Las discusiones sobre el fenómeno de las bandas juveniles abarcan incluso su propia nomenclatura. La misma Audiencia Nacional discute que su estructura se asimile a la de las bandas criminales propiamente dichas, mientras que la connotación de “latina” se diluye cuando sus integrantes, 20 años después de que el fenómeno empezase a prender en España, han nacido en el Estado. Sobre si es más apropiado llamarlas “agrupaciones”, sobre la necesidad de rebajar la belicosidad de sus miembros –el año pasado murieron en Madrid cinco menores en apuñalamientos callejeros– y sobre su integración social debatieron el fin de semana en el centro de innovación vecinal y desarrollo Cinesia, del barrio madrileño de San Cristóbal (en el distrito de Villaverde), técnicos, investigadores, asociaciones y ONG especializadas, reunidos para las jornadas ‘Barrios, bandas y sentimiento de pertenencia’.
Conseguir que miembros de bandas rivales puedan encontrarse en una discoteca y “mirarse normal”, sin que el contacto genere una hostilidad violenta, es un objetivo básico, según explicó la educadora social Beatriz Espejo, que junto a su colega Caridad Velasco viene trabajando con la asociación Hood Warriors [Guerreros del barrio]. Estos 'guerreros' organizan actividades de boxeo educativo en el entorno del parque del Casino de la Reina, en el barrio de Embajadores. Comprometerse con la actividad tiene efectos benéficos, según explica uno de los entrenadores. Por ejemplo, en el control de impulsos, la gestión de la frustración o el sentido de la disciplina.
Allí se constata el perfil de los pandilleros: cada vez más jóvenes –incluso de 13 años–, cada vez con mayores problemas de adicciones y, últimamente, con mayores dificultades a la hora de respetar las jerarquías, habida cuenta de que los líderes históricos, de más edad, han sido encarcelados y los liderazgos de los jóvenes no se afianzan.
La estrategia de los educadores no pasa por separar a los miembros de las bandas, que entienden poco factible. “Los lazos son muy fuertes, son como una segunda familia”, explica Velasco, que indica que el objetivo es “transformar” a los grupos para reducir su nivel de violencia. Para ello hace falta un seguimiento de la calle y sus dinámicas, siempre cambiantes, con alianzas y coaliciones cruzadas que es preciso conocer para poder siquiera comunicarse.
Kattya Núñez, antropóloga social y directora de un proyecto de prevención de la violencia juvenil auspiciado por la Embajada de República Dominicana, señaló en su intervención que los hogares desestructurados también llevan a los menores a acercarse a las bandas, que no captan nuevos miembros activamente, sino a través de la porosidad de las redes sociales. Los más jóvenes o “punteros”, niños prepúberes, en algunos casos, que imitan la estética y gestualidad de los grupos para autoafirmarse y que acaban llamando su atención.
¿Legalizar las bandas?
La posibilidad de legalizar las bandas juveniles para limitar su virulencia e integrarlas en el tejido social es la hipótesis de trabajo del proyecto LEBAN, de la Universidad Pompeu Fabra, que explicaron Sonia Páez de la Torre y Héctor Grad, a partir de los casos de El Salvador, Ecuador y España. Aunque los niveles de violencia en España no se acercan a los del país centroamericano, en LEBAN ha constatado una distinta percepción ciudadana del problema de las bandas en función de la ciudad de estudio, de modo que, en Barcelona, donde se ha optado por la legalización, los resultados son mejores que en Madrid, donde el abordaje del problema tiene un enfoque más punitivo. Cuestiones como el compañerismo, el apoyo mutuo o el diálogo sociocultural servirían de ancla para moderar las tendencias más negativas, agravadas por la clandestinidad, según esta hipótesis.
La propuesta resultó polémica en el foro. De un lado, porque el carácter secreto, el “misterio”, forma parte de la idiosincrasia de las bandas, en opinión de Dolores Galindo, presidenta de la asociación Dragones de Lavapiés, conocida por sus esfuerzos de integración a través del deporte. También, en el caso de Madrid, por la actual situación de violencia cotidiana asociada a los grupos. “Hay muchas armas y mucha droga. En 2005 tenían cuchillos, pero no machetes y pistolas”, según Beatriz Espejo, que insistió en que los recursos institucionales son escasos: “Se necesita más intervención, no damos abasto”.