La portada de mañana
Acceder
Israel no da respiro a la población de Gaza mientras se dilatan las negociaciones
Los salarios más altos aportarán una “cuota de solidaridad” para pensiones
Opinión - Por el WhatsApp muere el pez. Por Isaac Rosa

El comisario Villarejo reaparece para acusar a través de una asociación a dos concejales de Carmena por el Open

El empresario y excomisario de Policía José Manuel Villarejo se ha personado como acusación popular contra los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que este lunes declaran ante la juez después de que admitiera a trámite una querella del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. 

La oposición en la capital acusa a ambos ediles de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario por el encargo de unos informes jurídicos externos pagados por Madrid Destino cuando eran directivos de la empresa pública. 

El polémico policía, uno de los máximos exponentes de las cloacas del Estado que han maniobrado con fondos de Interior para perjudicar a rivales políticos del Partido Popular, ha irrumpido en este caso a través de una de las asociaciones que maneja. Al frente de Transparencia y Justicia, la entidad que se adhirió según ha podido saber eldiario.es en julio a la querella presentada en abril por el PP, está el abogado Rafael Redondo, socio del entramado empresarial que ha manejado el excomisario durante años.

No es la primera vez que Transparencia y Justicia se persona en casos de corrupción o que afectan a importantes dirigentes políticos. La misma asociación ya estuvo presente en el sumario Lezo que mandó a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la trama Campeón, por la que fue imputado y finalmente exonerado el exministro de Fomento socialista José Blanco. También lo intentó en el caso del Pequeño Nicolás pero el juez lo rechazó aludiendo a “un interés directo en la causa” por parte de Villarejo. 

¿Por qué Transparencia y Justicia entra en todas estas causas? Según sus rivales políticos, no se trata tanto de ejercer la acusación como de obtener de primera mano la información incorporada al sumario. En el caso de la fuga que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre protagonizó en la Gran Vía de Madrid cuando un grupo de policías le dieron el alto tras verla aparcada en un carril bus, la organización de Villarejo fue determinante en el proceso judicial. La asociación del comisario decidió no recurrir el archivo de la causa contra Aguirre, pese a que supuestamente estaba personada con ese objetivo. Esta decisión de la asociación de Villarejo fue clave para que Aguirre se librara de los juzgados.

En la causa que atañe a los concejales de Ahora Madrid puede haber un interés más: mantener la acusación viva en caso de que el juzgado rechace la querella del grupo municipal del PP por un defecto de forma.

Los letrados que defienden a los concejales de Ahora Madrid presentaron el 3 de julio un escrito ante la juez que instruye la causa, Teresa Abad Arranz, solicitando la acreditación de la personalidad jurídica del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos municipales en los ayuntamientos, argumentaron, carecen de dicha personalidad jurídica para interponer querellas como recoge numerosa jurisprudencia.

Apenas cuatro días después, el 7 de julio, la asociación de Villarejo pidió su entrada en la causa. Esta decisión evitaría que el caso se archivara de plano si finalmente la juez admite los argumentos de la defensa.

Sánchez Mato y Celia Mayer declaran ante la juez

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, declaran este lunes en el juzgado de instrucción número 21 de Madrid “en concepto de querellados”. En la declaración ante la jueza de instrucción, estarán presentes como acusaciones el PP representado por un abogado y  la citada Transparencia y Justicia.

Tras escuchar su testimonio en los juzgados de Plaza de Castilla, la juez tendrá que decidir si archiva la causa, imputa formalmente a los ediles o cita a nuevos testigos antes de tomar una decisión. Si la investigación sigue adelante con los concejales imputados por delitos concretos, el asunto se complicará en el Gobierno municipal.

Carmena, que ha defendido hasta ahora que sus concejales no están imputados, se comprometió a destituirles si el asunto sigue su curso en los tribunales: “Si hay una imputación formal, mi postura será clara y determinante”. Luego, rectificó en una posterior entrevista en ABC. El debate en el seno del Gobierno municipal en este sentido ya se ha producido y los concejales no tienen intención de dimitir por una denuncia del PP.