Una ley más que muere por el camino. El Gobierno de Ángel Garrido no podrá sacar adelante la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. La norma, una de las grandes reformas impulsadas por la expresidenta Cristina Cifuentes, ha encallado en la Asamblea de Madrid a tres meses de las elecciones autonómicas. La ponencia, formada el grupo de parlamentarios que debaten las enmiendas y van redactando la ley en función de los acuerdos, se ha dado por interrumpida este lunes tras meses de trabajo por la falta de acuerdo entre los grupos y también de tiempo.
El PP acusa a Ciudadanos de dar bandazos en su posición respecto a la norma. “Es una postura que no entendemos. Después de haber estado tanto tiempo trabajando, Ciudadanos ha cambiado de opinión y ha votado en contra de la misma”, asegura Ángel Ramos, portavoz del grupo en la Comisión de Medio Ambiente.
El vicepresidente del Gobierno, Pedro Rollán, ha tildado a Ciudadanos por este motivo de “partido oportunista”. “Ciudadanos está anteponiendo sus intereses electorales a los intereses de los madrileños. No quieren salir en la foto en una ley que ha sido propiciada por el Partido Popular aunque sea beneficiosa para los municipios de la región”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes. En sus declaraciones, Rollán admite que la norma era “beneficiosa para la iniciativa privada”.
Los conservadores trataron de aprobar la ley, rechazada por los ecologistas y PSOE y Podemos, por lectura única. Es decir, sin terminar de debatir todos los artículos en la ponencia con el fin de elaborar un dictamen y llevarlo a pleno antes de la disolución de la Asamblea por la convocatoria electoral. Pero Ciudadanos se opuso.
El diputado de la formación naranja Enrique Veloso considera que el PP ha “desnaturalizado” algunas de las enmiendas que proponía su grupo en el debate en la ponencia y que es “responsabilidad” de los conservadores “encabezar un acuerdo amplio para conseguir la mayoría necesaria en una ley muy importante”. “La ley del suelo y el desarrollo de Madrid no pueden frenarse por la cabezonería del PP de imponer su rodillo parlamentario y no pactar con el resto”, añade Veloso, que señala a los populares por retrasar durante tres meses la convocatoria de la ponencia.
Podemos considera que el freno a la ley es una “buena noticia”. “El rechazo era mayoritario y al final Ciudadanos ha tenido que rendirse ante esa evidencia”, asegura Laura Díaz, diputada de la formación morada y parte de la ponencia. Díaz calcula que a la norma le “quedaba al menos un trabajo de cuatro o cinco meses”. “Había muchas cosas pendientes de análisis”, apunta.
Su grupo, como el PSOE, presentó cientos de enmiendas que se han debatido una a una para reformar los más de 270 artículos de una ley compleja que toca asuntos tan importantes como los usos del suelo o la protección del patrimonio. La norma actual data de 2001 y fue reformada por Esperanza Aguirre e Ignacio González hasta en 13 ocasiones a través de decretos.
“Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con una ley tan larga que, además, no protege nuestro rico patrimonio ambiental dando usos excesivos al suelo protegido o legalizando, porque sí, la gran cantidad de urbanizaciones ilegales que el PP ha dejado desarrollar en la Comunidad de Madrid”, afirma, por su parte, Rafael Gómez Montoya, del PSOE. El vicepresidente del Gobierno regional ha admitido este martes, en este sentido, que la ley habría “permitido otorgar seguridad jurídica al urbanismo, colapsado por procesos judiciales”.
El proyecto de ley fue presentado por Cristina Cifuentes como el “más importante de la legislatura” y ha quedado, como ya pasó con la ley de Universidades (LEMES) o las normas de regeneración democrática, en un cajón.