La Asociación de Personas Jubiladas de STERM- La Intersindical está preparando para el próximo mes de junio en Murcia un encuentro de docentes, sindicalistas de los años 70, que en el año 1976 participaron en unas elecciones convocadas por el Ministro de Educación Carlos Robles Piquer, las primeras que se realizaron a nivel estatal y que, contra todo pronóstico, ganaron las Coordinadoras de maestros por delante del sindicato vertical del Servicio Estatal del Magisterio (SEM).
Con motivo de ese encuentro andamos pidiendo presupuestos de hoteles, restaurantes y distintas visitas a museos y atracciones turísticas.
De todos los sitios visitados nos han sorprendido dos: uno, el casino de Murcia que, después de recibir 6 millones de euros para su reparación y mantenimiento, tenga de visita sin coste solo dos horas a partir de las 19 horas del domingo; el resto del tiempo, 3 ó 4 euros por persona, que deben ir para solaz y disfrute de sus socios.
Pero si hay algo realmente asombroso es la visita a la catedral por etapas: templo 4 euros, museo 4 euros, torre 7 euros, con un descuento de 1 euro si eres pensionista -eso sí, según la taquillera, aplicable solo a una de las entradas-.
El origen de este disparate, aparte del Concordato de 1953, revisado por los acuerdos del 1979, es una ley de 1946 y su reglamento del 1947, con el que la dictadura del general Franco agradecía a la Iglesia Católica el apoyo a su causa en la guerra contra la legalidad republicana del 36. Para ello Franco convirtió en “notarios”, fedatarios públicos, a los obispos, los cuales con el simple trámite de afirmarlo en un papel se apropiaron desde entonces hasta 1998 de incontables propiedades. Hay quien afirma que más de cien mil inscripciones a su nombre a lo largo y ancho del país, pisos, casas, fincas, prados...y lo que es más grave: lo que se llamaban “bienes propios o comunales ”de los vecinos, concejos o ayuntamientos (los cementerios de La Alberca y La Palma en la Región de Murcia, por ejemplo) .
El expolio se agravó cuando en los años 80 y 90 ante el crecimiento del rumor de inconstitucionalidad de la norma, el Gobierno de Aznar, en 1998, posibilitó, con la modificación de la normativa, que se pudieran inscribir también los edificios históricos, cosa que la legislación franquista no permitía. A partir de esa fecha se produjo un toque a rebato de la Iglesia SA a sus “notarios eclesiásticos”, los obispos, para que se inscribiera en el registro de la propiedad hasta el último ladrillo o palmo de terreno posible para acrecentar el patrimonio eclesiástico.
Hasta que en 2015, cuando ya no quedaba nada digno de ser inscrito, el Gobierno de Rajoy suprimió la norma franquista.
Aún así lo hizo con graves deficiencias, la primera y principal impidiendo la revisión de las inscripciones anteriores, con lo cual volvía a legalizar lo hecho durante el expolio de la época de la dictadura. Otra y no menor, que al aceptar las inscripciones de edificios históricos dificulta la gestión de Patrimonio Histórico de este país, así como aleja la posibilidad de hacer un inventario de todo lo que contienen dichos edificios. Con el peligro de su desaparición, como ocurrió en otras épocas.
En esa prórroga concedida por Aznar fueron cayendo en las manos de la que ahora es la mayor propietaria inmobiliaria de España, Iglesia SA, edificios del Patrimonio Histórico como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla y “aledaños”, la de Murcia, Santuario de la Fuensanta y alrededores...
La consecuencia es que de aquellos edificios susceptibles de hacerlo están sacando un rendimiento que escapa al control de Hacienda Pública, esa que cuentan que “somos todos”, al que estamos sometidos todos los mortales y el resto de empresas. Con el agravante de que luego es el Estado el que acude al rescate y la reparación de dichos bienes culturales.
La Catedral de Murcia fue declarada Bien de Interés Cultural por la República en junio de 1931. ¿Cuántas intervenciones ha tenido desde entonces para su mantenimiento?
Las últimas obras de conservación de la Catedral de Murcia que he encontrado se realizaron entre 2014-2016 por encargo de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
O lo que es lo mismo, pagamos todos y ellos recogen.
Porque con respecto al Patrimonio Histórico habría que distinguir, como se había hecho hasta 1998, el uso, que nadie discute, de la propiedad, porque nadie se opone al hecho de que la Iglesia Católica use los edificios que ha venido usando; lo que se denuncia es el abuso y la apropiación de edificios que aunque fueran promovidos por intereses religiosos fueron hechos con dinero y esfuerzo de todos en una época en que era imposible negarse a “contribuir” y que si han llegado a nuestros días también ha sido gracias a los impuestos de todos los españoles, católicos o no, que a través del Estado han sostenido su mantenimiento y conservación.
Una pregunta que alguien debería contestar es por qué nuestros vecinos franceses no cobran por visitar iglesias o catedrales.
Por último, en el Acuerdo de Gobierno PSOE y Unidas Podemos está escrito en el punto 5.11.- Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Cosa que sigue pendiente y que casa muy mal con la visita de Pedro Sánchez a la sede de la Conferencia episcopal española y su aceptación del punto de vista del presidente de los obispos de que solo admiten “unas mil inscripciones impropias”.
Seguiremos esperando que en este país haya una verdadera separación Iglesia-Estado para lo cual será imprescindible la denuncia de los Acuerdos del 1979 con el Vaticano y su nueva negociación para que España abandone la época de los Concordatos del siglo XIX realizados por estados confesionales y entre en la senda de los estados democráticos donde ninguna religión ni persona física o jurídica tenga preeminencia sobre los derechos de toda la ciudadanía.
La Asociación de Personas Jubiladas de STERM- La Intersindical está preparando para el próximo mes de junio en Murcia un encuentro de docentes, sindicalistas de los años 70, que en el año 1976 participaron en unas elecciones convocadas por el Ministro de Educación Carlos Robles Piquer, las primeras que se realizaron a nivel estatal y que, contra todo pronóstico, ganaron las Coordinadoras de maestros por delante del sindicato vertical del Servicio Estatal del Magisterio (SEM).
Con motivo de ese encuentro andamos pidiendo presupuestos de hoteles, restaurantes y distintas visitas a museos y atracciones turísticas.