Periódicamente vuelve el tema del agua a primer plano de la política regional. Problema que parece imposible de resolver y que provoca que los ciudadanos de la Región pensemos que somos maltratados por el resto de España. Es más, a veces da la sensación de que no hay intención de solucionarlo, para que algunos puedan seguir utilizándolo como arma electoral. Tal es así, que ya se empieza a acuñar el término 'nacionalismo hídrico' para denominar esta forma de hacer política por algún sector de la opinión pública.
Para abordar el tema con seriedad, hay que partir de algunas certezas que son evidentes, pero que a veces, parecen ocultas.
La primera es que la competencia exclusiva para decidir sobre la política hidrológica nacional es del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149. 1 22 º de la Constitución. Partiendo de esta realidad, es claro que el hecho de que la cuestión no esté resuelta es responsabilidad de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, que han gobernado este país desde 1982. Recordemos que ambos partidos han disfrutado varios años de mayorías absolutas y ninguno de ellos ha resuelto este problema de forma definitiva.
La segunda certeza de que la tenemos que partir es el poco peso que ha tenido la Región en la política nacional. Los habitantes de esta Región solo somos el 3% de la población total nacional, y aquí sólo se eligen diez diputados. A esto se añade la poca relevancia política que tradicionalmente han tenido nuestros representantes en las Cortes, más preocupados en repetir en las siguientes legislaturas que en defender los intereses regionales.
La tercera, es que en la Región el sector primario tiene una importancia decisiva en la economía regional. No discuto que esa actividad debe ser compatible con el respeto al medio ambiente, pero lo que no parece razonable es criminalizar a este sector y aumentar sus costes de producción hasta provocar que no sea una actividad rentable. En cualquier caso, en el punto medio está la virtud, y en esa labor se deben esforzar tanto el Estado como la Comunidad.
Y la última certeza, es que los viejos partidos, tanto PP como PSOE, no suelen tener en este tema un discurso único en todos los territorios. Ningunos de estos partidos utilizan los mismos argumentos que sus compañeros de partido en Castilla-La Mancha y en Aragón. Un ejemplo de esta situación fue el revuelo político que se montó por la rueda de prensa conjunta con la alcaldesa socialista de Toledo, que, como no podría ser de otra forma, se mostró públicamente en contra del trasvase Tajo-Segura. En este asunto el Partido Popular es más profesional que los socialistas, tal es así, que han hecho creer a los murcianos que ellos son los grandes defensores de los trasvases. Sin embargo, se les olvida que han gobernado ocho años la nación con mayoría absoluta, y no han solucionado nada. Su mayor aportación fue la primera piedra del trasvase Ebro-Segura que puso Aznar el último día de su segunda legislatura, lo cual no dejó de ser un engañabobos, ya que la obra de ese trasvase nunca se realizó, ni con Zapatero, ni posteriormente con Rajoy, por lo que no todo es culpa de Zapatero, como machaconamente se nos intentó hacer creer.
En este tema hemos de reconocer que los nuevos partidos son más claros y honestos con el electorado. Esta sinceridad puede estar causada por su bisoñez en las cuestiones políticas, o bien, porque han surgido, entre otras cosas, cansados de los engaños y de los juegos de trileros de la vieja política. Pero lo cierto, es que estos partidos sobre este tema tienen un discurso unitario en toda España, y por lo menos, no intentan engañar a los votantes.
Por la izquierda, Podemos y los partidos de su órbita son claramente contrarios a los trasvases y se decantan por favorecer la ecología. Sin embargo, esta política debe salvar el obstáculo que esta Región necesita agua para su desarrollo económico, y que, por desgracia, no contamos con los recursos hídricos suficientes. O dan una alternativa a este problema, como por ejemplo a través de las desaladoras, o la economía regional se puede resentir con sus ideas.
Por el centro, Ciudadanos quiere rescatar la idea de la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que logre una vertebración racional de los recursos hídricos nacionales, lo cual además de ser necesario, parece razonable.
Por la derecha, Vox lo tiene claro, ellos afirman que la política hidráulica es una competencia estatal y debe primar el criterio de solidaridad entre regiones, defienden un adelgazamiento de la Administración autonómica y una recuperación de competencias por parte del Estado, para evitar las disfunciones del Estado autonómico que se pueden apreciar en este tema.
Y los regionalistas de Somos Región tampoco tienen dudas, saben que el futuro económico de la Región pasa por garantizar el trasvase y el abastecimiento de aguas procedentes de otras cuencas hidrográficas, y es evidente que este partido en el futuro no va a sufrir las presiones desde Madrid para suavizar su posición.
En fin, cuestión polémica, problema sin solucionar en el pasado que no parece que tenga pronta y rápida solución, que debería ser objeto de un debate serio, sosegado, y que debe dejar de ser motivo de crispación y de enfrentamiento sectorial y territorial. Todos los actores implicados en el debate político deberían ser conscientes que es un tema trascendental para el futuro de la Región, porque si no se soluciona, sobramos la mitad de los habitantes de esta tierra, ya que es un hecho indubitado que actualmente no somos hidráulicamente autosuficientes para el desarrollo de nuestras actividades económicas predominantes. Y si no se crea riqueza en una región, no queda más remedio que emigrar a otros lugares para ganarse la vida.
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