El Mar Menor demuestra su peso ganado en el discurso político murciano al incluirse su nombre en el rediseño de las Consejerías del Gobierno de Fernando López Miras, anunciada la tarde del pasado lunes 16 de enero. La Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, encabezada por el exsenador Juan María Vázquez e invariablemente inscrita en una lógica preelectoral de cara al 28M, es una clara señal de que el Partido Popular (PP) tiene bien asumido que la protección de la laguna salada es un tema suficientemente asentado y consensuado en las demandas sociales del grueso del electorado y que, mostrar en los meses próximos pasos firmes de gestión en este sentido, podría funcionar para ayudar a incrementar su intención de voto entre un segmento menos fidelizado con sus siglas.
La pauta para esta afirmación es el inapelable caso de éxito de incidencia ciudadana que representó en septiembre pasado la aprobación casi unánime en el senado—salvo los tres votos en contra de Vox—de la Ley del Mar Menor, de índole estatal y que nació como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tras lograr recabar casi 700 mil firmas aun en medio de la pandemia (la meta requerida eran 500 mil), pasando a ser así el primer ecosistema europeo en contar con personalidad jurídica.
Para comprender el desafío actual de mantener el relato triunfalista que representó este hito, resulta conveniente recordar cuáles fueron las claves comunicacionales para tan avasallador resultado:
1. Una imagen trágica: las escandalosas imágenes de toneladas de peces muertos que reprodujeron telediarios nacionales en 2019 generó el marco de indignación necesario para activar la movilización social.
2. Identidad cultural: como preámbulo de la ley explicita, “el Mar Menor es uno de los principales elementos de identificación cultural de la Región de Murcia, y despierta en todos los murcianos un fuerte apego emocional.” Hablamos, pues, de la degradación de un paisaje en el que la población ha atesorado por generaciones recuerdos felices desde su infancias, tocando fibras muy íntimas.
3. Ofrecer una solución concreta con una acción sencilla: dar tu firma en menos de un minuto te convertía en defensor activo de la causa, en parte de un movimiento trascendente que vendió esperanza por un cambio posible. Así de simple y poderoso.
4. Mantener a los partidos políticos “a raya”: el estricto cuidado durante todo momento del carácter ciudadano del movimiento lo dotó de una fuerte carga de legitimidad, que permitió que durante el proceso de enmiendas a la ley se respetaran las directrices de las personas expertas que la redactaron, académicas emanadas de la universidad pública con alto prestigio.
5. El papel del artivismo: la comunidad de artistas que se volcó para hacer exposiciones y performances (llegando incluso a presentarse en centros penitenciarios donde también se recabaron firmas), permitieron sensibilizar a públicos más amplios, ajenos hasta entonces al activismo ecologista.
Estos elementos permitieron llegar a buen puerto la ILP, vivida como victoria colectiva cuyos principales méritos han sido impulsar el nuevo paradigma de justicia ecológica y combatir la desafección política, fundamental para la construcción de ciudadanía, lo cual resulta loable en tiempos donde la polarización es fenómeno recurrente. Ahora bien, una vez ganada la batalla, los promotores de la ley deben estar conscientes del reto que supone mantener dicho triunfalismo en el relato, y, para eso, el manejo del timing y las acciones de pedagogía son fundamentales:
Una ley por sí misma no hace milagros, sino que es el pistoletazo de salida para su proceso de implementación. Los tiempos en este sentido son otros y conservar el entusiasmo requiere de mantener informados a los grandes públicos sobre los avances de manera eficaz. Ahora mismo está abierto el proceso de creación de comités que marca la propia norma, que, formados no solo por representantes gubernamentales y de los sectores económicos implicados, sino por académicos y ciudadanos, fungirán a modo de “tutores” del Mar Menor, dando paso a un largo recorrido de políticas públicas concretas de restauración que competen a los tres niveles de gobierno. En resumen: lograr la restauración del equilibrio natural de este ecosistema va a llevar su tiempo, solo que, ya una vez aprobada la ley, las imágenes de peces muertos que puedan sumarse a partir de ahora serán dardos envenenados para la ilusión generada.
Sin embargo, como sostuvo Teresa Vicente Giménez, catedrática de la UMU y una de las portavoces principales en la promoción de la ILP, durante su exposición de esta historia de advocacy en el Beers and Politics Murcia, “el camino de los derechos es largo, pero el primer paso es tenerlos”. Así que ahora toca transitar el camino de la paciencia, en el que ir comunicando los pequeños logros y que caigan las primeras sanciones ejemplares a quienes resulten responsables de infringir la norma resultará fundamental. El concepto rector que debe permanecer es que la solución está ya en marcha.
Así mismo, todo relato requiere un adversario que logre mantener latente la idea de amenaza, y esa labor la ha decidido asumir Vox a través del que será su cabeza de lista en las elecciones autonómicas, José Ángel Antelo, quien ha reiterado en días recientes que la derogación de la Ley del Mar Menor será esencial para que el próximo gobierno de la Región obtenga el apoyo de sus votos en la Asamblea. Respaldado por el grupo parlamentario de su partido en el Congreso de los Diputados, quienes han inscrito un recurso de inconstitucionalidad a la misma —aunque sin grandes miras para prosperar—, permitirá mantener el sentido de alerta de las casi 700 mil personas que con su firma se asumieron activamente como defensoras de dicho ecosistema. Para fortuna de las y los propulsores de la ley, en política nada une como un enemigo común, y Antelo encarna ese papel antagónico, fiel al hooliganismo discursivo de la extrema derecha que solo busca ruido y crispación porque electoralmente le reditúa.
Por último, resulta fundamental retomar como mensaje clave en la continuación de la narrativa que la Ley del Mar Menor, como explicó Vicente Giménez, es una victoria local con impacto internacional que está siendo estudiada y ha colocado a la Región de Murcia en el mapa como ejemplo de vanguardia ecológica; el pasado diciembre ella fue la responsable de dar dos ponencias en la COP15 de Montreal para difundir esta historia de despertar ciudadano, la cual tendrá también presencia en la próxima Asamblea de la Tierra en abril, organizada por Naciones Unidas. “Hemos hecho una obra de arte”, suele recalcar esta apasionada mujer, y no exagera, la ILP es, sin duda, una obra de arte colectiva motivo de orgullo para todas y todos.
El Mar Menor demuestra su peso ganado en el discurso político murciano al incluirse su nombre en el rediseño de las Consejerías del Gobierno de Fernando López Miras, anunciada la tarde del pasado lunes 16 de enero. La Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, encabezada por el exsenador Juan María Vázquez e invariablemente inscrita en una lógica preelectoral de cara al 28M, es una clara señal de que el Partido Popular (PP) tiene bien asumido que la protección de la laguna salada es un tema suficientemente asentado y consensuado en las demandas sociales del grueso del electorado y que, mostrar en los meses próximos pasos firmes de gestión en este sentido, podría funcionar para ayudar a incrementar su intención de voto entre un segmento menos fidelizado con sus siglas.
La pauta para esta afirmación es el inapelable caso de éxito de incidencia ciudadana que representó en septiembre pasado la aprobación casi unánime en el senado—salvo los tres votos en contra de Vox—de la Ley del Mar Menor, de índole estatal y que nació como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tras lograr recabar casi 700 mil firmas aun en medio de la pandemia (la meta requerida eran 500 mil), pasando a ser así el primer ecosistema europeo en contar con personalidad jurídica.