En Cartagena, el 30 de octubre, tuvimos una de las manifestaciones más numerosas de nuestra historia reciente en defensa del Mar Menor. Las más de 55.000 personas congregadas vienen a mostrar, aún más si cabe, la preocupación de la ciudadanía y la crítica a los gobernantes por la situación extrema de la laguna. Con el éxito de la convocatoria, se impone una reflexión sobre las responsabilidades de los agentes que la han contaminado.
El derecho medioambiental señala que el que contamina paga. Este viejo axioma trata de establecer un espacio de responsabilidad medioambiental para los que hayan contaminado, que tenga como objetivo la reparación de los daños ambientales provocados y el desarrollo de medidas preventivas y precautorias para los posibles daños futuros. El marco europeo es la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños en el medio ambiente. Una empresa o actividad que cause daños medioambientales debe sufragar el coste de las medidas reparadoras necesarias, para restituir la zona tal como estaba antes del daño.
En los últimos meses, se han dedicado ríos de tinta a analizar la situación del Mar Menor, las consecuencias de no retorno aparente y los responsables de este crimen medioambiental que son los vertidos de la agroindustria, el urbanismo depredador y los miembros de las instituciones, apoltronados, sin mover un dedo para resolverlos durante años y años. Nos han puesto de cara a una realidad perversa y multiforme de lo que puede ser nuestro futuro en la Región. ¿Nuestros representantes institucionales no vieron durante décadas la contaminación del Mar Menor que denunciaban científicos, investigadores y ecologistas? ¿La Dirección General de Medio Ambiente o la del Medio Natural no vieron los múltiples farolillos rojos que se encendían?
Las instituciones y los políticos se encuentran en un maridaje perfecto, presos de sus conflictos de intereses con el sector de la agroindustria y los intereses inmobiliarios, haciendo oídos sordos a las demandas de actuaciones para restaurar la laguna. Desgraciadamente se ha vuelto a cumplir el principio de que los beneficios son de unos cuantos y los impactos y las pérdidas son de toda la ciudadanía. Las declaraciones de alguno de nuestros políticos achacando a las lluvias torrenciales los episodios de contaminación y la mortandad de peces en la laguna nos retrotraen a declaraciones de otras épocas, cuando la pertinaz sequía era la causa de los males de España. Necesitamos que gran parte de nuestro Gobierno regional empezando por López Miras y siguiendo por Luengo conjuguen el verbo dimitir.
Pero también conviene hacer una reflexión autocrítica. En nuestra sociedad civil está instalada la norma habitual de quejarse de nuestros representantes políticos señalando la desidia, la ignorancia o simplemente la connivencia con los intereses que han provocado que el Mar Menor esté como esté. Pero nuestros representantes políticos no han nacido de un huevo, nacen de nuestra sociedad. Un sector muy significativo de la ciudadanía, no ha querido saber el deterioro continuo de nuestro patrimonio natural. Mucha gente toleraba e incluso aplaudía este tipo de conductas en aras de un desarrollismo depredador a ultranza, que todavía sigue.
La CHS señalaba más de 1.500 hectáreas de fincas sometidas a un expediente sancionador. Los técnicos de la Confederación investigan la legalidad de más del 20% del regadío del Campo de Cartagena con 9.500 hectáreas que no figuran en el Registro de Aguas ¿Han tardado todos estos años en mirar la foto del satélite y darse cuenta? ¿No han visto, año tras año, el crecimiento irregular del regadío y sus vertidos? Aquí y ahora, el regadío sigue creciendo, la organización Ecologistas en Acción denunciaba una roturación de más de 90 hectáreas en el paraje de La Corverica, del municipio de Fuente Álamo, y un proyecto de intensificación de cultivo de regadío en el paraje de Lo Poyo.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en el caso “Topillo”, imputa a 21 grandes agricultores por sus presuntas desaladoras ilegales aumentando la contaminación del Mar Menor. Una gota en el océano ante la situación de una justicia en Murcia, timorata, escasamente diligente, que tiene que abordar, investigar y llevar a juicio a los agentes causales de esta contaminación para restituir el daño ambiental y económico causado en la laguna y para que el que contamine pague. No hacerlo así supondría un premio a los sectores contaminantes y ayudaría a desmantelar cualquier intento de cambio en la agroindustria y el urbanismo. Mientras tanto, el Mar Menor se muere, ahogado en contaminación y buenas palabras, con escasa o nulas acciones para revertir este proceso.
En Cartagena, el 30 de octubre, tuvimos una de las manifestaciones más numerosas de nuestra historia reciente en defensa del Mar Menor. Las más de 55.000 personas congregadas vienen a mostrar, aún más si cabe, la preocupación de la ciudadanía y la crítica a los gobernantes por la situación extrema de la laguna. Con el éxito de la convocatoria, se impone una reflexión sobre las responsabilidades de los agentes que la han contaminado.
El derecho medioambiental señala que el que contamina paga. Este viejo axioma trata de establecer un espacio de responsabilidad medioambiental para los que hayan contaminado, que tenga como objetivo la reparación de los daños ambientales provocados y el desarrollo de medidas preventivas y precautorias para los posibles daños futuros. El marco europeo es la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños en el medio ambiente. Una empresa o actividad que cause daños medioambientales debe sufragar el coste de las medidas reparadoras necesarias, para restituir la zona tal como estaba antes del daño.