Por enésima vez el sector más débil de la producción agrícola protesta y sale a las calles para expresar su enfado por los precios bajos que reciben. Lo que se inició como una protesta legítima de pequeños agricultores y ganaderos que no pueden mantener su actividad y se arruinan, ha acabado por convertirse en manifestaciones en las que se van añadiendo los mismos sectores causantes directa o indirectamente de la situación.
Nadie quiere estar ausente de unas protestas que son la agenda de los medios de comunicación masivos, que atañen a tantas familias y que generan tanto debate. Se pelearán por copar la cabecera, por tener el mayor protagonismo, por apropiarse de las reivindicaciones de los agricultores más desfavorecidos. Se removerán las agendas política para proponer soluciones, prometer cambios cosméticos. Pero nada cambiará. O muy poco.
Todo el mundo apoya a la agricultura y a los agricultores. ¿Pero de qué agricultores hablamos, de qué modelo de agricultura? ¿Del de Cayetano Martínez de Irujo?: “Yo soy un agricultor más, qué terrateniente ni qué tonterías”, decía hace poco en una entrevista en la que apoyaba las últimas protestas.
Todas las organizaciones empresariales agrarias mayoritarias de nuestra Región, Asaja, UPA y COAG que juegan a querer representar a todos los sectores del campo, pero que en la práctica se alían con las grandes corporaciones, se suman con entusiasmo. Y el presidente de Fecoam (Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia), que también convoca, Santiago Martínez (la voz del PP en el mundo agrario) amenaza directamente a Ciudadanos porque “va a tener problemas serios” si osa apoyar la ampliación de la distancia a la orilla del Mar Menor en la que no se podrá aplicar fertilizantes, y de paso acusa a los “grupos ecologistas” como los causantes de la mala imagen —dice— del modelo agrícola imperante. Y también estará el representante en el Campo de Cartagena de COAG que defiende a palos el ecocidio del Mar Menor y mira para otro lado cuando grandes empresas van copando el territorio, mientras dice defender el modelo de agricultura familiar.
Y, como no, al calor de las protestas se suman las organizaciones agrarias (Proexport, SCRATS y otras) que apuestan por una agricultura superintensiva que pone a su servicio a toda la sociedad y que va eliminando a la agricultura tradicional, la más perjudicada. Y en esa apropiación indecente de las reivindicaciones de la agricultura que se ahoga, el gurú en economía del PP Daniel Lacalle pasea por distintas televisiones y por las redes apoyando de boquilla a los agricultores para inmediatamente defender a los intemediarios y a las grandes cadenas de distribución.
Y ya puestos, los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) tampoco quieren quedarse fuera, no sea que los empresarios se cabreen e irán al lado de quienes explotan a los trabajadores y de ASAJA que ha recurrido la subida del SMI. Y todos los partidos políticos mayoritarios del Parlamento (desde Vox a Unidas Podemos) acuden a las manifestaciones. ¿También estarán el próximo día 21 en Murcia miembros del Gobierno regional como hicieron en la manifestación por el Mar Menor en Cartagena?
¿Serán capaces los verdaderos agricultores, las mujeres agricultoras que siguen siendo discriminadas, los trabajadores y las trabajadoras que sufren abusos laborales continuados de evitar que quienes causan sus desgracias se apoderen de sus reivindicaciones?
El sector agroalimentario está sufriendo cambios como en otros sectores de la economía que han conseguido aumentos significativos en la producción y en la rentabilidad. Y no va tan mal para algunos. El presidente López Miras se hacía eco de ello en Berlín al señalar los buenos datos de la exportaciones de frutas y hortalizas en 2019: “Por primera vez en la historia, se exportaron frutas y hortalizas por valor de 2.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 1,19% con respecto al año anterior”. Se llenan los campos de enormes superficies de invernaderos, de nuevas plantaciones de cítricos, de olivos y de frutales de todo tipo cuando parecía que ya se había llegado al máximo; se transforman tierras abandonadas de secano en cultivos de hortalizas aunque obtengan el agua de forma ilegal; se exporta uva a China y se importan frutos rojos desde Holanda que se han producido en Huelva. A ese modelo de industria alimentaria depredadora de recursos, que destruye el medio ambiente, de especuladores, le va muy bien.
Le va muy bien a esa empresa agrícola con sede en nuestra región que se expande en muy pocos años y realiza inversiones millonarias, como en la Casa Cerdá en la Plaza de Santo Domingo en Murcia: 20 millones de euros (2019); finca de 180 hectáreas en el Parque natural de cabo de Gata (2016) —investigada por las numerosas tropelías cometidas en su puesta en funcionamiento—; inversiones en Brasil para la compra de un conjunto de empresas y 2400 hectáreas de uvas de mesa y frutales (2019). Tampoco debe ir mal a otra gran empresa que compra fincas y casa de lujo del delincuente del caso Malaya Juan Antonio Roca (18,5 millones de euros) y que compra fincas en África y América.
Sí, la agricultura industrial va muy bien para unos pocos. Muy pocos. Pero, para una gran mayoría, titulares de pequeñas e incluso medias explotaciones y sobre todo para los trabajadores de la industria agraria, en su mayoría mujeres, y para los jornaleros del campo, casi siempre inmigrantes, es sufrimiento y mal vivir.
Esos agricultores desesperados señalan a los intermediarios y a las grandes cadenas distribuidoras que, ellos sí, tienen capacidad para controlar los precios; también a los “políticos” en general como responsables de la defensa de su modelo de agricultura y de su medio de vida. Y les responden quienes dominan el sector que la economía de escala se impone, que adónde van con pequeñas producciones, que ya hay sobreproducción y que la de ellos sobra, que las subvenciones son para los más productivos, que los costes laborales que tienen son muy elevados y que sus ganancias tampoco son tantas. Cinismo no les falta.
Cada vez más la concentración empresarial aumenta: los seis primeros grupos de distribución alimentaria controlan el 54,4% del mercado en nuestro país. Solo el 6,6% de las explotaciones agrarias pertenecen a personas jurídicas (empresas) pero obtienen ya el 42% del valor de la producción (www.mapama.gob.es). A la vez aumenta la concentración de la propiedad de la tierra y disminuye el número de agricultores y ganaderos.
Ya pueden desarrollar leyes para mejorar la cadena alimentaria, agencias de información y control alimentario, ya pueden organizarse los agricultores y ganaderos en cooperativas, en organizaciones de productores y en asociaciones; las leyes de la economía capitalista se imponen: competencia feroz, dominio del capital financiero internacional y especulación. Como consecuencia sobreprodución de alimentos y la aparición de una burbuja que ya ha comenzado a estallar. Nuestra región se sitúa a la cabeza en cuanto a empresas que han tenido que llegar al concurso de acreedores; siete en el 2019 de Águilas, Lorca, Campos del Río, Lorquí, Alhama, Calasparra y Mazarrón que dejan a muchas pequeñas empresas proveedoras y a agricultores en serias dificultades y a trabajadores de almacenes y jornaleros del campo en el paro.
Son las consecuencias del llamado libre mercado que se intenta paliar ahora con algunos mecanismos de corrección. Porque el libre mercado solo es libre para algunos, crea riqueza para unos pocos y pobreza para el resto y no evitará la crisis de civilización a causa del cambio climático.
Si la sociedad no plantea alternativas al capitalismo, nada cambiará.
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