Los opositores exigen ver sus exámenes antes de la adjudicación de plazas “amparados por la ley”

El 20 de julio tuvo lugar en las puertas de la consejería de Educación de la Región de Murcia la segunda concentración, convocada por la Plataforma de afectados por el proceso de Oposición de Educación, que se llevó por delante al 91% de los presentados, además de dejar 44 plazas desiertas, 23 de ellas en Inglés.

A la segunda concentración se han unido más de cien personas más que a la anterior, superando así los 300 asistentes, quienes además de pedir transparencia en el proceso, han exigido a la consejería de Educación ver sus exámenes.

El derecho a ver los exámenes “durante” el proceso de oposición es un derecho ampliamente reconocido por varias sentencias judiciales, por la Ley de Transparencia y de forma específica por el artículo 53 de la Ley de Procedimientos Administrativos 39/2015, el cual indica que “los interesados en un proceso administrativo pueden acceder en cualquier momento a su expediente”.

Por ello, los opositores han interpelado a Educación por qué los afectados tienen que gastar dinero en un abogado para poder efectuar de forma satisfactoria un recurso de alzada si ya está contemplado en la legislación el derecho de acceso a sus exámenes. En este sentido, desde la consejería de Educación han asegurado que es necesaria la intervención de un letrado porque la solicitud debe “estar muy bien motivada y documentada para evitar que pueda ser desestimada”, como aseguró el equipo directivo de la consejería en la reunión que tuvo lugar la semana pasada con la Plataforma.

La Plataforma también ha exigido a la Educación que proceda a enseñar los expedientes antes de que las plazas sean adjudicadas para evitar por un lado, “la preocupación de los opositores que están esperando que salga la lista de seleccionados por haber aprobado” y por otro, “la de aquellos que tienen la certeza de que sus exámenes estarían aprobados si se hubieran aplicado de forma correcta los criterios de evaluación”.

Al final de la concentración las coordinadoras de la Plataforma han informado a los asistentes de los trámites legales que deben seguir, siempre asesoradas por un abogado, con el fin de atenuar los gastos que todo este proceso de reclamación está ocasionando.