En estos días se está produciendo un gran incremento de peticiones de todo tipo de ayudas por parte de los afectados en esta nueva crisis. Desde los ayuntamientos, como nos consta en el caso de Murcia, se están dando instrucciones a los Servicios Sociales de que los solicitantes de ayudas acudan a entidades privadas, en su mayoría dependientes de la Iglesia católica, Cruz Roja, Cáritas, Abasegura... para que con criterios de proximidad, entre otros, puedan recoger lo que necesiten hasta un año de duración.
Dichos Servicios Sociales, que dependen de la Administración local, han quedado relegados a tareas de intermediación y coordinación. ¿Por qué las administraciones (las tres o cuatro, con las diputaciones, según territorios, central, autonómica y local) han derivado esta responsabilidad a las ONG? Porque los cargos públicos de todos los gobiernos, centrales y autonómicos, han hecho dejación de sus funciones. Han preferido subvencionar y potenciar con dinero público a entidades privadas y reducir otro Servicio Público más. Ahora nos encontramos, en la práctica, que hay que depender de las donaciones de empresas, comercios, particulares, y del trabajo de un ejército de voluntarios sin remuneración salarial, que con gran esfuerzo (muchos son jubilados y jubiladas) atienden la demanda de la ciudadanía más desfavorecida. Que por supuesto están haciendo una gran labor y hay que resaltar su gran trabajo, pues son víctimas de la mala gestión política.
¿Es ésta la mejor manera de atender a las personas que lo necesitan? ¿Es la manera más conveniente de afrontar una tarea tan importante? La propia Comunidad Autónoma, con su presidente al frente, reclama constantemente que el Estado provea de recursos ante esta crisis, poniendo en evidencia su efectividad, cuando él y su gobierno han realizado recortes en lo público, y acaban de aprobar unos presupuestos que siguen en la misma línea. Inaudito.
Desde Murcia Laica creemos que no se puede depender de la CARIDAD, de los que puedan y quieran hacerla, pues este servicio social tiene que asumirlo el Estado con trabajadores profesionales en todos los ayuntamientos, dotándolo con una infraestructura preparada para afrontar una crisis de esta envergadura. Unos Servicios Sociales potentes es la opción más eficaz e incluso más económica para los contribuyentes.
La manera para que el Estado afronte enteramente el coste de los Servicios Sociales, ya sea vía presupuestos generales o del Fondo Social Europeo, es que se eliminen las casillas en la declaración de la renta: ahora existen dos, una para la Iglesia y la otra para 'otros fines sociales'. En este caso son las entidades y ONG (la mayoría también de la Iglesia) las que reciben el 0,7 por ciento del cómputo general de los Presupuestos Generales del Estado, de todos los ciudadanos, no sólo de los que hayan marcado alguna o las dos casillas.
Una de las reivindicaciones que tenemos desde Europa Laiac es que se eliminen dichas casillas y que sea el Estado el que negocie directamente con las entidades sus subvenciones, en función de su actividad y necesidades. Pretendemos una mejor fiscalización de las ayudas y potenciar nuestros infravalorados Servicios Públicos, en los que se ha demostrado que trabajan los mejores profesionales.
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