Si observamos con atención algunas noticias que ponen en entredicho la acción política de los gobiernos regional o municipal (en el caso de Murcia) en torno a la cuestión social vemos que uno de los hábitos de estos gobiernos es responder con una cifra de los usuarios que han sido atendidos o se van a atender, o del dinero gastado o se van a gastar, y que sigamos sin ver que los datos ni la vida de las personas que sufren esos problemas sociales mejoren.
Así, en los últimos días hemos observado cómo el nuevo Gobierno de la nación ha anunciado que va a reorientar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia la vivienda pública y de alquiler o que va a promover un parque de 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años.
También hemos podido leer en los medios regionales cómo el coste del alquiler en la Región de Murcia ha aumentado un 8,5% en el último trimestre, -la subida más alta de todo el país-.
Ante estas noticias, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha dicho que 21.000 familias de la Región se beneficiarán de los 80 millones en ayudas del nuevo “Plan Regional de Vivienda 2018-2021”. Un plan cuyas medidas están primordialmente dirigidas a financiar al sector inmobiliario más que a hacer efectivo el derecho a la vivienda (PAH, 2018). Además, el Presidente se vanagloria de reglamentar la última reforma de la Ley de Vivienda Regional –reglamento que nadie ha visto y que lleva casi un año de retraso-, reforma de ley elaborada y aprobada por la oposición, y a la que el Partido Popular se opuso contundentemente recurriéndola ante Tribunal Constitucional.
Lo que evidencia esta política del espectáculo que nos habla de futuro es que el acceso a la vivienda digna para muchos vecinos y vecinas de la Región se presenta oscuro, y ello porque, aunque muchos analistas dicen que aún no estamos en una nueva burbuja inmobiliaria provocada por los progresivos aumentos de los precios del alquiler, de tanto decirlo, sabemos que la tenemos muy cerca.
Y los remedios y la prevención necesitan de voluntad política. En este caso, en la política de vivienda, también las entidades locales, los ayuntamientos, tienen mucho que decir y hacer.
En este sentido, si nos damos un paseo por algunos de los datos al respecto sobre el municipio de Murcia el escenario para los próximos años no augura un futuro tranquilo: el 30,7% de la población del municipio sufre riesgo de pobreza o exclusión social y el 11,4% ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda (EAPN, 2018); los desahucios por alquiler, han aumentado en el último trimestre un 38,2% (CGPJ, 2018); más de 600 personas sin hogar en la ciudad de Murcia (Observatorio Exclusión 2016); más 200 sistemas infravivienda extrema y crónica en Murcia, sobre todo familias (Habito, 2015); aumento 23% precio alquiler últimos 5 años (Apimur y COAPI, dic 2017); casi 30.000 viviendas vacías en el municipio de Murcia (SitMurcia, 2017); una media anual de alrededor de 1200 demandantes de vivienda social municipal (Servicio Vivienda Ayto Murcia).
La acción política municipal en materia de vivienda brilla por su ausencia. Si bien se presentó desde la oposición un Plan Municipal de Vivienda en Alquiler, no se ha ejecutado, y a toda vista, sólo los programas de alquiler no pueden abarcar las necesidades de vivienda que demanda gran parte de la población afectada.
Por otro lado, los programas que se están ejecutando desde el Ayuntamiento tienen un impacto mínimo sobre la población afectada. Así, sólo cinco propietarios de viviendas vacías se suman al programa municipal para alquilar sus casas, o sólo dos familias de chabolismo crónico han sido realojadas, de las más de 20 previstas desde 2015 con la provisión económica obtenida de Fondos Europeos.
En este sentido, la administración local tiene que tomarse en serio de una vez por todas las políticas de vivienda social en el municipio, y cambiar su concepción de que los problemas de vivienda sólo se pueden solucionar a través del mercado a una concepción como la que el Parlamento de la Unión Europea apuntaba a las entidades regionales y locales en 2013, a saber que “la vivienda social no debe considerarse un coste a recortar, sino una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio de un mayor bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la capacitación de las personas”.
Y es así que si Murcia es la séptima ciudad de España por número de habitantes, es la única de esas siete que no tiene en ejecución un Plan Municipal de Vivienda. Mientras en todos esos municipios se está poniendo suelo municipal para la provisión de vivienda social, en Murcia llevamos más de 10 años, desde el comienzo de la crisis, con sólo siete nuevas viviendas de promoción pública -vivienda social- construidas.
De hecho, el anuncio del Gobierno de España incide en que va a impulsar un parque de 20.000 viviendas públicas destinadas de forma indefinida al alquiler en aquellos municipios que tengan una “demanda acreditada”. Es por tanto urgente en Murcia, en vista de los datos, hacer un diagnóstico de vivienda y suelo, y la elaboración de un plan de vivienda municipal que facilite las diversas coordinaciones y colaboraciones institucionales y el acceso a las ayudas que se promuevan desde las diversas instancias supramunicipales.
Un plan municipal de vivienda para abordar los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda digna que ya se están vislumbrando en los servicios y organizaciones sociales y que afectan a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres solas con menores, familias de bajos ingresos, etc.
Y tiene que ser un plan ambicioso, que aproveche las ayudas regionales y estatales para la promoción de vivienda y/o alojamiento públicos en alquiler, en régimen de cooperativas de cesión de uso y otras fórmulas posibles; la puesta en el mercado de viviendas vacías; la compra de viviendas vacías para programas de alquiler social; programas de permutas de viviendas a familias con necesidades especiales; mantenimiento y rehabilitación del parque público; promover algunas de estas actuaciones en suelo municipal prestando especial atención a que se promuevan acciones de vivienda en los suelos procedentes de la cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, entre otras.
Es tiempo de comenzar a cambiar la práctica política municipal que prioriza supuestas ciudades inteligentes, cuando la inteligencia se convierte en un objetivo eufemístico si se olvida combatir la desigualdad y promover las condiciones básicas para ejercer nuestro derecho a la ciudad.
*Miguel Ángel Alzamora Domínguez es concejal del grupo municipal Ahora Murcia
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