El Gobierno PP-Vox desarrolla aún más el camino de una contrarreforma ambiental en la que nos vienen más pasos atrás en la protección de los ecosistemas como bien común de toda la ciudadanía. Dos ejemplos son la situación del Mar Menor y el nombramiento de José Ángel Antelo como Vicepresidente y Consejero con competencias en territorio, carreteras, Autoridad Portuaria, transportes o vivienda. Esto es clave en el futuro del ordenamiento de la laguna y en muchos aspectos de conservación del medio natural y el territorio.
Para el partido de la ultraderecha es una necesidad derogar o modificar sustancialmente la Ley de protección y recuperación del Mar Menor ya que, según ellos, la norma no funciona y criminaliza a sectores muy productivos. Por otra parte, los nombramientos políticos en la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor no parecen que signifiquen un mayor control del medio ambiente, la laguna costera y la contaminación en nuestra tierra.
Mientras tanto, hemos conocido con estupor, pero sin sorpresa, que el Mar Menor ha recibido un total 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 de fosfatos, según datos del informe de flujos publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el pasado ejercicio desembocaron en la laguna salada un total de 26,5 hectómetros cúbicos de flujos contaminantes, de los que 7,5 procedían de avenidas, una decena del acuífero y el resto (9,02) del régimen ordinario.
El Seprona de la Guardia Civil ha denunciado la dispersión de más de 15.000 toneladas de residuos peligrosos que acaban en el mar Menor. El Seprona ha remitido el titular del juzgado de instrucción número 4 de Cartagena un informe en el que advierte de la existencia de un nuevo foco de contaminación con los residuos de la Balsa Jenny. Avisan de que se podría estar causando un daño ambiental muy grave al acuífero, las ramblas, el aire y los terrenos agrícolas.
Se ha producido también, la sanción millonaria a siete empresas por verter salmuera al Mar Menor. Las empresas que usaron desalobradoras ilegales vertieron a la laguna 4,3 millones de metros cúbicos de salmuera y más de mil toneladas de nitratos entre los años 2012 y 2017. Las sanciones suman 2,45 millones de euros para siete empresas agrícolas del Campo de Cartagena por estas desalobradoras. La Comunidad inició, arrastrando los pies y a instancias de una sentencia del TSJ de marzo de 2022, un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental.
El Gobierno regional solamente ha restituido a su estado original, de secano o forestal, 1.385 hectáreas de la cuenca del Mar Menor sobre las que pesaban resoluciones firmes de cese o prohibición de riego por parte de la CHS, el 29% del suelo con regadío ilegal del Mar Menor.
La moratoria urbanística ha vuelto a la Asamblea Regional. Vox quiere reducirla y el PP descafeinarla. La Asamblea tramitará otra vez la modificación de la ley de la laguna, aunque descarta hacerlo por el trámite más rápido, mientras que ocupaciones alegales en el Mar Menor forman parte del paquete de 82 expedientes que está tramitando la Demarcación de Costas. Por su parte, el Ministerio advierte sobre el riesgo de nuevas urbanizaciones en la laguna y el Instituto Oceanográfico (IEO) alertaba del posible daño de la mancha blanca a la vegetación del Mar Menor.
Otro peldaño en la contrarreforma medioambiental supuso la votación en contra de la propuesta de la CHS de una restricción moderada y preventiva de un 12% el uso del agua para los regadíos que dependen de los recursos propios de la cuenca del Segura. La alianza de las organizaciones de regantes y los representantes de los gobiernos del PP de la Región de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana acabaron con esta tímida proposición para hacer frente a la sequía estructural.
El relato de que sobra agua en otros territorios y que estamos destinados a recibirla, en un contexto de sequía y emergencia climática, es una consigna que se repite una y otra vez. Aumentar la urbanización en el entorno del Mar Menor, los regadíos y la ganadería industrial intensiva, es un viaje a ninguna parte. Por el contrario, es una vuelta atrás en el reto de desarrollo sostenible que tiene nuestra región.
El Gobierno PP-Vox desarrolla aún más el camino de una contrarreforma ambiental en la que nos vienen más pasos atrás en la protección de los ecosistemas como bien común de toda la ciudadanía. Dos ejemplos son la situación del Mar Menor y el nombramiento de José Ángel Antelo como Vicepresidente y Consejero con competencias en territorio, carreteras, Autoridad Portuaria, transportes o vivienda. Esto es clave en el futuro del ordenamiento de la laguna y en muchos aspectos de conservación del medio natural y el territorio.
Para el partido de la ultraderecha es una necesidad derogar o modificar sustancialmente la Ley de protección y recuperación del Mar Menor ya que, según ellos, la norma no funciona y criminaliza a sectores muy productivos. Por otra parte, los nombramientos políticos en la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor no parecen que signifiquen un mayor control del medio ambiente, la laguna costera y la contaminación en nuestra tierra.