Dos vigilantes de seguridad del intercambiador de Avenida de América, en Madrid, agreden a un hombre negro que permanecía de pie apoyado en la pared. Tras la agresión inicial, la víctima cae al suelo y es empujado hasta las escaleras mecánicas, donde uno de los vigilante continúa zarandeándole y propinándole puñetazos, sin que oponga resistencia, hasta que llega a la parte superior y es arrastrado hasta la calle, según se aprecia en un vídeo de las cámaras de seguridad al que ha tenido acceso LaSexta.
La víctima, un joven de Congo que vive desde hace seis años en España y que actualmente se encuentra en situación de calle, ha denunciado este mismo jueves la agresión. Esta tuvo lugar el pasado 27 de julio, alrededor de las dos y diez de la mañana, poco antes de la hora del cierre de esta instalación, cuando entró a utilizar el servicio.
Tal y como ha podido saber este medio, según su relato la agresión comenzó sin mediar ningún tipo de provocación. Como se aprecia en las imágenes, el joven no opone resistencia en ningún momento.
El intercambiador de Avenida de América pertenece a la Comunidad de Madrid, cuya gestión tiene concedida a una empresa que, a su vez, contrata a otra, Grupo Seguridad Integral, la seguridad. Tras conocer la existencia de estas imágenes, la Consejería de Transporte ha abierto un expediente informativo a fin de recabar todos los datos y determinar si deben tomarse otras medidas adicionales.
Por el momento, según fuentes de la Consejería, la empresa de seguridad ya ha despedido de forma disciplinaria a uno de los agresores -el del chaleco-, el que más violencia ejerce sobre el hombre, aunque se desconoce la situación de su compañero. Para SOS Racismo Madrid este es también “observador y cómplice” por lo que exigente que “se tomen medidas” porque “no se ve que intente frenar la agresión o ayudar a la persona agredida”.
Este nuevo vídeo demuestra que las agresiones racistas “no son hechos aislados, son prácticas racistas institucionalizadas que ocurren en toda la red de transporte público del estado español, que afectan a determinados cuerpos y vidas, los de las personas migrantes y racializadas sobre las que se ejerce violencia”, denuncia la presidenta de SOS Racismo Madrid, Paula Guerra.
Desde la organización, Guerra exige que tanto “las empresas que proporcionan guardias como las propias administraciones tengan protocolos de actuación para impedir que estas prácticas se sigan produciendo y poder sancionarlas y perseguir a los culpables en caso de que se produzcan”, además de que se contemple “la reparación económica para las víctimas que, muchas veces, se quedan con graves secuelas psicológicas, temor a la hora de volver a la red de transporte pública o ante personal uniformado”.