, el tribunal concede a la Comunidad de Madrid un plazo de 20 días para remitir el expediente que resuelve la solicitud de Rivas, que fue desestimada por silencio administrativo por parte de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestrcuturas de la Comunidad de Madrid. El consistorio ripense presentó su demanda la semana pasada al considerar que el Gobierno de Ayuso tenía que tramitar la declaración de zona tensionada para el municipio, como establece la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

“Siempre vamos a defender los derechos de la ciudadanía ripense, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para garantizar su acceso a la vivienda”, ha declarado este martes la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, recordando al Gobierno regional que “no puede decidir de forma arbitraria qué leyes se aplican y cúales no en función de su agrado con las mismas”.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid considera que la inacción de Ayuso “está perjudicando gravemente a las familias de Rivas, que no pueden acceder a las medidas excepcionales que contempla la nueva ley estatal de vivienda”. Por ello, el pasado 25 de septiembre pidió la declaración formal de zona tensionada, al cumplir con los requisitos recogidos en la Ley de Vivienda. Pero la Consejería de Transportes y Vivienda rechazó iniciar el procedimiento, argumentando que había recurrido la normativa estatal ante el Tribunal Constitucional.

Aunque el consistorio ripense recordó que la interposición de un recurso no suspende la aplicación de la ley, el pasado 11 de diciembre envió un requerimiento formal a la citada consejería, instándole a cumplir con la normativa vigente y poner en marcha el procedimiento. Como el órgano regional lo ignoró, quedaba agotada la vía administrativa. Por ello, la semana pasada recurrió al TSJM para obligar al Gobierno regional a tramitar su solicitud.

En el caso de que este municipio fuera declarado zona tensionada, Rivas Vaciamadrid aplicaría las medidas incluidas en el plan que acompañó la solicitud, como una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento después de la finalización del contrato o que los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior, con una excepción de una posible subida del 10% si se hubiesen efectuado obras de rehabilitación o mejora de la vivienda.