La Dirección General de Control de la Edificación del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid ha concedido, el pasado 5 de diciembre, la licencia urbanística municipal que permitirá iniciar los trabajos de demolición de las instalaciones de golf existentes sobre la parcela del Tercer Depósito del Canal de Isabel II en la avenida de Filipinas, en el distrito de Chamberí.
Según ha informado el Ayuntamiento, el desmantelamiento de las instalaciones de golf supone un “hito fundamental” para poner fin a diez años de “lucha vecinal”, liderada por la asociación 'Parque Sí en Chamberí', con el apoyo de las asociaciones 'El Organillo' y 'Corazón Verde', en demanda de más zonas verdes y de deporte de base para los vecinos del distrito.
Desde el mes de febrero, las instalaciones de prácticas de golf permanecen clausuradas por parte del Canal a la espera de su demolición, en cumplimiento de la sentencia de septiembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anulaba el Plan Especial que la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 con objeto de legalizar el conjunto de usos situados sobre la parcela.
Tras la clausura de las instalaciones, el Canal de Isabel II redactó el proyecto de demolición con el que solicitó la preceptiva licencia municipal para ejecutar las obras de desmontaje de mástiles, galerías de lanzamiento y cerramientos de los espacios destinados a la práctica de golf.
Durante la tramitación, se requirió del aporte de documentación adicional por parte de Canal de Isabel II para completar la información y subsanar deficiencias en su solicitud, necesarias para la concesión de la licencia.
Cómo es el proyecto de reconversión
Las instalaciones de golf darán paso, una vez finalice su anunciada reconversión, a casi 50.000 metros cuadrados de nuevas zonas ajardinadas, pistas deportivas y áreas estanciales, atendiendo al proceso participativo impulsado por las asociaciones.
El Ayuntamiento de Madrid ha manifestado su compromiso de mantener, “en todo momento, una total colaboración con vecinos, asociaciones, Canal de Isabel II y Comunidad de Madrid, de cara a impulsar conjuntamente este proceso”.
Esta colaboración no se limita a la citada parcela del Tercer Depósito en Islas Filipinas, sino que se extiende a otros recintos propiedad del Canal en el distrito, “y que constituyen el principal potencial de Chamberí para poder superar el déficit histórico en superficies de zonas verdes disponibles para su público uso y disfrute”.
Según el Ayuntamiento, ejemplo de ello está siendo la mutua cooperación con el Canal de Isabel II en la tramitación por parte del Ayuntamiento de Madrid de un convenio urbanístico, iniciado a instancias del Distrito de Chamberí, para obtener la parcela situada en Cea Bermúdez nº 2, junto a los jardines municipales de Enrique Herreros, cuya cesión por parte del Canal al Consistorio se encontraba paralizada desde hace una década. Dicho Convenio supondrá para el Ayuntamiento el poder disponer de una parcela de 4.095 metros cuadrados, que será destinada a nueva zona verde y equipamientos.
Del mismo modo, el Canal de Isabel II ha anunciado que se abrirá el área ajardinada en torno al Depósito Elevado de Santa Engracia, dando así respuesta a la demanda de las asociaciones que pedían también la apertura de los jardines del Depósito segundo, situado entre Santa Engracia y Bravo Murillo. Para ello, la Junta Municipal de Chamberí está prestando “toda la colaboración necesaria” para agilizar la concesión de la oportuna licencia.
Es una zona en la que se está trabajando para desarrollar las posibilidades como espacio de zonas verdes y equipamientos que podría ser complementada con una remodelación de la calle en dicho tramo para generar en el ámbito una gran zona arbolada y ajardinada.
Zona no afectada por la sentencia
En el mes de febrero se produjo la legalización de los usos y actividades de los espacios libres dedicados a las zonas deportivas básicas, en el entorno del depósito tercero situado junto a la avenida de Islas Filipinas. Se trata de la zona que no estaba afectada por la sentencia judicial de 2016 contra el Plan Especial aprobado en 2013.
Dichos usos quedaron amparados por su compatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y fueron legalizados en virtud del procedimiento iniciado por la Comunidad de Madrid, conforme al artículo 161 de la Ley del Suelo, una vez que el Ayuntamiento emitió el informe favorable declarando su viabilidad urbanística.
Por su parte, las superficies actualmente ocupadas por las pistas de golf quedarán finalmente legalizadas en el momento en que se tramite la oportuna licencia municipal tras su demolición, la cual no ha sido todavía solicitada por parte del Canal.
Para ello, la empresa pública de agua se encuentra ultimando el acuerdo previo con 'Parque Sí en Chamberí' respecto al proyecto de reconversión definitivo, conforme al proceso participativo impulsado en los últimos años por las entidades vecinales.
Igualmente, el edificio anteriormente utilizado como restaurante, quedará reconocido en la legalidad del PGOU vigente con el uso final de pabellón deportivo multiusos.
300.000 euros de demolición
Por su parte, hace unas semanas el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, explicó que el campo de golf del tercer depósito del Canal de Isabel II estará demolido a mediados de 2018, momento en el que se empezarán a construir las nuevas instalaciones de la zona.
Como recordaba, el Canal estaba pendiente de recibir la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid para demoler el campo de golf en sus instalaciones de Chamberí para desplegar instalaciones deportivas básicas en el distrito y estimaba que el proceso dure entre 18 o 24 meses.
El coste de la demolición y desmontaje tiene un importe de 300.000 euros (la oferta económica más baja) y se estaba a la espera de obtener la licencia municipal, pues las labores implicarán también ciertos cortes al tráfico, explicó Garrido.
Por otro lado, y sobre los futuros usos deportivos y de equipamiento, se presentará muy pronto un proyecto concreto con “consenso” con las entidades vecinales y el Ayuntamiento de la capital, señaló entonces Garrido.