Esta semana entraba en vigor la prohibición del uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en los centros educativos de nuestra Región. Es una medida que se implementará en todas las etapas educativas y que ha sido fruto del consenso de los expertos consultados por el ejecutivo regional, según dice la nota de prensa. Para el consejero de educación, Víctor Marín, la prohibición “supone un respaldo normativo y refuerza la autonomía pedagógica de los centros, así como la figura de autoridad del docente”.
Hace unas semanas recibíamos muy malas noticias en el ámbito de la enseñanza en nuestra Región. De nuevo, otro informe PISA venía a poner de manifiesto la continua pérdida de competitividad de nuestro sistema educativo en comparación con otras comunidades autónomas y con los países de nuestro entorno, mientras reclamábamos aquí la puesta en marcha de una estrategia prioritaria orientada a reducir la distancia que se estaba generando.
No sabemos si esta medida forma parte de esa estrategia, pero sin duda es un primer paso para reforzar la autoridad del profesor, tal y como dice el consejero. Además, para mí, que ya había iniciado una guerra personal con mis dos hijas adolescentes para limitar el uso del teléfono móvil, su mal uso en este caso, supone la llegada de importantes refuerzos en el fragor de la batalla.
En España, el 85% de las personas que navega por Internet utilizan las redes sociales, lo que supone más de 28 millones de personas. Si nos centramos en jóvenes y adolescentes, el 98,5% está registrado en alguna red social. El problema no es tanto la existencia de esa herramienta, sino el uso que le estamos dando y los problemas que está generando en nuestros hijos. En su formación, en las escuelas y también en sus relaciones y en su vida social. Si a esto sumamos la generalización de la inteligencia artificial y la irrupción de aplicaciones que amplifican el problema, el panorama es muy preocupante.
A diario nos desayunamos con todo tipo de noticias relacionadas con el mal uso de estas tecnologías, desde el ciberbullying, situaciones de acoso a través de Internet entre menores, pasando por el ciberbaiting, cuando el acoso se realiza al propio profesor, el grooming, donde un menor se ve sometido al acoso por parte de un adulto con fines de carácter sexual o de otro tipo o el sexting, práctica consistente en enviar imágenes propias, fotografías y vídeos íntimos, o con contenido sexual, que son tomadas y grabadas por los protagonistas de las imágenes o, con su consentimiento, por terceras personas y posteriormente difundidas de manera no consentida.
Estas figuras pueden suponer la comisión de diversos tipos de actividades delictivas como es el caso del delito de amenazas, el de acoso, delitos contra la integridad moral, calumnias, injurias, descubrimiento o revelación de secretos; trasladando así el problema desde las aulas de los colegios a los juzgados de menores.
Más allá del mal uso de estas tecnologías fuera de las aulas, nos gustaría que esta medida recién implantada fuese el primer paso de una estrategia que sitúe a la educación pública como una de nuestras grandes prioridades regionales. Una estrategia que garantice que nuestros hijos cuentan con un trasporte escolar eficiente, que los padres podemos estar tranquilos con la calidad de los menús de los comedores escolares y que las instalaciones de los centros educativos cuentan con un correcto mantenimiento. También un sistema que forme de manera continua a los profesores y apoye su labor dentro y fuera de las aulas. Y sobre todo que apueste por la excelencia y el esfuerzo de nuestros hijos sabiendo que al finalizar sus estudios contaran con oportunidades para obtener un empleo digno.
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