En la revisión de la ecografía de la semana 12 de embarazo a T.G. le descubrieron una malformación grave del feto. “En la misma Arrixaca me dicen que es incompatible con la vida y que tengo que abortar”. Su sorpresa llega cuando se entera de que no puede abortar en este hospital público y la envían a una clínica privada en Murcia. “Tienes suerte porque hace unos años te tenías que ir a Alicante”, le dijeron en el hospital. La habitación de la clínica era “pequeña y oscura”. No podía estar acompañada y después de ponerse dos pastillas debajo de la lengua empezaron a llegar las contracciones y los vómitos. Ninguna enfermera entró a preguntarle cómo estaba. Mientras tanto, escuchaba a una adolescente de 14 años que no paraba de gritar en la habitación de al lado. “Me dolió más que los dos partos que he tenido y fue bastante traumático”, apunta T.G. Después de dos horas de dolor rompió la bolsa amniótica, llamó al timbre, la llevaron al quirófano, la durmieron y se despertó de nuevo en la habitación pequeña una hora después. Todo ese tiempo estuvo sola. Sólo pudo ver a de nuevo a su pareja cuando salió a la recepción de la clínica.
La historia de T.G. es una entre muchas, y no de las más dramáticas, porque hasta el momento el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha tenido un convenio firmado con las cinco clínicas privadas a las que deriva los abortos, de forma que no puede ejercer un control sobre éstas y los abusos que puedan cometer, tal y como ha denunciado, entre otros muchos aspectos, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.
Hay que recordar que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), como lo establece el artículo 19 de la ley 2/2010 “se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. En el Hospital de Virgen de la Arrixaca no se practican IVE por un tema de objeción de conciencia, a pesar de que entre los 140 ginecólogos del centro hay 31 que no se han declarado como tales.
Otro de los escándalos al respecto es el hecho denunciado por este periódico de que la mayoría de las mujeres de la Región que abortaron con menos de 12 semanas de embarazo en 2016 y 2017 tuvieron que abonar 100 euros por la sedación, puesto que el SMS no la financia.
Con el objetivo de solucionar esta situación de grave perjuicio para muchas mujeres que no encuentran la atención sanitaria que les corresponde, la gerencia del SMS ha hecho una propuesta para concertar este servicio de forma legal con las clínicas privadas que incluye un cálculo de cuatro millones de euros de coste para cuatro años. En la recién investidura del presidente popular Fernando López Miras, elegido con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, el portavoz parlamentario del partido de ultraderecha, Juan José Liarte, no tuvo nada más conveniente que decir que “en Murcia existe una industria del aborto que está subvencionada con cuatro millones de euros”.
El nuevo término inventado por Vox para Murcia –“industria del aborto”- viene a sumarse a otro que el partido de extrema derecha utiliza a menudo y que ha sido asumido con la mayor naturalidad por López Miras: “violencia intrafamiliar” que sustituye a la violencia machista o de género. La palabra machista no debe de existir en el vocabulario de Vox, a pesar de que seguramente se encontrará en el diccionario escolar de la lengua española homónimo, a “quienes les toca las narices” que exista un partido con el mismo nombre.
La sesión de investidura de López Miras también comenzó con un minuto de silencio por el niño presuntamente asesinado por su padre en Beniel. El hombre de 39 años con antecedentes por violencia machista que ha matado presuntamente a su hijo de 11, al que tenía que haber entregado a su madre antes de ayer, habría cometido otro delito de violencia machista. De confirmarse este caso la lista de niñas y niños asesinados por violencia de género ascendería a 29 menores desde 2013, año en el que comenzaron a contabilizarse oficialmente. No se llama “violencia intrafamiliar”, esa violencia no sucede dentro de la familia sin más.
Los colegiales -y no sólo- también tendrían que buscar en el tomo la palabra industria. El nuevo sintagma nominal que el partido de ultraderecha nos quiere colocar, “la industria del aborto”, además de ocultar el trauma y el dolor que sufren las mujeres de la Región que interrumpen su embarazo, también las hace parecer una mercancía que estuviera colocada en una cinta transportadora. Estamos hartas de tanta misoginia. Las palabras describen la realidad y lo que necesitamos son nuevas palabras, nuevos relatos que revelen las injusticias que sufrimos y no que las deformen o manipulen.
En la revisión de la ecografía de la semana 12 de embarazo a T.G. le descubrieron una malformación grave del feto. “En la misma Arrixaca me dicen que es incompatible con la vida y que tengo que abortar”. Su sorpresa llega cuando se entera de que no puede abortar en este hospital público y la envían a una clínica privada en Murcia. “Tienes suerte porque hace unos años te tenías que ir a Alicante”, le dijeron en el hospital. La habitación de la clínica era “pequeña y oscura”. No podía estar acompañada y después de ponerse dos pastillas debajo de la lengua empezaron a llegar las contracciones y los vómitos. Ninguna enfermera entró a preguntarle cómo estaba. Mientras tanto, escuchaba a una adolescente de 14 años que no paraba de gritar en la habitación de al lado. “Me dolió más que los dos partos que he tenido y fue bastante traumático”, apunta T.G. Después de dos horas de dolor rompió la bolsa amniótica, llamó al timbre, la llevaron al quirófano, la durmieron y se despertó de nuevo en la habitación pequeña una hora después. Todo ese tiempo estuvo sola. Sólo pudo ver a de nuevo a su pareja cuando salió a la recepción de la clínica.
La historia de T.G. es una entre muchas, y no de las más dramáticas, porque hasta el momento el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha tenido un convenio firmado con las cinco clínicas privadas a las que deriva los abortos, de forma que no puede ejercer un control sobre éstas y los abusos que puedan cometer, tal y como ha denunciado, entre otros muchos aspectos, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia.