Hay asuntos que, como los fantasmas del pasado, vuelven cuando pensabas que ya estaban superados. Pedro Antonio Sánchez y el tema del Auditorio de Puerto Lumbreras han retornado a primera línea de la actualidad política regional al haberse iniciado hace una semana el juicio oral.
Si recuerda el lector, en 2017, hubo un extenso debate sobre la cuestión de la responsabilidades de un político inmerso en un proceso penal. Procesalmente, se pueden diferenciar varias fases. La primera, es la de instrucción en la que el órgano judicial investiga si existe o no un ilícito penal y en la que el presunto culpable se encuentra en la situación jurídica de investigado, antes llamado imputado. Posteriormente, si el órgano judicial considera que hay indicios de culpabilidad abre la fase de juicio oral en la que el anteriormente considerado investigado pasa a denominarse procesado. Y ya por último, termina con la sentencia en la que el procesado puede ser condenado o absuelto, resolución judicial que debe ser confirmada por otro órgano judicial para que la Sentencia sea considerada firme y el condenado cumpla la pena impuesta.
Así en abstracto y con objetividad, parece que el momento adecuado para exigir responsabilidades políticas es cuando el afectado pasa a la situación de procesado, ya que en ese instante ya ha habido un filtro del órgano judicial que ha considerado que unos hechos tienen indicios suficientes para ser considerados delito.
Aunque el caso particular de Pedro Antonio tenía la peculiaridad de que el expresidente firmó un pacto de investidura con Ciudadanos en el que asumía el compromiso de dimitir si era imputado. Al notificarle la imputación, la maquinaria propagandística del PP, encabezada por Teodoro García, utilizó dos argumentos para intentar neutralizar la inevitable dimisión de Pedro Antonio. El primero era que iba a declarar para aclarar, argumento infantil y simplón que no ocultaba su condición de imputado. Y el segundo argumento era más sibilino, afirmaban que realmente no estaba imputado sino investigado, cambio exclusivamente semántico propiciado por un reforma de la ley procesal penal del PP.
El problema fue que en Ciudadanos un sector del partido encabezado por submarinos del PP y por los seguidores de Mario Gómez, los cuales se encontraban cómodos con los apoyos a los gobiernos del PP, asumieron las tesis populares. Gracias al empeño de Miguel Sánchez y su equipo, que fueron a ver directamente a Albert Rivera y a Jose Manuel Villegas y les logaron convencer de la importancia de que los votantes de la Región de Murcia vieran que Ciudadanos cumplía su compromiso de regeneración de la vida pública. Tras estas conversaciones, ambos apoyaron la tesis del Miguel Sánchez. Esta decisión fue el último acierto de Rivera en su irregular carrera política, se forzó a Pedro Antonio a dimitir, y Ciudadanos se disparó en las encuestas regionales y nacionales, de tal forma que en las encuestas de junio de 2018 Ciudadanos era la fuerza más votada en la Región.
Sin embargo, Rivera siguió confiando en su Secretario de Organización, Fran Hervías, y éste puso el partido en la Región en manos de la desconocida Valle Miguélez, persona con poco arraigo en la zona, de tal forma que no podía salir nada bueno de su selección de personal. Un año después, Miguélez y el clan de Alcantarilla eligieron como número uno a Isabel Franco, a la cual le vino grande la responsabilidad, realizó una campaña desastrosa que desinflaron las expectativas electorales de Ciudadanos. Dilapidaron un capital político importante que había ilusionado a muchos murcianos cansados de la corrupción que predominaba en esta Región hasta ese momento. A partir de ahí, la historia es conocida, políticos sin ética que no dudaron en convertirse en tránsfugas en la primera oportunidad, traicionando a los votantes y al partido que los llevó a la Asamblea.
A finales de año supongo que tendremos la sentencia del tema Auditorio. No olvidemos que las únicas victorias procesales que ha tenido Pedro Antonio, como es el archivo del caso Pasarelas, y la renuncia del Fiscal a pedir condena por el delito de fraude de subvenciones, no se deben a resoluciones absolutorias sobre el fondo de la cuestión, sino a que al ex presidente le ha favorecido la lentitud procesal. Lo cierto es que en Puerto Lumbreras se proyectó una obra megalómana pagada por el erario público, cuya intención soterrada era favorecer la carrera política de Pedro Antonio, más que el interés general, y con el agravante que después del dineral gastado, no está terminada. Por lo que, independiente que sea condenado o no, es evidente que no gestionó con eficiencia y diligencia los recursos públicos de los que disponía.
Estaremos pendientes de conocer el fin de este procedimiento, deseando pasar página de una época oscura de nuestra historia y con ganas de poder contemplar el futuro de la Región sin la sombra de la corrupción.
0